Investidura: 4 ámbitos, 3 condiciones, 2 fases

El momento político que viven Catalunya y el Estado (a propósito de la investidura del presidente del gobierno español) es tan nuevo como inesperado y supone un reto para los principales actores que deben dirigirlo y gestionarlo. También para la sociedad civil del país. Las aritméticas parlamentarias sitúan a los partidos independentistas en el centro de gravedad de una negociación inédita que sería irracional negar o menospreciar. Existe una oportunidad de conseguir un buen acuerdo para el futuro político, social y cultural de Catalunya.

Después de considerar los principales elementos de la situación –que no es una negociación para la independencia del país, sino meramente la de una investidura–, les adelanto mi posición: es mejor establecer un “buen acuerdo” que ir a una repetición de las elecciones. Sin embargo, creo que es necesario evitar un acuerdo deficiente, un mal acuerdo, basado, por ejemplo, en la amnistía y el traspaso de Cercanías. En este caso, creo que es mejor optar por no apoyar la investidura del presidente del gobierno español e ir a elecciones.

¿Qué es un "buen acuerdo"? Dicho en términos generales, consiste en hacer que Catalunya dé un salto cualitativo y cuantitativo en términos de reconocimiento nacional y de un autogobierno que no rehuya el tema de una futura autodeterminación, y que podemos desglosar en cuatro ámbitos: 1) político, 2) económico y social, 3) simbólico y 4) lingüístico y cultural.

Este proceso implica dos fases, la previa a la investidura y la de los cuatro años potenciales del desarrollo de la legislatura. En la primera fase es necesario decidir el marco general y los principales contenidos temáticos de aquellos cuatro ámbitos. Esto implica establecer con la mayor precisión posible los principales temas a desarrollar en cada uno de los ámbitos. En este sentido, es necesario que los negociadores de la parte catalana cuenten con conocimientos técnicos solventes en el momento de establecer objetivos y métodos concretos, lo que no es difícil, ya que el país dispone de muy buenos técnicos de cada uno de los cuatro ámbitos, así como un conjunto de informes desarrollados en los últimos años en el campo de la investigación aplicada, que incluyen las experiencias de la política comparada de otras democracias liberales.

Este proceso también requiere que se den unas condiciones previas; este es el objetivo que supongo que impulsó el president Carles Puigdemont, creo que acertadamente, a establecer unas condiciones para la negociación política en su discurso del mes de septiembre. Tres de ellas son fundamentales. En primer lugar, la amnistía. No se puede negociar con alguien que sigue persiguiéndote y reprimiéndote. Una segunda condición es que se trate de una negociación en términos igualitarios, no jerárquicos, que reconozca la plena legitimidad del independentismo como una opción legítima y válida, no solo en la expresividad de sus objetivos, sino también en acciones prácticas para llevar a cabo su proyecto. Una tercera condición es la de un mediador, que no puede ser sino internacional, puesto que si no tendría intereses de parte. Y mejor si se trata de una personalidad (o varias) de alto nivel. La razón de esta tercera condición es la desconfianza que generan los incumplimientos de los acuerdos tomados con los gobiernos centrales españoles, cualquiera que sea el partido que gobierna. La práctica empírica de las últimas cuatro décadas muestra una buena serie de incumplimientos y una falta persistente de mantener la palabra dada.

Si finalmente el proceso de negociación va hacia adelante y se establece un “buen acuerdo” en los términos descritos, una pregunta relevante es: ¿iría a favor o en contra del objetivo de la independencia? Creo que se entienden algunas de las razones de los sectores que se inclinan por decir que iría en contra, en el sentido de que el acuerdo se movería en el marco político y legal actual. Sin embargo, esto no muestra en absoluto que este tipo de acuerdo, que todavía hoy resulta incierto en términos de facticidad, sea contrario a un proceso de independencia. Francamente, creo que la conclusión es la contraria. Se trataría de un acuerdo que andaría a favor: podría aumentar el bienestar de todos los ciudadanos de Catalunya, se progresaría en reconocimiento nacional, se podría recuperar presencia y agenda internacional (más allá del mediador), mejorar sustancialmente el déficit fiscal y la tradicional falta de inversiones e infraestructuras de los gobiernos centrales, aumentar la capacidad de decisión propia de las instituciones del país, reforzar la situación de la lengua catalana (que falta que le hace), etc. No veo demasiado racional estar en contra del establecimiento de un buen acuerdo que incida en este tipo de cuestiones, sobre todo cuando todavía no sabemos su contenido. Vale la pena intentarlo. E iría bien un máximo nivel de consenso interno en el país entre los negociadores políticos y entre estos y la sociedad civil.

Naturalmente, la consideración final sobre si se trata de un buen acuerdo o no será de los negociadores políticos. De ambos lados. Pero parece que no es irreal que se pueda conseguir un importante salto en los objetivos de progresar en términos de reconocimiento, bienestar, proyección e internacionalización del país. No se dan oportunidades como esta todos los días. Es necesario conseguir un buen acuerdo. O vamos a elecciones.