Marruecos se cobra la factura del Procés
El ex ministro de Exteriores español José Manuel García-Margallo admitió en una entrevista televisiva en marzo de 2017 que España había pedido muchos favores a diferentes países durante el Procés –la parte vivida hasta entonces– para que le ayudaran a combatir el independentismo catalán. Básicamente se trataba de impedir cualquier pronunciamiento favorable a la idea de un referéndum de autodeterminación o de apoyo a las tesis del gobierno catalán. Y, poco a poco, estos países que ayudaron a España empiezan a cobrarse las facturas.
El último ha sido Marruecos, que, en un comunicado de su ministerio de Exteriores en el que reprocha en España su posición respecto al Sáhara Occidental, recuerda a Madrid cómo en el año 2012 rebajaron, a petición del gobierno español, el rango de las autoridades que tenían que recibir a una delegación económica catalana (además de asegurarse de que el embajador en Rabat estuviera presente en todos los encuentros), y cómo en 2017 denegaron una petición de viaje de un "gran líder del separatismo catalán". España, pues, empieza a ver ahora el coste que tiene para sus relaciones diplomáticas toda aquella guerra sucia contra la acción exterior de la Generalitat que se desarrolló bajo los gobiernos del PP.
Y Marruecos, que ahora está inmerso en una ofensiva diplomática para obtener el reconocimiento internacional a la anexión del Sáhara Occidental, es especialista en hurgar en las contradicciones de España en beneficio propio. Por eso le dice que "no se puede combatir el separatismo en casa y fomentarlo en la del vecino". Y, a pesar de que el comunicado marroquí es un conjunto de tergiversaciones y manipulaciones, no deja de ser cierto que es una contradicción que se defienda un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental, que perteneció a España y cuyos ciudadanos disfrutaban de la nacionalidad española, y no se plantee esta opción para el caso catalán. En cambio, si España hubiera permitido un referéndum como hizo el Reino Unido con Escocia, ahora estaría en condiciones de poder exigir a Marruecos un trato similar para el pueblo saharaui.
Lo que es evidente es que países de carácter autoritario como Marruecos, o incluso Rusia en su relación con Europa, han visto en el caso catalán un punto débil del respeto a los derechos fundamentales en territorio europeo, y no dudan en utilizarlo y lo continuarán haciendo en el futuro. En este caso es un chantaje en toda regla que busca que España deje de dar cobertura al Polisario y acepte de una vez la soberanía marroquí sobre este territorio. La hipocresía de Rabat es de manual cuando afirma que ellos están a favor de la "integridad territorial" de España y continúan reclamando la devolución de Ceuta y Melilla y abriendo, cada vez que lo consideran oportuno, sus fronteras para que se produzcan llegadas masivas de migrantes a territorio español.
El presidente español, Pedro Sánchez, tiene que mantenerse firme en la defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y, a la vez, tiene que ser coherente y avanzar hacia una solución del conflicto catalán que pase por las urnas. Esta será la única manera para dejar de pagar las facturas de Margallo y los que han venido detrás.