Los móviles y el límite de las prohibiciones

¿Que si estoy de acuerdo con no dar móviles a los niños hasta los 16 años? En términos generales, sí, aunque la edad biológica no es necesariamente el factor más importante para valorar el impacto negativo del uso de estos aparatos. Además, las redes sociales tienen otros muchos puntos de entrada. La política de proporcionar ordenadores a todos los alumnos hace que el acceso a contenidos inadecuados sea general. Y, sobre todo, las prácticas adictivas se extienden a las demás pantallas de las que se dispone en casa, como las tabletas.

El lector se habrá dado cuenta de que mi acuerdo era al hecho de "no dar móviles" y no de "prohibir los móviles". Para mí es una distinción relevante. Mi reserva ante el "prohibir" no es general. Hice tarde a la generación del "prohibido prohibir" y creo que hay cosas que es necesario prohibir. Pero ahora hablo de esa prohibición en concreto. Y si tengo dudas sobre la bondad de la reciente propuesta del presidente español Pedro Sánchez no es por si responde a un hipotético valor político táctico, como si el anuncio se hubiera hecho astutamente para apartar la conversación política de unas circunstancias adversas y llevarla hacia un terreno socialmente sensible y que podría serle favorable. No me meto.

Mi reserva ante el anuncio tiene una razón, para mí, particularmente fuerte: ¿es el gobierno quien debe educar a nuestros hijos, en un asunto que es responsabilidad de la familia? Ahora, casualmente, la futura prohibición va de acuerdo a mis temores sobre los usos del móvil entre los más pequeños. La media de acceso al móvil es de 11 años, pero hay niños de 8 años que ya tienen. Y más de 9 de cada 10 adolescentes en primero y segundo de ESO, también. ¿No deberíamos hablar de una verdadera pandemia tecnológica?

Pero ahora ponemos que el gobierno que interviene en las responsabilidades paternas, para retirarlas o tutelarlas, es contrario a los principios en los que queremos educar a los hijos. Cosa, dicho sea de paso, que ya ocurre con frecuencia en ciertas formaciones escolares muy discutibles, cargadas generalmente de una ideología confusa y llena de prejuicios. Los padres las aceptan resignados para evitar confrontaciones, o porque no tienen una opinión clara o, sencillamente, por ignorancia de lo que se hace. La pregunta, pues, es: ¿qué ocurre si la intervención reguladora de un gobierno sobre asuntos que afectan a responsabilidades que son claramente de los padres —de hecho, son quienes compran y pagan los móviles, y quienes deberían controlar su uso— va en contra de sus criterios educativos? ¿Sabemos si la prohibición tiene un consenso bastante general?

Además, si un gobierno interviene en un terreno que es competencia de la familia, ¿no es muy posible que provoque una desresponsabilización —aún mayor— hacia su labor educativa? O peor, ¿qué pasará si los padres acaban convirtiéndose en cómplices de la vulneración de la norma? Recuerdo que hace años una maestra me explicaba que, pese a la prohibición de la escuela de llevar móviles a las colonias que organizaba en primaria, había padres que los escondían en el fondo de la mochila para asegurarse de que podrían mantener a escondidas el contacto con sus hijos. ¿Qué harán muchos padres en casa ante la presión de unos adolescentes desprovistos de una herramienta que hasta ahora les ha servido para afirmar una identidad, si desea subrogada en las redes, pero vivida como propia? ¿En qué lado se pondrán, en la del gobierno o en la del hijo? Y la sospecha no es gratuita: ¿alguien se ha preocupado por saber si la prohibición de dejar entrar móviles en el aula, en un marco más controlable, se está cumpliendo, o más de un profesor ha tirado la toalla, cansado de hacer de policía?

En este sentido, no sé si los asesores de Pedro Sánchez -esperamos que no fuera una mera ocurrencia personal- han medido bien las posibilidades reales de hacer efectiva la prohibición. ¿Será posible que el control no se realice sobre el usuario sino sobre la empresa global? ¿Se limitará sólo el acceso a determinados contenidos, o también a su uso en general o incluso se prohibirá su venta a los menores, como si fuera tabaco o alcohol? Sabemos que el mal uso del móvil es por el acceso a contenidos pornográficos ya los discursos de odio. Pero también por el uso adictivo de contenidos moralmente aceptables. Cinco, seis u ocho horas diarias —lo usual— afectan gravemente a las capacidades de concentración, el sueño, el oído y la vista... Por no hablar de las desigualdades que crean los precios elevados de estos aparatos y la carga que suponen para las economías más modestas.

No discuto la gravedad del problema. Pero no me convence una ley que quiere hacer de paraguas a la impotencia o dimisión educativa de los padres. Me convencería más una ley a favor del cumplimiento de las responsabilidades paternas y que, en todo caso, sancionara su desidia. En resumen: no tengo clara la efectividad de la prohibición y, sobre todo, temo las consecuencias no queridas que puedan derivarse.