El Estado no considera el independentismo una ideología legítima
BarcelonaLa respuesta del ministerio del Interior a un contencioso administrativo presentado por Òmnium Cultural ante la Audiencia Nacional a raíz de la información de que la Policía Nacional había infiltrado a un agente durante años en el movimiento independentista (y también en el de defensa de la vivienda) no deja lugar a dudas: el Estado no considera el independentismo una ideología legítima, sino un movimiento subversivo que se tiene que vigilar de cerca, aunque esto suponga la violación de derechos fundamentales de personas concretas y atente contra el principio de pluralismo político que caracteriza las democracias liberales. El documento policial tilda las infiltraciones de "legítimas, idóneas y oportunas", y las enmarca dentro de la lucha contra el terrorismo, puesto que se trata "de extremismos excluyentes que pueden derivar en violencia".
Resulta extremadamente inquietante que la policía destine recursos y medios a infiltrarse o captar informadores en organizaciones, por ejemplo el Jovent Republicà (las juventudes de ERC), que son perfectamente legales y que nunca han estado relacionadas con una actividad violenta ni delictiva. Y que además se haga bajo el paraguas de la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo. El terrorismo, por desgracia, es una cosa muy seria y el movimiento independentista catalán ya hace décadas que renunció a cualquier vía que no fuera la pacífica y la democrática. ¿Por qué entonces la policía sigue tratando a las organizaciones de la izquierda independentista como terroristas en potencia? Pues porque para ellos lo más importante no es la manera como estas organizaciones conducen su lucha política, sino la ideología en sí, que consideran una amenaza para el Estado. Todo el mundo entiende que los Estados se tienen que poder defender, pero hay un límite, que son los derechos fundamentales de los ciudadanos recogidos en la Constitución. Justamente son las democracias iliberales las que se caracterizan por no respetar estos derechos y camuflar bajo la etiqueta de la lucha contra el terrorismo lo que realmente es persecución de la disidencia política.
La prueba de que aquí hay algo más que una cuestión de seguridad es que se usa una vara de medir diferente que con otras organizaciones. Cuando se las acusa, por ejemplo, de avivar la participación en "manifestaciones ilegales", habría que preguntarse si la policía también se infiltra en sindicatos como la UGT o CCOO, que en algunas ocasiones también han usado técnicas de resistencia activa o pasiva en sus protestas. ¿Cuál es la diferencia? Que en un caso hay una ideología política concreta, el independentismo, y en la otra no.
Como ya pasó con el caso Pegasus, el Gobierno español no acaba de resolver la contradicción que supone espiar el independentismo y a la vez pactar en el Congreso de Diputados. Cuando se habla de "desjudicializar" el conflicto también se tendría que añadir que hay que dejarlo de considerar un tema policial o delincuencial. Si alguien comete un delito, deben perseguirlo, pero considerar potenciales delincuentes a ciudadanos que profesan una determinada ideología no es propio de una democracia, sino de otro tipo de regímenes.