No critiquéis a las togas
Es objetivamente desagradable que los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que llevan cinco años ocupando de forma irregular unos cargos con el mandato caducado, se permitan regañar las voces que los critican, pero eso es exactamente lo que hemos vuelto a ver este lunes. Reunidos en sesión extraordinaria, los veinte vocales del CGPJ se pusieron de acuerdo para emitir una declaración institucional que, al tener que ser aprobada por unanimidad, sostienen que fue “de mínimos”. Da miedo imaginar qué deben entender esta gente por un texto subido de tono.
De hecho, fueron los vocales conservadores quienes forzaron la convocatoria de la sesión y el redactado de la declaración, y esta gente nunca se pone por nada que sea de mínimos. El único punto de preocupación eran las críticas que reciben ciertos magistrados por parte de algunos diputados del Congreso, que consideran "inaceptables". Ya hace dos veces que el presidente en funciones, Vicente Guilarte, tiene la gentileza de materializarse frente a los medios y dejar caer cansadamente una frase, “déjennos en paz”, que suena a medio camino entre la súplica y la amenaza.
En particular, esta vez la alerta al CGPJ se había disparado por los reproches de Míriam Nogueras, de Junts, y Gerardo Pisarello, de Cataluña en Comú/Sumar, a los jueces Manuel García-Castellón y Javier Aguirre, que se han distinguido por sus actitudes, estas sí inaceptables, en las causas que instruyen contra Carles Puigdemont, Marta Rovira y otros políticos independentistas. No haremos aquí el resumen porque García-Castellón lleva semanas entrando en erupción, y Aguirre se hizo notar estrepitosamente la semana pasada, revelando información de una causa en curso, instruida por él mismo, en una entrevista en una televisión alemana . Además de las irregularidades procedimentales, es más que descarada la intención política de estos jueces, que persiguen el doble objetivo de criminalizar al independentismo y derribar al gobierno de España.
Sin embargo los señores y señoras del CGPJ consideran que el hecho de que los diputados mencionados denuncien el comportamiento prevaricador de estos jueces constituye una injerencia del poder legislativo en la independencia del judicial, que no es tolerable ni siquiera en razón a la inviolabilidad parlamentaria de los diputados (que, como gran concesión, reconocen). Temen que criticar a jueces estrafalarios como Aguirre o García-Castellón pueda “minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial”, en una lamida de paternalismo que deja clara, al menos, qué consideración tienen sus señorías por la ciudadanía y por el lugar que le corresponde dentro del estado de derecho. Tal vez deberían plantearse si lo que corroe la confianza del pueblo ignorante en el sistema judicial no son los jueces corruptos, elegidos para ayudar al PP a controlar "por detrás" la sala segunda del Supremo. Al fin y al cabo, éste es el motivo por el que ellos llevan ya más de cinco años ocupando sus caducadas poltronas y vulnerando así, frontalmente, la Constitución.