Las nuevas desigualdades en salud
Anticipándome al previsible final del sistema de protección sanitaria de funcionarios Muface tal y como lo hemos conocido, marcado por la libre elección entre seguro privado y seguro general propio de la seguridad social (hoy CatSalut, en nuestro país), quisiera identificar el emergencia de un nuevo problema que afecta a las desigualdades en salud. Se trata de un hecho ya observado, pero que la salida de funcionarios del régimen Muface hacia el seguro público puede agravar en gran medida.
En efecto, es sabido que por diferentes razones (carencias en el funcionamiento del sistema público, mayor disposición a pagar por curaciones de salud en sociedades más desarrolladas) se ha ido extendiendo en nuestro país la cobertura privada, complementaria de la pública a la que todos tenemos derecho como ciudadanos. Las pólizas complementarias cubren ya casi el 40% de la ciudadanía, y con la salida de funcionarios del régimen privado es probable que este porcentaje se vea ampliado. De hecho, hace ya tiempo avancé que el hecho de que cada vez menos aseguradoras privadas aceptaran realizar convenios bajo financiación pública de sus prestaciones, sustitutivas de las generales, era un síntoma. Y podría deberse a que hubieran descubierto que era mejor negocio la complementariedad, ofrecer lo que no ofrece el CatSalut según el estándar deseado por la población, más que las pólizas por encima de la prima pública que, de lo contrario, podían ofrecer a los sus beneficiarios las aseguradoras que firmaban convenio. Tanto es así que incluso una subida significativa ahora de la prima pagada por la mutualidad pública no ha evitado su definitiva migración del convenio.
Una población, por tanto, acostumbrada a la utilización privada de las prestaciones cubiertas pública y mutualmente, con coste cero para sus bolsillos, ya está empezando a recibir invitaciones a suscribir nuevas pólizas independientes de las públicas. Se trata de coberturas parciales de aquellas cosas mayormente de valoración subjetiva (evitar colas de ambulatorio, recibir servicios de preferencia o de inmediatez ante las angustias derivadas de estar en listas de espera) y que para las aseguradoras tienen márgenes de mayor rentabilidad que los tratamientos más costosos, medicamentos incluidos, con cargo a la asistencia pública.
De este modo, un hecho ciertamente incipiente puede resultar prevalente: ciudadanos que llevan pruebas de diagnóstico hechas desde la privada, saltándose las listas de espera públicas correspondientes (de la primaria al especialista, y de éste en la prueba diagnóstica), para posicionarse a la espera de tratamiento, ahora sí, desde la asistencia pública.
Dos temas surgen de esta nueva situación que tienen cierta importancia. Hasta qué punto, primero, un paciente puede exigir que todas las pruebas realizadas fuera de la asistencia pública sean incorporadas (datadas, escaneadas) por el médico de la primaria y entradas en Mi Salud. Segundo, como, desde un punto de vista ético, debe valorarse el saltarse la lista de espera para diagnóstico (a menudo la más angustiosa) para entrar en la de tratamiento. Efectivamente, se puede alegar que la utilización del dispositivo privado previo al tratamiento público ha aligerado el propio problema de acceso a la asistencia pública ya los tests diagnósticos, liberando así lista de espera pública. Un argumento similar a aquel que se siente cuando se habla de introducir deducciones fiscales por el gasto sanitario privado, debido aliberar gasto público. Sobre estas cuestiones estaría bien un pronunciamiento por parte de los comités de ética del país.
He criticado a menudo que la fijación en los copagos, que no dejan de ser tasas reguladas que pagan los usuarios –como ocurre en las universidades– para una mejor financiación pública haya descuidado otros elementos más sustantivos de las desigualdades sociales; aparenta buscar las llaves bajo la farola, a pesar de haberlas perdido en otra parte. También he remarcado la indecisión sobre qué debe hacer el sistema público con aquellas prestaciones que son efectivas pero inasumibles, por su elevado coste, por los presupuestos públicos en cada coyuntura financiera; quedando fuera de catálogo, suponen un copago del cien por cien para acceso sólo de quien pueda asumirlo.
La falta de debate sobre estos temas puede llevar a una erosión desordenada del sistema sanitario, carente de financiación y en la que las partes buscan salvarse, cada uno por su cuenta, renunciando a cuestiones básicas de una mayor cohesión social.