Un pacto educativo que llegue a las aulas
Que el presidente de la Generalitat quiera hacer de la educación una prioridad de país es una buena noticia. También lo es que ponga sobre la mesa el objetivo de llegar al 6% del PIB en educación. Después de un inicio de curso marcado por la huelga y el desastre de las pruebas PISA, es algo bueno que el Gobierno se haga el propósito de levantar la mirada y encender las luces largas. El presidente quiere generar consenso en el debate para pasar a la acción, empezará haciendo una ronda con los partidos y encarga al Consejo de Educación que sea el instrumento del debate. Estas son, de momento, las concreciones de la propuesta.Hace demasiado tiempo que se alzan voces para reclamar más recursos y alertar de la crisis del sistema educativo, pero las soluciones que se proponen apuntan en direcciones diversas. Con intereses y visiones diferentes, ¿quién marcará el rumbo del debate? El presidente del Consejo de Educación, entrevistado en este diario, reconoce la dificultad de llegar a consensos y señala que generar un nuevo clima de debate sereno y de confianza ya sería, en sí mismo, un primer avance.No parece, sin embargo, un hito fácil. Se anuncian nuevas movilizaciones, y lo primero que se ha pedido al gobierno es un calendario, recursos presupuestarios y medidas concretas. ¿De dónde sacarán el dinero, cómo y cuándo se invertirá? Porque la cifra del 6% es muy importante, pero no es ninguna política educativa. El dinero puede hacer posibles cambios, pero no decide por sí solo qué cambio queremos hacer. La confianza no se pide, se construye. Y se construye cuando una promesa tiene calendario, una inversión tiene una finalidad y una reforma llega a los centros. Cuando los profesionales pueden ver que aquello que se decide en las instituciones acaba cambiando, aunque sea gradualmente, su trabajo y las oportunidades de aprendizaje de los alumnos. Quizás el gran debate educativo no debería reabrir las viejas trincheras: competencias o contenidos, innovación o tradición, equidad o excelencia, pública o concertada, pantallas o libros. En las aulas, estas disyuntivas no existen con esta simplicidad. La realidad es más compleja y pide menos trincheras y más capacidad para avanzar juntos. Miquel Puig advertía, en estas mismas páginas, del riesgo de que un nuevo debate de país acabe convirtiéndose en una nueva ronda de consensos mientras las decisiones difíciles siguen esperando. Cataluña no necesita volver a empezar un debate porque no partimos de cero. Tenemos una ley y tenemos investigación, universidades, escuelas que han acumulado experiencia, redes de profesionales, equipos directivos que han aprendido a gestionar la complejidad y muchas prácticas que sabemos que aportan valor. Se han hecho anteriores debates participados, tenemos magníficas ponencias escritas, que han quedado en papel mojado. Programas que han pasado a la historia y que fueron pioneros en su día.
El problema no es solo saber qué hay que hacer, sino conseguir que realmente se haga. Entre aquello que se escribe en una norma y aquello que acaba pasando en un aula hay una distancia enorme. Las políticas educativas no transforman la realidad solo porque estén bien diseñadas: necesitan ser lideradas, capacidad de implementación, coherencia, seguimiento, participación de los profesionales y continuidad. ¿Tenemos esta capacidad? ¿Qué haremos, más allá del 6%, de la LEC –pionera en su momento y fruto de un amplio acuerdo de país– que todavía no hemos sido capaces de desplegar?Es una paradoja educativa que conocemos bien. Podemos tener un nuevo currículo sin que cambie lo suficiente la manera de enseñar. Una política de inclusión que deja a los docentes solos ante la complejidad. Un plan de formación docente sin tiempo suficiente para aprender los unos de los otros. Una política de liderazgo que pida a los equipos directivos que hagan cambios sin darles ni tiempo, ni recursos, ni capacidad para liderarlos. Podemos hablar de autonomía de centro en un sistema centralizado y burocrático que no deja que puedan ejercerla. El gran reto no es anunciar más reformas sino conseguir que las reformas lleguen a las escuelas.Cataluña no puede permitirse que el pacto educativo sea una oportunidad perdida. No solo por la urgencia de mejorar la educación, sino porque la crisis educativa va de la mano de una crisis de país y de confianza en la política.El reto no es volver a escribir qué hay que hacer, sino conseguir que aquello que acordemos pase. Que los acuerdos y el consenso parlamentario puedan ir más allá de una legislatura, porque en educación los cambios necesitan tiempo. Esto exige compromiso y responsabilidad de todos los actores, pero también confianza en los docentes y las escuelas: darles tiempo, recursos y capacitación para hacer posible el cambio.Necesitamos un pacto con prioridades claras, recursos, responsabilidades y continuidad. Porque una reforma educativa no se demuestra en un documento ni se decide en un despacho. Se pone a prueba un lunes por la mañana, cuando se abre la puerta de un aula. Es allí donde sabremos si realmente hemos cambiado algo.