¿Cuánto pagamos a los que nos cuidan?

Estos días se ha hecho público un avance significativo para la equiparación salarial del sector de la acción social con los trabajadores públicos que quiere resolver una desigualdad crónica: según datos del departamento de Derechos Sociales e Inclusión, actualmente el sector social se encuentra retributivamente un 37% por debajo de la media de los sueldos públicos. En la presentación de la medida, el presidente Illa la anunciaba como una manera de “cuidar a los que nos cuidan”.Hace tiempo que las entidades sociales padecemos esta injusticia que imposibilita captar y mantener el talento en el sector de los cuidados. Las personas trabajadoras interesadas o bien no se deciden a elegir estas profesiones, que a menudo implican fuertes cargas emocionales y físicas, o bien, cuando están, acaban marchándose a sectores mejor remunerados. Una situación que reduce drásticamente la vinculación y el reconocimiento social de estas profesiones, tan necesarias para la justicia y la cohesión social, para la atención a la dependencia y, en definitiva, para ofrecer oportunidades a las personas. La Generalitat se ha comprometido a aportar anualmente unos 150 millones de euros, hasta un total de 600 millones, para recortar en cuatro años esta brecha laboral. Es, sin duda, una política valiente y decidida encaminada a revertir una situación que lastra la calidad del acompañamiento a las personas. Nunca se había hecho una aportación tan notable. Pero más allá de las buenas intenciones, este compromiso no deja de ser todavía un primer paso, que necesita afinar muchos aspectos. De entrada, la medida no llegará a todo el sector social. En el caso de la Fundació Pere Tarrés, por ejemplo, solo un 3% de los más de 200 trabajadores y trabajadoras del convenio de acción social se verán beneficiados por esta equiparación.Y es que el nuevo modelo salarial no se extenderá automáticamente a todas las administraciones e instrumentos jurídicos que intervienen en el complejo sistema de servicios sociales. Algunos de estos servicios licitados o concertados dependen de los municipios y de los consejos comarcales, que a través del llamado contrato programa pueden ver incrementado su financiación, pero después hay que repercutir efectivamente las mejoras en las entidades y proveedores que acaban prestando los servicios. La legislación actual y la complejidad de las relaciones administrativas tampoco facilitarán la aplicación universal del modelo. A veces los servicios se prestan vía concursos que se rigen por una ley de contratación pública que no permite revisar los precios a pesar de que el convenio laboral de aplicación entre la entidad social que presta el servicio y los representantes de los trabajadores lo exija. Un auténtico despropósito que condena a mantener estas condiciones a lo largo de la vigencia entera del concurso, e incluso a alargarlas en posteriores prórrogas obligatorias. A esto hay que añadir que algunos servicios se prestan a través de subvenciones de la misma Generalitat, que prevén unos límites económicos fijados en las convocatorias según parámetros ya obsoletos que tampoco se han modificado. Y si no crecen estas ayudas difícilmente se podrán equiparar tampoco los salarios en el caso de aquellas actividades impulsadas por iniciativa directa de las entidades.Finalmente, la mejora anunciada afectará únicamente a servicios especializados del ámbito de la consejería de Derechos Sociales, pero, en cambio, otros departamentos de la Generalitat, como los de Trabajo, Justicia e Igualdad y Feminismo, que también regulan y financian proyectos que atañen al sector social, no se verán beneficiados. Para que la equiparación salarial que se plantea sea real y completa, sería necesaria una acción conjunta de todo el Gobierno y en todas las direcciones. En síntesis, esta aplicación no uniforme de la medida generará más tensión en la negociación colectiva, que necesariamente ha de ir al alza, y situará los servicios que prestan las entidades con márgenes tan reducidos que no permitirán pagar el total de los gastos, o directamente con pérdidas.La iniciativa legislativa sobre los instrumentos de provisión de los servicios sociales que se espera que el Parlamento apruebe antes de acabar el año podría corregir algunas de estas ineficiencias, siempre que prevea la adaptación de los servicios a los costes reales. También es urgente la modificación de la ley de contratos para revisar y actualizar los precios y dejar de estrangular a las entidades proveedoras de servicios a las personas. Solo una regulación justa y bien financiada permitirá dar calidad a los servicios sociales y prestigiar de una vez por todas a las personas que hacen de su vocación su profesión. Solo una política moderna, que tenga en cuenta las necesidades actuales del sector social, que reduzca la burocracia y las ineficiencias administrativas y que aplique una visión transversal y multidepartamental, responderá realmente a esta loable intención expresada por el presidente de cuidar de los que nos cuidan. De todos y todas, sin dejar a nadie atrás.