Pegasus para todos
El 12 de diciembre de 2024, después de una intensa campaña que sostuvo la sociedad civil europea, logramos bloquear el proyecto de reglamento europeo de monitorización automatizado de las conversaciones íntimas de la ciudadanía europea, conocido como Chat Control. Se logró una coalición de gobiernos que impidió alcanzar una mayoría cualificada. España no era uno, puesto que desde el principio se significó con una de las posiciones más extremas a favor. Un documento que se filtró en el 2023 sacó a la luz las siguientes declaraciones del ministerio del Interior: "Idealmente, en nuestra opinión, sería deseable prevenir legislativamente que los proveedores de servicios con sede en la UE implementen cifrado de extremo a extremo. […] La detección automática de contenido en las comunicaciones interpersonales es clave".
Lejos de querer evitar otro caso Pegasus, ahora estamos ante un Pegasus para todos.
La presidencia danesa de la UE ha impulsado en los últimos tiempos el retorno de esta pesadilla, con una versión todavía más radical y contraviniendo el mandato del Parlamento Europeo.
Esta propuesta incluye el escaneo masivo y obligatorio de las comunicaciones privadas y pretende romper el cifrado seguro obligando a introducir el escaneo del cliente dentro de tus aplicaciones de mensajería. Y, atención: las cuentas gubernamentales y militares quedarían exentas de ese escaneo intrusivo. Privacidad para los poderosos, vigilancia masiva para la ciudadanía. El propósito de esa regulación no podría ser más claro. Incluso un memorando filtrado del gobierno alemán confirma que el Servicio Jurídico del Consell considera que este plan, al igual que el intento de 2024, sigue vulnerando los derechos fundamentales.
Chat Control es el nombre con el que popularmente se conoce el reglamento por el que se establecen normas para prevenir y combatir el abuso sexual de menores (Regulation to Prevent and Combat Child Sexual Abuse, Child Sexual Abuse Regulation).
Contrariamente a lo que indica su título, no hay ni una sola línea en esta legislación sobre cómo prevenir y combatir el abuso sexual de menores. Ni una palabra. No es una ley contra el abuso sexual de menores que perjudica a internet. Es sólo una ley contra internet, que olvida el abuso sexual de menores y sólo lo utiliza para justificar su propaganda contra un internet democrático.
Los abusos a menores son horribles. Es una vergüenza desperdiciar esfuerzos utilizándolos como simple excusa para otros fines. La brutal influencia de los lobis conservadores, tecnófobos y con una visión de internet como un espacio que deben controlar y que debe estar monopolizado sólo por grandes actores dominantes es evidente.
Lo que se busca y se conseguiría si se aprueba Chat Control recuerda las épocas más oscuras de la historia, además de exudar incompetencia. Establece la vigilancia masiva y anula la inviolabilidad de las comunicaciones. Propone una tecnología que es en sí misma una brecha de seguridad. Ataca los sistemas distribuidos y las pymes y start-ups tecnológicas en favor de los monopolios. Es lo contrario a una solución.
En cuanto a los abusos sexuales a menores, estadísticas como las delOMS indican que la mayoría son cometidos por personas conocidas por el niño, como familiares, amigos o vecinos. Una regulación que atacara de verdad los abusos sexuales a menores y el material generado por los abusadores sería realmente urgente y trataría de dotar de medios, herramientas y marco legal al profesorado, pediatras, psicopedagogos, trabajadores sociales, policías especializados y otros profesionales de primera línea para identificar y actuar en este tipo de casos.
No hay nada de esto en Chat Control. Que esta pesadilla llegue bajo la apariencia de "proteger a la infancia" –un argumento utilizado por dictaduras de todo el mundo– es indignante.
Conocer esta información es importante. Justamente este viernes quedó fijada de nuevo la posición de los países miembros de la UE. Los que la rechazaron fueron Austria, Bélgica, República Checa, Finlandia, Países Bajos, Polonia, Luxemburgo, Eslovaquia y, en el último momento, Alemania, cosa que volvió a detener el proyecto. España, pese a los esfuerzos de la sociedad civil, no es uno de ellos. Quizás envidia a Rusia, donde ya utilizan Max, una app de estado instalada en los dispositivos de todo el mundo que controla, por ejemplo, que nadie busque "LGTB" en internet.