Peinado contra la policía

El “quien pueda que haga” de Aznar ha sido tomado tan a pecho dentro de la derecha nacionalista española que se está produciendo una verdadera competición entre guardianes de las esencias patrias para ver quién da el golpe más fuerte, y si puede ser definitivo, a la dictadura comunista de Pedro Sánchez, cómplice de etarras vascos y de golpistas catalanes. El juez Peinado, en particular, parece sentirse llamado a la alta misión de asestar un golpe mortal al sanchismo pérfido antes de que llegue (en septiembre) su propia jubilación. Como es público y notorio, la vía que ha encontrado para hacerlo es un clásico del fascismo y las mafias: atacar a los familiares y a las personas más cercanas al enemigo, difamarlos, humillarlos. Misión cumplida: la instrucción del juez Peinado contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, es tan extravagante, irresponsable e impresentable como se quiera, pero ella ya no podrá evitar, por años que viva, que cuando su nombre sea mencionado alguien la asocie (quiera asociarla) con la corrupción.De tanto celo que ponen no solo incurren en un golpe de Estado, no tan soft como a veces se dice, que se perpetra desde las instituciones mismas del Estado, sino que también llegan a pisotearse entre ellos, y esto es más insólito y más irónico. Peinado, en concreto, ha conseguido enfadar a los sindicatos policiales, por haberle retirado el pasaporte a Begoña Gómez con la sospecha de que los escoltas podrían ayudarla a huir. ¡La Policía Nacional, cómplice del sanchismo! ¿Adónde vamos a parar? Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han hecho horas extras para salvar a España de todo fumanxú que pudiera poner en peligro su unidad sagrada porque ahora se les señale como posibles cómplices de una eventual fuga de Begoña Gómez, una de las protagonistas de los memes machistas más casposos que corren por los grupos de WhatsApp patrióticos. Los principales sindicatos policiales, Jupol y SUP, no se lo pueden creer y el ministro Marlaska ha pedido explicaciones. Es decir, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que actuara, y el CGPJ ha expedientado a Peinado, aunque sea con una pronunciada división interna. Está bien, pero habría sido mejor que hubieran dilucidado si Peinado incurre en prevaricación, como dice el exmagistrado del Supremo Martín Pallín. O aún mejor, si la judicialización de la política no es un grave problema para el Estado de derecho. El sentido arácnido, sin embargo, nos avisa de que el corporativismo prevalecerá y que estos debates sobre la magistratura no se producirán, al menos públicamente. Lo resumió bastante bien un destacado miembro de la cúpula judicial: que nos dejen en paz.La derecha española ha llegado a encenderse de tal manera que, por salvar España, no le importa cargársela. “No pasa nada. Cuando nosotros volvamos al poder que nos usurparon ya arreglaremos la rotura”, se dicen. El problema es que el estado de derecho no se rompe y repara a voluntad. Mientras tanto, la amnistía –otro escándalo de una magistratura que se niega a aplicar la ley vigente– acecha en el horizonte del final de legislatura.