El PP dicta ahora penas de prisión

Que el Partido Popular tiene una concepción patrimonialista de la justicia (de las instituciones en general, pero de la justicia en particular: recordemos a Ignacio Cosidó en su etapa como senador, presumiendo que el partido controlaba –es solo un ejemplo– la sala segunda del Supremo “por la puerta de atrás”) es un hecho sabido. Esta semana, sin embargo, el PP ha dado, en su condición de acusación popular, un paso en este camino inédito hasta ahora: dictar cuál debe ser la pena de prisión que le corresponde a un acusado por un juicio en curso. Y acusar a la Fiscalía de estar “sometida al gobierno” cuando se niega a cumplir su dictado.Es lo que ha pasado con el empresario (aceptamos empresario como eufemismo) Víctor de Aldama. El PP hizo saber a la ciudadanía que considera que la pena adecuada para este personaje serían cinco años de prisión, una condena que le permitiría precisamente eludir el ingreso en una institución penitenciaria esgrimiendo un par de tecnicismos (tecnicismos, y perdón por la broma). La Fiscalía contestó de inmediato que no, que pide siete, de años, como ya había establecido en su escrito. La réplica del PP, en boca de Feijóo en persona, es que la Fiscalía ha tirado así por tierra el derecho de toda persona que colabora con la justicia a obtener beneficios penales a cambio de esa colaboración.La “colaboración” del tal Aldama con la justicia ha consistido hasta ahora en plantarse ante los jueces y encender durante siete horas un ventilador que esparcía mentiras, fabulaciones, medias verdades y algún hecho cierto, todo mezclado de cualquier manera, con un tufillo de relato de parte y prefabricado que tira de espaldas, y verbalizado con un lenguaje impresentable y tabernero. Que sea Feijóo (y no alguien de rango inferior dentro del partido) quien salga en su defensa quiere decir que Aldama es un vip, una pieza considerada clave dentro de la estrategia que tiene diseñada el PP para acosar y tumbar al odiado Pedro Sánchez, y con él su gobierno. Aldama, recordemos, es un acusado en un juicio en curso: que desde un partido político se llegue al extremo de indicar cuál ha de ser la pena que se le puede imponer es un intento grave de interferir la justicia.Debemos suponer que no viene de aquí: en el caso en que está acusado Aldama, el exministro y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos se enfrenta a una petición de 24 años de prisión por unos delitos muy parecidos a los que cometió la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que no tan solo no ha ido a prisión sino que hizo caer al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y recibió una indemnización de diez mil euros por los perjuicios causados a su honor. Las conclusiones salen solas, y los socialistas no tienen derecho a lamentarse mucho, porque la práctica de la guerra sucia judicial viene de muy atrás y el PSOE hizo muy poco para impedirla.Sea como sea, que un partido se atreva a decir cuáles han de ser las penas que se han de sentenciar en un proceso judicial todavía abierto, aunque sea como acusación popular, es algo más que preocupante. Si este es un partido que se dice de gobierno (y lo es), las maneras de su gobierno futurible solo podrán ser autoritarias.