Medidas para la sostenibilidad de las pensiones

Las pensiones son una de las conquistas más destacadas del estado del bienestar que hay que preservar. La reducción de la natalidad y el envejecimiento de la población con el alargamiento de la esperanza de vida –es decir, del tiempo durante el cual se tiene derecho a una prestación– han incrementado los últimos años el número de beneficiarios a un ritmo superior al de cotizantes. El principio esencial del sistema de reparto es la solidaridad intergeneracional: es decir, las personas en activo financian las prestaciones de las que se han retirado.

Hace tiempo que los gobiernos han ido tomando medidas para que el sistema sea sostenible. Una de estas fue retrasar la edad oficial de jubilación de manera progresiva hasta los 67 años. Actualmente es a los 66 años y 10 meses, excepto para carreras largas de cotización de más de 38 años y 3 meses, que pueden acceder con 65 años con el 100% de la pensión a la que tienen derecho.

Al margen de las iniciativas de carácter estructural, se pusieron en marcha otras dentro de las estrategias que fomentan el retraso voluntario de la edad de retirada del mercado laboral y que flexibilizan la transición del mercado laboral a la inactividad. Esto supone que se percibe una parte de la pensión pero al mismo tiempo también se continúa contribuyendo a la caja común, con lo que se paliará una parte del déficit de aportaciones de la población en activo.

Es la llamada jubilación activa, que parece una contradictio in terminis, ya que mezcla una etapa ligada a la inactividad con la actividad, pero en resumen consiste en compatibilizar el hecho de recibir una parte de pensión con la continuidad en el mercado laboral y, por tanto, contribuyendo a través de las cotizaciones, lo que supone un alivio para la Seguridad Social. A través de un real decreto, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha ampliado el alcance de esta fórmula: por una parte incluye a los autónomos, y por la otra modifica la proporción de tiempo que se puede dedicar al trabajo.

Según la ministra de Seguridad y Migraciones, Elma Saiz, el objetivo de esta medida es facilitar que las personas que están jubiladas puedan volver a trabajar sin perder la pensión, con la idea de contribuir a un "envejecimiento activo". Y ha añadido que se quiere que los trabajadores "tengan más y mejores opciones a la hora de jubilarse o compatibilizar el trabajo y la pensión".

Una de las novedades de la norma, que está previsto que entre en vigor dentro de tres meses, consiste en modificar la proporción de tiempo que el pensionista podrá computar el trabajo y la pensión: será de entre el 33% y el 80% de la jornada, y hasta ahora era de entre el 25% y el 75%. La cuantía de la pensión se reducirá "en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo". Además, se incorporan incentivos para hacerla más atractiva. Es, en definitiva, una solución más para la sostenibilidad del sistema, siempre teniendo en cuenta que es una fórmula voluntaria.