Proletarios o propietarios

"Solo hay una excusa para la ingratitud, pero es buena: la humillación que se siente por haberse visto obligado a aceptar ayuda" (Louis Dumur)

Mi artículo anterior partía de la idea de que lo que hace más intratable el problema de la vivienda es que se procura desvincularlo de su causa principal, que no es sino la inmigración. La integración de la inmigración, por otra parte, es el principal problema que tenemos planteado a largo plazo, y está íntimamente vinculado a la solución que demos a su acceso a la vivienda.

Simplificadamente, tenemos dos modelos: que se conviertan en propietarios o que se mantengan como inquilinos, preferiblemente de una vivienda social.

La España franquista eligió el primer modelo, de modo que los protagonistas de la gran oleada migratoria de entre 1950 y 1975 acabaron comprando una vivienda. La compraron porque querían y porque podían: si uno se sumerge en La Vanguardia de los primeros años 1970 –cuando aquel diario era el Idealista y el Infojobs de la época– podrá encontrar miles de ofertas de vivienda y de puestos de trabajo. Las cifras están en pesetas, que, cuando se refieren a viviendas, parecen haberse convertido en euros (una vivienda en St. Boi por 435.000 ptas., una en República Argentina por 775.000...), mientras que cuando se refieren a salarios parecen haberse convertido en 25 céntimos de euro (un jefe de taller “nivel ingeniero técnico” por 300.000 ptas. el primer año, un oficial administrativo por 210-252.000 ptas...).

El caso es que aquella inmigración pasó a ser propietaria de su vivienda. En cambio, en Francia se ha elegido el modelo del alquiler, y particularmente del alquiler social. De los 6 millones de franceses que viven en los “barrios preferentes” (las banlieues, por entendernos), un 84% viven de alquiler, el 90% de los cuales (o sea, el 75% del total) en forma de alquiler social, es decir, por debajo del precio de mercado. Solo el 17% de los franceses de origen africano son propietarios, y casi la mitad viven en alquiler social.

Como casi todo, estas soluciones son fruto de decisiones políticas. El franquismo era un sistema autoritario que valoraba, por encima de todo, la estabilidad, y sabía que un propietario es una persona conservadora. Por eso hizo todo lo que pudo –que era mucho– para que los españoles se convirtieran en propietarios de su vivienda. Por el contrario, el modelo francés es producto de una ideología política liberal –que han compartido las derechas y las izquierdas– que consiste en dejar que los salarios sean bajos y compensar a los desfavorecidos a base de ayudas públicas. Durante el tardofranquismo los salarios eran altos y las ayudas escasas, mientras que en la Francia actual los salarios pueden ser bajos pero las ayudas son muy generosas.

Los problemas se ven con más claridad desde lejos, y es fácil darse cuenta de que los franceses están tratando de resolver problemas de dignidad a base de ayudas económicas. Que los hijos de la inmigración magrebí rechacen Francia, sus símbolos y sus valores republicanos es una evidencia; que tiene algo que ver el islam es también evidente, como resulta claro que también tiene que ver la humillación de ser ciudadanos de segunda. Lo que no queda claro es hasta qué punto el islam refractario a los ideales republicanos triunfa en las segundas y terceras generaciones de africanos debido al sentimiento de humillación de estas, pero el sentido común dice que seguramente la relación es alta.

Porque lo que a menudo se olvida en el debate político es que la gente no quiere ser ayudada para poder llegar a fin de mes. Quiere ganárselo, y la ayuda no suscita agradecimiento, sino resentimiento.

Obviamente, estos razonamientos nos resultan oportunos, porque hemos recibido 2 millones de inmigrantes, porque muchos de ellos ganan demasiado poco para pagarse una vivienda a precio de mercado y porque estamos pensando que la mejor manera de resolver este problema es construir vivienda social de alquiler. Debería ser evidente que se trata de la receta para una fractura social de dimensiones colosales que nuestros hijos no se merecen.

Hay que construir mucho, pero hay que entender que los salarios deben ser tales que permitan el acceso a la vivienda en condiciones de mercado. Cuando el franquismo introdujo el salario mínimo interprofesional, el año 1963, un periodista preguntó al ministro de Trabajo qué pasaría con los empresarios que no lo pudieran soportar, y el ministro contestó que “a España no le interesan estas empresas”. Es exactamente eso: no nos interesan los puestos de trabajo que no paguen un salario que no permita pagar una vivienda en condiciones de mercado. No nos interesan en absoluto.

¿Que una parte importante de la izquierda catalana está convencida de que hay que crear un enorme parque de alquiler social, a ser posible de propiedad pública? Forma parte de su desconcierto, que no es pequeño.