¿Dónde quedamos las escuelas de educación especial?
En las últimas semanas, hemos visto cómo miles de docentes llenaban las calles con lemas y pancartas pidiendo un reconocimiento a su labor y exigiendo una mejor educación, y ahora se anuncian nuevas protestas. Hace años que el sector educativo sufre carencias que se han acabado traduciendo en huelgas y manifestaciones por todo el país.
La propuesta presentada por el departamento de Educación y firmada por UGT y Comisiones Obreras no ha sido suficiente para que el sindicato mayoritario entre los docentes, USTEC, se sumase. Desde este sindicato creen que es una propuesta de “mínimos” y exigen un acuerdo que tenga en cuenta las demandas y presente soluciones a los problemas estructurales, por ejemplo, incorporando memorias económicas y concreciones presupuestarias.
Por otro lado, el gobierno de la Generalitat de Catalunya ha firmado un acuerdo con las cinco patronales de la escuela concertada para mejorar la financiación de estos centros.
Los medios de comunicación, la prensa, los sindicatos, las patronales y el ejecutivo han ido hablando en torno a las escuelas públicas y las escuelas concertadas. Y, entre todo esto, ¿dónde quedamos las escuelas de educación especial?
No se trata de un olvido menor. Es una contradicción estructural.
Los centros de educación especial no son un elemento residual ni transitorio. Forman parte del Servicio de Educación de Catalunya y desarrollan una función inequívocamente pública. Atienden alumnado con necesidades educativas de alta complejidad —personas con trastornos del neurodesarrollo, parálisis cerebral y pluridiscapacidad—, que requieren apoyos intensivos, continuados y altamente especializados.
Sin estos centros, el sistema no es más inclusivo. Es más desigual.
Pero el debate no se puede simplificar en una falsa dicotomía entre escuela ordinaria y de educación especial. Ambas redes son imprescindibles y complementarias para garantizar una respuesta adecuada al alumnado con necesidades educativas especiales, con diferentes grados de intensidad en su abordaje.
La inclusión real no consiste solo en ampliar la escuela ordinaria. Consiste en garantizar que todo el alumnado—especialmente el que presenta más complejidad— reciba una respuesta adecuada. Y esto solo es posible con recursos especializados, equipos preparados y una financiación coherente con la realidad que se atiende.
Hoy, esta coherencia no existe.
Los centros de educación especial arrastran una situación de infrafinanciación estructural que se ha cronificado. ratios que no reflejan la intensidad de apoyo que requiere el alumnado. Dotaciones insuficientes para perfiles de máxima complejidad. Centros que asumen déficits recurrentes para garantizar una atención digna.
El sistema se aguanta, en buena parte, por la responsabilidad y el compromiso de los equipos profesionales. Pero este modelo no es sostenible.
Y el riesgo es evidente: que, bajo el discurso de la inclusión, se acaben debilitando precisamente los recursos que la hacen posible.
No estamos ante un debate técnico. Estamos ante una decisión política y de país.
O bien se incorpora la educación especial en las políticas de financiación y planificación educativa, reconociendo su función estructural, o bien se asume que el sistema dejará atrás al alumnado que más apoyo necesita.
