Regularizar inmigrantes funciona
El consejo de ministros ha aprobado la reforma del reglamento de extranjería, que permitirá regularizar a personas inmigrantes que viven y trabajan en España en situación administrativa irregular. Es una buena noticia, no sólo para la dignidad de las personas directamente afectadas, sino también para el conjunto de la sociedad. Según estimaciones recientes de Funcas, más de 800.000 inmigrantes que ya forman parte del tejido económico y social del país podrían beneficiarse de esa política.
Los distintos gobiernos españoles han recurrido en varias ocasiones a regularizaciones extraordinarias como instrumento de política migratoria. La última, y más relevante, se produjo en el 2005 durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando cerca de 600.000 personas obtuvieron permisos de trabajo y residencia. Aquel proceso generó un intenso debate, a menudo dominado por argumentos alarmistas. Sin embargo, veinte años después ofrece una oportunidad valiosa para analizar sus efectos con perspectiva y evidencia empírica.
Cada vez que se habla de una regularización, vuelven los mismos interrogantes: ¿provocará un efecto llamada? ¿Afectará el empleo, los salarios o las finanzas públicas? En el caso español, no partimos de cero. Disponemos de evidencia sólida para responder a estas preguntas.
En un estudio reciente, elaborado por Ferran Elias, Joan Monràs y yo mismo y publicado el año pasado en Journal of Labour Economics, analizamos los efectos de la regularización de 2005 hasta la llegada de la crisis financiera internacional en 2008, a partir de la comparación de territorios y colectivos con diferentes grados de exposición a la medida. Aunque esa regularización no es idéntica a la actual, entre otras cosas porque la de 2005 estaba vinculada a un contrato de trabajo, los resultados son claros y plenamente relevantes para el debate actual.
Los principales resultados pueden resumirse en cinco puntos.
En primer lugar, la regularización no surtió efecto sobre los flujos de inmigración hacia España. Analizando la evolución de los flujos de inmigrantes originarios de los países afectados y no afectados por la política, antes y después de la regularización, descartamos claramente el efecto llamada. Es decir, la evolución de los flujos migratorios fue la misma en ambos grupos de países.
En segundo lugar, aumentó significativamente el empleo formal: muchos inmigrantes que trabajaban en la economía informal pudieron acceder a contratos legales. Pese a que no todos los inmigrantes regularizados permanecieron permanentemente en el sector formal, la política sí mejoró notoriamente sus oportunidades laborales, favoreciendo mayor movilidad, tanto sectorial como regional, el acceso a empresas mayores ya sectores con menos informalidad y, en definitiva, mejores trayectorias profesionales para los inmigrantes afectados por la medida.
En tercer lugar, y contra uno de los argumentos más extendidos, los salarios formales de los trabajadores nativos no disminuyeron. Por el contrario, la evidencia muestra que aumentaron, especialmente entre los trabajadores más cualificados. La regularización redujo el poder de negociación de las empresas que se beneficiaban de la vulnerabilidad de los trabajadores en situación administrativa irregular contribuyendo a un mercado laboral más competitivo y transparente.
En cuarto lugar, la regularización supuso una pérdida de empleo entre trabajadores nativos e inmigrantes en situación informal, especialmente entre los menos cualificados. Este resultado está estrechamente vinculado al aumento de las inspecciones laborales y los esfuerzos por reducir la informalidad que se implementaron conjuntamente con la regularización, lo que pone de manifiesto que una parte del empleo informal existe gracias a la falta de controles efectivos por parte de las instituciones públicas. Por este motivo, las regularizaciones deberían ir acompañadas de políticas activas que faciliten la transición hacia el empleo formal.
Por último, el impacto sobre las finanzas públicas fue claramente positivo. Cada inmigrante regularizado generó aproximadamente 4.000 euros anuales en cotizaciones en la Seguridad Social y unos 500 euros a través del impuesto sobre la renta. No se observó, en cambio, un significativo aumento del gasto en sanidad o educación, servicios a los que estas personas ya tenían acceso antes de la regularización.
En el contexto actual de envejecimiento demográfico, escasez de mano de obra y presión creciente sobre el estado del bienestar, esta evidencia es especialmente relevante. La reforma del reglamento de extranjería no es sólo una medida de justicia social: también es una decisión económicamente acertada. Regularizar no es el problema; es parte de la solución.