Repensar las prestaciones sociales
La economía catalana crece, el paro baja, pero una de cada cuatro personas continúa en riesgo de pobreza o exclusión social. Es un recordatorio de que el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza una mejora de las condiciones de vida de todos. Las prestaciones sociales son una de las herramientas más eficaces para reducir la pobreza, pero es la ciudadanía quien acaba cargando con la complejidad de nuestro sistema.
Este viernes hemos presentado las conclusiones del quinto informe del Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (CETIS), órgano asesor del departamento de Derechos Sociales e Inclusión. El informe, elaborado por el grupo de trabajo sobre garantía de ingresos y transformación digital que he coordinado, plantea cómo integrar las prestaciones sociales en Cataluña. Hemos ido creando ayudas para responder a necesidades diferentes, sin pensar lo suficiente cómo se relacionan entre ellas ni cómo acceden a ellas las personas.
El Estado, la Generalitat y los ayuntamientos han desarrollado prestaciones con requisitos y criterios que a menudo no encajan. El resultado es un sistema difícil de entender y de gestionar, tanto para las personas como para las administraciones. Así, personas con necesidades similares pueden recibir una protección muy diferente, mientras que otras no cobran prestaciones a las que tienen derecho. Esta fragmentación reduce la capacidad de las ayudas para combatir la pobreza.
Las recomendaciones que planteamos a la Generalitat pasan por simplificar trámites, coordinar mejor las administraciones y compartir datos para evitar que las personas tengan que presentar la misma información repetidamente. También es necesario anticiparse a las necesidades y facilitar el acceso a las ayudas, sin perder la atención de proximidad. Pero los cambios no deben limitarse a la gestión. ¿Tiene sentido que las ayudas al alquiler se otorguen por orden de llegada hasta agotar el presupuesto, dejando fuera a personas con las mismas necesidades? Mejorar el sistema también implica revisar cómo se decide quién recibe las prestaciones.
Ya hay avances. Desde el 1 de octubre, la Generalitat tramita las nuevas solicitudes del ingreso mínimo vital (IMV) con un procedimiento que aprovecha la información para facilitar también la solicitud de la renta garantizada de ciudadanía (RGC). También se ha creado una comisión interdepartamental que tiene menos de un año para diseñar una ventanilla única de ayudas sociales. El reto será ir más allá de una puerta de entrada común y avanzar hacia una gestión realmente integrada de las prestaciones.
Ahora toca aplicar las recomendaciones y ver si dan resultado. Para saberlo, nos tendríamos que hacer preguntas tan concretas como cuántas gestiones tiene que hacer una persona para recibir todas las ayudas a las que tiene derecho o cuántas personas continúan sin cobrarlas a pesar de cumplir los requisitos. Porque el objetivo no es solo gestionar mejor las prestaciones, sino conseguir que protejan mejor a las personas y reduzcan la pobreza.
