El riesgo de volver a la economía del ladrillo
El PP propone 14 medidas para construir un millón de viviendas (no se sabe si son libres o asequibles). Una de las medidas es la aprobación de una nueva ley del suelo que dé seguridad a los planes urbanísticos. Ay, que no tenemos memoria. Esta fórmula ya se ensayó y supuso una lamentable involución sobre la precaria ciencia de las ciudades: entre 1998 y 2006 se construyeron 5,5 millones de viviendas en España, liberalizando suelo. En Cataluña se urbanizó un territorio equivalente al 3% de su superficie; en Madrid llegaron a consumir el 7,46% del suelo de toda la comunidad. Y los precios de la vivienda, a pesar de que el excedente de pisos fue histórico, crecieron un 185%. Cuando estalló la burbuja, no sufrieron solo los inquilinos: buena parte de los propietarios tuvieron pérdidas si tuvieron que vender la vivienda porque el correctivo sobre los precios de los pisos se desinfló de la noche a la mañana. ¿Y quién se hizo de oro? Los propietarios de campos y terrenos rústicos en las periferias de las ciudades, que habían ido acumulando suelo allí donde sabían que el planeamiento habilitaría nuevos barrios. Ya debe haber alguien haciendo compras selectivas alrededor de las ciudades por si finalmente Feijóo se convierte en presidente.
Y no pueden decir que no lo sabían. Incluso la ley del suelo de 1956, en plena dictadura franquista, se fundamentó sobre unos principios contrarios a la liberalización del suelo; se hizo precisamente para evitar “la retención de terrenos por parte de propietarios que no urbanizan ni edifican, ni acceden a enajenar sus terrenos para urbanizarlos y construir en ellos a precios de valoración justa”. Ya entonces se proponía un sistema de valoración del suelo pensado para evitar la plusvalía excesiva, para que revirtiera “en gran parte a la comunidad, mediante la aplicación previa del tratamiento fiscal adecuado”.
Desde hace años defiendo que, además de rehabilitar, hay que construir vivienda asequible, aunque durante muchos años, precisamente por culpa de la crisis de 2008, esto ha sido un anatema para las izquierdas. Todos los países europeos aplican fuertes restricciones a la clasificación de terrenos como suelos urbanizables, porque el oportunismo y la especulación han destrozado las periferias de muchas ciudades. Hay que aprender de los errores del pasado y combatir dos cosas: las ganancias excesivas sobre las ventas de terrenos y la falta de previsión en la constitución de reservas de suelo. Buena parte de las promotoras públicas europeas compran los terrenos donde se tienen que producir los crecimientos de las ciudades antes de aprobar planeamientos precisamente para evitar el enriquecimiento de determinados propietarios de suelo.
Los recortes tienen consecuencias: en 2013 la Comunidad de Madrid gobernada por el PP se vendió 2.935 viviendas públicas al fondo Goldman Sachs, para obtener liquidez inmediata. Se consideró que Madrid no necesitaba estos pisos públicos.
Hace unos días, una señora visiblemente afectada porque la acababa de desahuciar un fondo de inversión acudió al Parlamento balear y le reprochó a la diputada Marga Prohens: “Yo te voté”. Los objetivos de determinadas leyes y la falta de liderazgo público en materia de vivienda tienen consecuencias terribles en las economías familiares. Con la actual situación de la vivienda, es sorprendente que desde el PP nadie haya hecho autocrítica de los años de la burbuja. España desarrolló una economía poco productiva y precaria, basada en la creencia de que el mercado se regularía solo y que el sector privado proveería la vivienda que las familias iban comprando fundamentalmente como ahorro. Las ciudades todavía tienen restos visibles del impacto de la burbuja: calles urbanizadas en la periferia a medio terminar, solares vacíos desde hace años, y estructuras de hormigón que son esqueletos abandonados hace quince años. ¿No hemos aprendido nada de todo aquello?
La conversación pública ha ido evolucionando, y las encuestas indican que hay un estado de opinión favorable a la regulación de los alquileres a corto plazo y a la construcción de un parque público de alquiler de viviendas asequibles a medio plazo. Esto requiere una visión a largo plazo y dotar al sector público de recursos para impedir la especulación del suelo. Sí que hay que construir, pero no en cualquier lugar, ni a cualquier precio. Si tiene que haber una nueva ley del suelo, debería ser para impedir la especulación en la transmisión de terreno, movilizar todos los solares vacíos que ya hay, evitar la retención del suelo en ciclos de alta demanda, facilitar mecanismos de expropiación para constituir patrimonios públicos de suelo y la definición de obligaciones vinculantes a los municipios para hacer la vivienda pública que corresponde, sin excusas. Y pensar cómo se invertirán dineros en la compra pública de suelo, y cómo se recuperarán con los alquileres sociales, al cabo de tres décadas.
