Temblores de estado
El juicio al Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, con petición de años de cárcel, es un buen reflejo de dónde llega una guerra por el poder en la que la derecha nacionalista no tiene inconveniente en demoler las instituciones del Estado para salvarlo, según dicen.
Sin pruebas consistentes, más allá del dedo acusador de un spin doctor conocido por su falta de miramientos y de respeto a la verdad –y que además reconoce que se basa únicamente en sus percepciones–, con testigos que rozan la comicidad de una opereta soplo, el del fiscal general hace mucho el aspecto de volver a ser un juicio político: del estilo de quienes sufrieron en su momento los principales líderes civiles y políticos del Proceso. Pero ay, un poder del Estado que se encuentra al servicio de la mencionada dictadura comunista, claro. Hacer pasar a los enemigos de la patria por el banquillo de acusados (hacerlos ir p alante, en la mugrienta terminología de Miguel Ángel Rodríguez) se ha convertido en una práctica casi mecánica para una derecha que ya hace tiempo que se ha acostumbrado a jugar la partida con el comodín de una cúpula judicial que es parcial a su favor. La erosión que esto representa para el estado de derecho y, en este caso, para lo que se conoce como el edificio institucional del estado, es grande. Y la derecha que juega este juego ful haría bien en preguntarse si el deterioro institucional no se le puede acabar girando a la contra, incluso en el caso de llegar a su ansiada Moncloa (una posibilidad, todo sea dicho, que ahora mismo parece más lejana que hace, por ejemplo, dos meses).
Por encima del juicio sobrevuela la sombra de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, clienta de los asesoramientos de Rodríguez y pareja de la parte que se presenta no ya como perjudicada, sino como víctima desgajada que duda hamletianamente entre el exilio y el suicidio. En el fondo se trata de un test para ver hasta dónde llega el poder del trumpismo a la madrileña, ahora que el trumpismo empieza a dar señas de ir de baja, como suele suceder con los populismos (excepto Milei, otro santo de la devoción ayusista que hay que reconocer que de momento se sostiene bien en su delirio de moto muerte). Ayuso es la última versión del fenómeno de la patrimonialización de las instituciones por parte del PP: si no pueden ser nuestras, nos las cargamos. Es lo mismo de siempre, pero algo más sucio todavía.
Completa el cuadro un exjefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, que tiene un pasado proceloso como evasor fiscal y un presente como inquilino de lujo en la dictadura no precisamente comunista de los Emiratos Árabes. Sin embargo, escribe un libro (para victimizarse, como no puede ser de otro modo) donde llega a presentarse como "el único español que no cobra pensión después de cuarenta años de servicio". Esto también le causa temblores, al Estado que la Corona dice representar y defender.