Togas inquietas

Que una jueza admita como acusación popular en un proceso judicial una asociación supuestamente formada por animales parece una broma de mal gusto y una exhibición de prepotencia. Es el caso de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que ha decidido investigar la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, porque piensa que aquellos hechos pueden constituir un ataque contra la integridad territorial y la soberanía nacional del estado español. Contra la unidad de España, vaya. De lo que se trata ya lo sabemos porque además lo han verbalizado lumbreras patrióticas como Abascal y Ayuso, e incluso el siempre desvalido Feijóo: se trata de procesar a Pedro Sánchez por alta traición. Y para conseguirlo todo apoyo es bueno, incluso el de una asociación llamada Zeolandia, con una junta directiva supuestamente formada por cuatro perros y un gato. En su propia web aparece que quien se encuentra detrás es una entidad, la asociación Liberum, formada por juristas cercanos —oh sorpresa— a la ultraderecha españolista que ya se han personado como acusación popular en otros procesos contra el PSOE y/o el gobierno de España. La broma de los animalitos tiene el deje del humor bobo de la derecha rancia. Pero el objetivo no es ninguna broma: ya hace tiempo que la derecha española suspira por hacer con Sánchez como Bolsonaro y compañía hicieron con Lula en Brasil. Es decir, llevar a un presidente a la cárcel, arrastrado por una avalancha de acusaciones en las que se mezclan las mentiras, las medias verdades, los hechos probados y la capacidad de presión de un entorno de poder que patrimonializa el estado como cosa propia. En su escrito, la magistrada Tardón habla de “conductas delictivas que no solo han tenido como víctima directa e inmediata la ciudad de Ceuta y sus habitantes, sino el mismo Reino de España, ya que podían integrar un ataque contra la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y la estabilidad de nuestro estado de derecho”. Son palabras muy gruesas. La supuesta entidad de gatos y perros ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el gobierno de España por “omisión deliberada de medidas de seguridad preventivas en Ceuta” y “ocultación de información”.

Tampoco se queda atrás el Supremo, que ha suspendido cautelarmente la llamada “ley de limpieza” porque, según los magistrados, representa “un peligro real y serio” de condicionar las elecciones, y también “un daño irreversible” al estado de derecho y la democracia. Vaya con estos defensores de la democracia. De momento han suspendido el derecho a voto de miles de ciudadanos, y lo han hecho poniendo el grito en el cielo por una ley de la cual el PP estaba a favor en el año 2023. Pero nada de lo que se diga hoy tiene validez mañana. Solo hay unos núcleos de poder ansiosos por volver a tener el control total de las instituciones, y unos jueces y unos fiscales deseosos por colaborar en ello. Afirman que lo hacen por España, pero donde dicen “España” hay que leer “la pasta”. Entonces queda todo bastante más claro.