La trampa universitaria
En un reciente editorial, se alertaba desde el ARA contra el proceso de privatización de nuestro sistema universitario a raíz de la eclosión de instituciones educativas online con ánimo de lucro. Esta proliferación tiene una causa y consecuencia evidentes. La primera se debe a la irresponsabilidad política de renunciar a hacer prescriptivos los informes de las agencias de calidad universitaria. La segunda amenaza con gripar al ascensor social, uno de los encargos más relevantes otorgados a la universidad por parte de la ciudadanía. Hay demasiado en juego.
Cualquier contrato social tiene como fundamentos básicos la inclusión, la equidad, la cooperación y la solidaridad. Trasladado al ámbito educativo, la UNESCO lo aterriza en dos principios: fortalecer la educación como proyecto público y como bien común; y garantizar el derecho a la educación a lo largo de la vida. Hasta ahora en Cataluña la solidez del sistema universitario y el consenso político para no permitir la entrada de estos nuevos operadores. pseudouniversitarios la han preservado de estos embates.
Hace 30 años, el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad la creación de la UOC. Se trataba entonces de la primera universidad online del mundo, creada para dar acceso –como recoge el preámbulo de su ley de reconocimiento– “a todas las personas capacitadas normativamente para acceder, sin otras limitaciones que la de sus méritos". Tres décadas más tarde, se han graduado 130.000 personas, buena parte de ellas con trayectorias más complejas que las de los estudiantes tradicionales: bien porque compaginan trabajo, estudios y familia, bien porque viven en zonas rurales o en el extranjero, o porque han tenido que superar otras barreras para acceder a la universidad presencial.
Si el sistema universitario catalán en su conjunto ya hace una tarea tan ingente como necesaria, la UOC lo refuerza y complementa facilitando a buena parte de los estudiantes a tiempo parcial estudios de educación superior de calidad, en catalán ya un precio regulado. En los diferentes actos de graduación celebrados durante los últimos días, he podido saludar personalmente a un buen número de estos graduados más recientes y constatar lo importante que es disponer de un sistema público y competitivo. Ahora bien, cuando el sistema tiene la tentación de fragmentarse, se pone en peligro, porque sería ingenuo creer que estamos blindados y que los peligros de perversión no existen. En resumen, cuando no se explota el potencial de la UOC, las demandas de formación se reorientan y buscan en universidades digitales de fuera del territorio y regidas por el simple beneficio económico lo que no se les da en nuestro país.
La voluntad de dar solución a estas demandas tanto heterogéneas como masivas pasa por el reconocimiento de los aprendizajes y de las competencias, por la flexibilización de los itinerarios y, sobre todo, por el acompañamiento a la hora de elegir adecuadamente. Hoy en día, la formación a lo largo de la vida es una realidad consolidada. Las sucesivas transiciones de los modelos económicos, sociales y culturales imponen nuevos requisitos de conocimiento a perfiles con necesidades, expectativas e ilusiones muy diversas. Y debemos garantizar el acceso público, porque nos va la competitividad del país y la cohesión social.
Todo esto lo sabemos y lo sabemos hacer. Hace más de treinta años que nos dedicamos a ello. Hemos contrastado, por ejemplo, que las trayectorias de todas estas personas formadas más allá de los dieciocho años, cuando las proyectos en el tiempo, no suelen ser ni lineales, ni continuas, ni unidisciplinares. Es necesario habilitar, por tanto, un tablero de juego de competencias y conocimientos para diseñar itinerarios personales y proporcionar las herramientas necesarias a la ciudadanía para poder navegar por ellos a partir de las propias capacidades y de las oportunidades del entorno. Y, de nuevo, dado que el reto es complejo, la respuesta debe ser ecosistémica, de un ecosistema que vele por la igualdad de oportunidades.
No caigamos en la trampa. El debate sobre la mercantilización de la educación superior no va de una cuestión corporativista interesada. Tampoco va formulaciones jurídicas, sino voluntades públicas o propósitos lucrativos. Va a buscar la prosperidad compartida. Va de asumir y facilitar los procesos de transformación desde el sistema universitario catalán, de escuchar y entender el país, de adaptar los instrumentos de gestión al mandato público asumido, de velar por que se preste en las mejores condiciones y de rendir cuentas a la sociedad. Se trata de garantizar una alternativa pública y de calidad para quien quiere seguir formándose a lo largo de la vida.