Las tres Españas de la inmigración
El intenso proceso inmigratorio que España está experimentando desde que se inició el siglo XXI está definiendo tres realidades territoriales claramente diferenciadas:
—Madrid, con una especificidad, como en otros tantos casos, muy clara.
—La España de alta inmigración, definida como el resto de comunidades autónomas donde la población está creciendo más rápido que la media española: Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Canarias.
—La España de baja inmigración, donde la población está creciendo más lentamente que la media española, hasta el extremo de no crecer (Galicia y Extremadura) o incluso decrecer (Asturias).
En el año 2000, el nivel del PIB per cápita –la medida más simple y más clara de la prosperidad material– no tenía ninguna relación con la división que acabamos de definir, ya que tanto en el segundo grupo como en el tercero coexistían territorios ricos (Cataluña y Baleares por un lado, País Vasco y Navarra por otro lado las Castillas Canta por otro).
Ahora bien, desde 2000 se está dando una estrecha relación entre el fenómeno demográfico y el crecimiento del PIB per cápita. El proceso es nítido: en la España de baja inmigración el PIB per cápita está creciendo más rápido que la media y en la España de alta inmigración está creciendo por debajo; esto es, está perdiendo posiciones. Esto hace que, por ejemplo, Aragón, que en el 2000 se situaba muy por detrás de Catalunya y Baleares, esté a punto de superarlas, o que el País Vasco, que en el 2000 se situaba al mismo nivel que Catalunya, esté ahora 9 puntos por encima. En cuanto al País Valenciano, hace 25 años superaba claramente a Asturias, Galicia o Castilla y León, pero ahora se encuentra por debajo. Progresivamente, el litoral mediterráneo, que antes se identificaba, dentro de España, con la prosperidad, está perdiendo ese papel. Solo en el caso de Madrid, coincide una alta inmigración y un alto crecimiento del PIB per cápita.
La nueva realidad que se está definiendo es esta: una España enriquecida de baja inmigración, una España empobrecida de alta inmigración, y Madrid.
Si descendemos a escala provincial, la correlación se mantiene, por lo que las cuatro provincias catalanas, las tres valencianas y las dos canarias, además de Murcia y Baleares, conforman al grupo donde se da una alta inmigración y un bajo crecimiento del PIB per cápita. Solo dos provincias manchegas se suman al grupo, sin duda a consecuencia de una alta inmigración reflejo de la proximidad con Madrid: Guadalajara y Toledo, cuyas capitales son ya, gracias al AVE, ciudades satélite de la capital.
Esta realidad contrasta con la que observamos a nivel europeo, donde la relación entre inmigración y prosperidad no se observa: el 22% de crecimiento del PIB per cápita español coincide con los de Portugal, Alemania o Finlandia, países que han experimentado un crecimiento demográfico muy moderado, y es inferior al de los Países Bajos o Bélgica, países con un proceso inmigrado, países con un proceso inmigrado.
Cada realidad comporta sus problemas específicos, pero no cabe duda de que la combinación de alta inmigración y baja productividad es especialmente preocupante. Por un lado, la presión demográfica incide sobre el mercado de la vivienda, encareciendo y empobreciendo unas clases populares y medias en un entorno en el que la economía no ofrece salarios crecientes. Por otro lado, la demografía presiona sobre los servicios sociales –enseñanza, sanidad, apoyo a la dependencia– sin generar ingresos fiscales al mismo ritmo.
Esta realidad es la que justifica la creciente disonancia entre la percepción de la población –cada vez más escorada en pensar que la inmigración debería ser limitada– y los mensajes de tantos economistas y líderes de opinión, que sostienen que la inmigración hace una contribución neta a las finanzas públicas y que será gracias a ella que se pueda sostener el sistema de pensiones.
El jueves se publicó un dato que pone de manifiesto hasta qué punto carece de fundamento la visión de quienes identifican la inmigración con una fuente limpia de recursos fiscales. La Encuesta de Condiciones de Vida, publicada por el Instituto de Estadística de Cataluña, nos decía que si el 17,2% de los habitantes de Cataluña con nacionalidad española son pobres (definiendo este concepto con la Tasa AROPE, que engloba varios indicadores), la proporción asciende hasta el 48,6% entre los que tienen nacionalidad extranjera. Teniendo en cuenta que el estado del bienestar español se basa en que el 60% más pobre de los hogares son perceptores netos de recursos públicos, que el 20% por encima están equilibrados y que sólo el 20% de los hogares hacen una contribución neta, queda claro que la inmigración que recibimos no puede ayudar a financiar a los servicios públicos, sino todo el mundo.