Un verano doloroso en las residencias
Dicen que la política se detiene durante el verano, pero este agosto hemos estrenado un nuevo gobierno en la Generalitat de Catalunya que pone fin a meses de innecesaria incertidumbre social. El president Illa ha anunciado su ejecutivo y sabemos que Mónica Martínez Bravo será la nueva consellera de Derechos Sociales e Inclusión. Por eso aprovecho estas líneas para darle la bienvenida. Su perfil económico y académico, especializado en el ámbito de la pobreza y las desigualdades, puede ser muy positivo para el sector. Al mismo tiempo, quiero dar las gracias al conseller saliente, Carles Campuzano, por el buen trabajo que él y su equipo han hecho en estos dos años y medio.
Estamos a finales de agosto y puedo decir que ha sido un verano doloroso. No encontramos a profesionales que quieran trabajar en las residencias. Es una realidad incuestionable y que tiene varias causas: en primer lugar, es necesario mejorar las condiciones laborales de los profesionales. Y es por eso que pediremos a la consellera el cumplimiento de la equiparación salarial de los profesionales de residencias exigido por el sector hace unos meses y que tuvo el apoyo explícito de las principales formaciones parlamentarias, entre ellas el PSC, Junts y Esquerra, mediante sus programas electorales. Si no hacemos una mejora salarial espectacular a los gericultores y otros perfiles profesionales, cada verano nos encontraremos en la misma situación. De todas formas, el déficit de personal no es solo económico sino vocacional. Como sociedad hemos perdido la vocación de cuidar y debemos recuperarla, debemos situar los cuidados a la dependencia como una profesión con voluntad de servicio, estable y con futuro.
Hoy en día existen pocos ámbitos que sufran tanto las desigualdades como el de las personas mayores con dependencia. Faltan recursos económicos, técnicos y materiales para las más de 260.000 personas con reconocida dependencia en Catalunya. La mitad de estas personas tiene más de 80 años. Es un dato que debería hacernos reflexionar sobre la vulnerabilidad de este colectivo y la realidad de un sobre envejecimiento poblacional que es inminente.
El nuevo departamento también se encontrará otros temas estratégicos sobre la mesa: la modificación de la cartera de servicios sociales, la aplicación de la acreditación de las empresas y entidades y la concreción del proyecto de ley de instrumentos de provisión del sistema público de servicios sociales. Son iniciativas estratégicas en las que, dada su importancia, la administración debe trabajar conjuntamente con el sector desde la cooperación y la confianza. Todas tienen un doble objetivo común: mejorar la calidad del sistema de atención a la dependencia y dar respuesta al reto del envejecimiento de la generación del baby-boom.
Cooperación y confianza, dos palabras clave que deben definir esta nueva legislatura. Tienen que ser recíprocas entre la administración y el sector, y también entre gobiernos. Recientemente se anunció que el estado repartirá más de 783 millones a las comunidades autónomas para avanzar en el nuevo modelo de cuidados en dependencia, en el marco de la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización. No me gusta la palabra desinstitucionalización porque creo que se utiliza interesadamente para desvincular la dependencia de las residencias, como si fueran un problema. Somos conscientes de que las personas quieren envejecer en casa y debemos hacer todo lo posible para retrasar su institucionalización, pero las residencias son importantes y necesarias cuando la dependencia se agrava. Y como decía antes, con el sobreenvejecimiento se necesitarán más centros que den respuesta a estas necesidades.
Creemos que esta nueva ley debe centrarse en que las personas puedan decidir dónde quieren estar. Catalunya dispone de plataformas de servicios a la dependencia que se adaptan a las necesidades cambiantes de las personas: atención domiciliaria, teleasistencia, centros de día, residencias... Recursos de proximidad a los que las personas podrán acceder si existe una mentalidad abierta y si se hace una adecuada distribución de estos recursos. Del plan estatal, a Catalunya le corresponden 107 millones, que tendrán que invertirse muy bien para dar respuesta a las necesidades de dependencia de los catalanes.
Lo que queremos todos, en definitiva, es que las personas mayores vivan bien los últimos años de vida, con salud y bienestar, de forma activa y donde quieran. Desde la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) siempre hemos defendido que es necesaria una atención profesional y que las familias, sobre todo las mujeres, no hagan de cuidadores principales. Los hijos deben hacer de hijos y no de cuidadores. Si escuchamos la voluntad de las personas mayores seguro que aprenderemos mucho. Y si uno mismo se lo pregunta, seguramente llegará a la conclusión de que no queremos que hijos y nietos tengan que cuidarlo.
Quiero terminar este artículo con la esperanza de que haya una mejor atención para las personas mayores, que finalmente sea una prioridad de país, pero para que esto sea posible es necesario que de una vez por todas se haga la inversión necesaria. Los países europeos tienen una media del PIB en dependencia del 1,5%, mientras que España solo destina el 0,9%. Hay que insistir y conseguir cambiar estas cifras; nunca será demasiado tarde.