Vivienda: Política o politiquería
Para comenzar este artículo me aferro a la definición de Política con mayúscula, que es con la que siempre me he sentido más identificado: la Política consiste en hacer posible aquello que es necesario. Del concepto de politiquería no hay definiciones precisas, pero todo el mundo entiende lo que significa. Podríamos definirla como aprovecharse de un sufrimiento o necesidad para servir a una ideología o a un partido. Son dos conceptos diametralmente opuestos, pero que demasiadas veces van de la mano.
Escribo estas líneas antes de conocer el desenlace de la votación de los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el hilo argumental que seguiré trasciende una votación puntual, por mucho debate y ruido que conlleve.
Se nos habla de la vivienda como de la quinta columna del estado del bienestar, partiendo de la base de que las cuatro primeras serían la sanidad, la educación, las pensiones y el apoyo a todo tipo de dependencias. Pues bien, fijémonos de entrada en un primer elemento que resulta nuclear: para las primeras cuatro columnas hay que movilizar recursos públicos de gran magnitud. Y sin embargo, con eso no basta para mantener las columnas bien rectas, como se demuestra cada día con las tensiones para que estas columnas no acaben de torcerse y puedan seguir aguantando. En cambio, para la llamada quinta columna, la vivienda, los recursos públicos son muy escasos y manifiestamente limitados. Aflora, por tanto, una primera gran cuestión, del todo trascendente si queremos hacer Política y no caer en la politiquería: ¿disponemos de dinero público para financiar el acceso a la vivienda, a precios asequibles, para cientos de miles de personas? Si la respuesta es afirmativa, podremos hacer Política, es decir, resolver aquello que es necesario. Pero si la respuesta es negativa, o evasiva, no resolveremos nada. Fingiremos que encontramos soluciones, pero solo servirá para salvar la cara y capear el temporal.
Sobre la disponibilidad de grandes cantidades de recursos públicos para la vivienda, creo que hay que hacer dos consideraciones. La primera consiste en recordar que el Estado está ya altamente endeudado y es uno de los que pagan más intereses por la deuda acumulada, y que la presión fiscal es muy elevada. En consecuencia, hay poco margen para endeudarse más, y ningún margen razonable para seguir subiendo impuestos. La segunda consideración, en cambio, da más luz: si consideramos que la construcción o compra de vivienda es una inversión y no un gasto, se podría perfectamente autorizar a escala europea un endeudamiento potente y a largo plazo para financiar la promoción de vivienda. Es exactamente lo que se ha hecho recientemente para toda la inversión en seguridad para hacer frente a la amenaza rusa. Si se ha hecho para defendernos mejor, también se puede hacer para que mucha gente pueda tener un techo bajo el que vivir.
La conclusión es clara y diáfana: si para atender la salud, la educación, las pensiones y la dependencia hay dinero público, o para la vivienda también lo hay o que no se nos engañe diciendo que es la otra columna del estado del bienestar. Que se haga Política, sin caer en la politiquería.
El segundo elemento nuclear para encontrar soluciones consiste en saber cómo se puede movilizar vivienda ya existente para ponerla en el mercado de alquiler, o de compra. Todo el mundo sabe que hay poca oferta y mucha demanda de vivienda, en muchos lugares. Consecuencia: precios al alza. Si se quiere suavizar los precios, hace falta que los que disponen de viviendas las saquen al mercado. ¿Y quiénes son? Pues como el sector público tiene muy pocas, es necesario que lo hagan los particulares. Y para ello se precisan, fundamentalmente, tres cosas: seguridad jurídica, estímulos económicos y no sentirse pecadores por haber invertido en ladrillo en lugar de haberlo hecho en productos financieros de todo tipo. Por cierto, en países de propietarios como son España y Cataluña, la inversión en ladrillo ha sido altamente estimulada —también por gobiernos de izquierdas— y casi todo el mundo se ha beneficiado de ella. Algunos dedos acusadores actuales suenan a monumentales hipocresías.
En las circunstancias presentes, y vista la evolución de muchas décadas, toda política que no estimule la salida de las viviendas al mercado está condenada al fracaso. Si solo se imponen limitaciones y obligaciones, cada vez habrá menos oferta disponible. Quizás los precios subirán menos, pero ¿de qué sirve para los nuevos inquilinos o compradores si no encuentran una vivienda adonde ir? Limitar rentas e imponer prórrogas solo se puede plantear si se acompaña de estímulos y garantías jurídicas que animen a los propietarios a ofrecer sus viviendas.
Con menos carga ideológica y más tocar de pies en el suelo, no se harán milagros, pero se pueden ir encontrando soluciones. A corto plazo, ayudando a movilizar la oferta, reconvirtiendo locales en viviendas y acelerando permisos que ralentizan un montón de iniciativas. Y a más largo plazo, poniendo las condiciones para construir nuevas viviendas y nuevas infraestructuras de movilidad, porque no se podrá resolver el problema pensando solo en los límites estrechos de las ciudades más tensionadas.
Ojalá se encuentre el camino para que la Política se imponga a la politiquería.