100 euros de dieta y bolsa de voluntarios para llenar las mesas de la consulta de los Juegos

BarcelonaLa última vez que el Govern puso las urnas, en las elecciones catalanas del 14 de febrero del 2021, 35.600 personas presentaron objeciones para no sentarse en las mesas electorales. A pesar de tratarse de un mandato obligatorio bajo el riesgo de consecuencias penales, miles de ciudadanos a quienes les había tocado por sorteo decidieron hacer alegaciones para intentar no tener que pasar el día en los colegios. El contexto sanitario es ahora muy diferente, pero en la consulta que la Generalitat prevé celebrar este otoño en el Pirineo sobre los Juegos de Invierno del 2030, siempre que el proyecto no muera antes, hay un problema añadido a las mesas: los seleccionados para integrarlas mediante sorteo no estarían obligados a ir. Para hacer frente al posible abstencionismo, según ha podido saber el ARA, el Govern tendría preparada una doble acción: pagar 100 euros –algo menos del doble de dinero que en unas elecciones normales– a las personas que integraran las mesas y crear una bolsa de voluntarios por si los titulares fallaran.

La subsecretaria de Procesos Electorales, que depende del departamento de Asuntos Exteriores, reunió virtualmente a todos los secretarios de los consistorios del Pirineo entre el 9 y el 13 de mayo y les explicó estos detalles. El 9 de mayo convocaron –en dos horas diferentes– a los secretarios del Ripollès, el Berguedà y el Solsonès, y del 11 al 13 a los de la veguería del Alto Pirineo y Aran. Lo hicieron antes de que el ejecutivo pospusiera la consulta –inicialmente prevista para el 24 de julio– hasta otoño, a pesar de que no se espera que la organización cambie a grandes rasgos en caso de que finalmente la votación acabe teniendo lugar después del verano. Fuentes de Exteriores exponen que con el aplazamiento de la consulta, fruto de las incertidumbres sobre el futuro de la candidatura, toda la parte logística que comporta también se paró y, de momento, los ayuntamientos todavía no han puesto en marcha ninguna de estas medidas. Varios cargos locales, de hecho, explican que aquellas reuniones fueron una "primera toma de contacto".

Sobre el papel, los dos vocales y el presidente de cada mesa cobrarían 100 euros cada uno, según informó el Govern a los consistorios. En algunas reuniones, el ejecutivo dijo que la cifra sería más alta que la de unas elecciones normales, y en otros precisó que serían unos 100 euros. Todo esto contando que en unas elecciones normales los vocales perciben una dieta de 62 euros y los presidentes, de 70 –la cifra se eleva en el caso de Barcelona–. Según fuentes presentes en estas reuniones, el objetivo está claro: fomentar que los miembros de las mesas sorteados se presenten.

Si ni así hicieran acto de presencia, el Govern comentó a los ayuntamientos que tuvieran preparada una lista de voluntarios para ocupar las mesas en caso de urgencia. En algunas reuniones el ejecutivo habló de bolsa de voluntarios, y en otros recomendó al consistorio que tuviera a ciertas personas controladas por si a última hora las necesitaban. De hecho, en una guía que la Generalitat envió a los ayuntamientos, a la cual ha tenido acceso el ARA, se dice claramente que unos miembros de la mesa se elegirán "por sorteo", pero que hará falta "un listado de suplentes". Es decir: "Personas que se comprometan a hacer de miembros de la mesa y preparadas para asistir en caso de que no se presenten los miembros sorteados". Estos voluntarios, si finalmente acabaran haciendo de sustitutos, también cobrarían 100 euros. Y aunque formaran parte de mesas del Ripollès, el Berguedà y el Solsonès, donde se celebraría una segunda consulta diferente y no vinculante, también recibirían la misma dieta.

En esta guía del Govern también se concreta que, tal como había anunciado el ejecutivo, en la consulta podrían votar los mayores de 16 años empadronados a la veguería en el último año. Lo mismo que pasaría con los catalanes que viven en países de la Unión Europea, mientras que los de países extracomunitarios tendrían que acreditar que tienen "la residencia legal en la veguería los últimos tres años". Además, la guía prevé hacer un simulacro, que básicamente es un test informático para comprobar el almacenamiento y el traspaso de datos, dos semanas antes de la votación definitiva.

Las experiencias del 9-N y el 1-O

La consulta de los Juegos se haría con la ley que el Govern Mas creó para dar una base legal al 9-N. Entonces, tampoco era obligatorio estar en las mesas, pero la Generalitat no creó ni una bolsa de voluntarios ni pagó más, sino que se ciñó al precio de las otras elecciones: 62 euros. En cambio, la ley del referéndum que dio paraguas legal al 1-O definía como obligatorio el encargo de sentarse en una mesa, pero el Govern aseguró que no sancionaría a nadie que no se presentara. La dieta, calcada a la de unos comicios normales: 62 euros. El momento que las meses han estado más cerca de estar constituidas por voluntarios fue el año pasado, cuando para el 14-F algunas juntas electorales de zona y también algunos municipios los impulsaron por iniciativa propia. Finalmente, la Junta Electoral Central unificó criterios y las bolsas de voluntarios no estuvieron permitidas.