70.000 desahucios parados en cuatro años: el impacto de una moratoria que vuelve a caer

MadridEl Congreso ha tumbado los dos decretos de vivienda del gobierno español. Con uno decae la posibilidad de que se pongan en marcha los llamados contratos de alquiler indefinidos: se pierden las prórrogas automáticas de los contratos que en algunos casos irían acompañadas de indemnizaciones a los inquilinos –si no se cumple con la ley–. Con el otro decreto decae una batería de medidas, muchas de las cuales sociales, también en materia de vivienda. Son estas medidas las que han puesto en alerta a los movimientos por el derecho a la vivienda. Entre otras cosas, desaparece la moratoria de algunos desahucios a familias vulnerables.

Desahucios

La suspensión de algunos desahucios de familias vulnerables, así como la compensación a ciertos propietarios en caso de que el juez detenga el desahucio, no era una medida del todo nueva. Una propuesta similar se puso en marcha durante la covid-19 y lo estuvo hasta diciembre de 2025. Se volvió a votar en enero de 2026, cuando se quería prorrogar, pero el PP, Vox y Junts votaron en contra. Entre 2020 y 2025, hasta 70.000 desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional se habían conseguido paralizar (13.000 de ellos en Cataluña), según los últimos datos del Observatorio DESCA, que desde entonces monitoriza el impacto. Durante este mismo periodo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha contabilizado 160.000 desahucios que sí se llegaron a efectuar.

Desde el Observatorio aseguran que la cifra podría ser superior porque las comunidades autónomas no recogieron todos los datos y tuvieron que recurrir solo a la base de datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El primer informe en el que obtuvieron los datos completos englobaba 2020 y 2024 y entonces se habían detenido 60.000 desahucios. Desde el Observatorio se reconocía que la moratoria "necesitaba mejoras", pero "era la única medida que había demostrado cierta efectividad".

Además de los desahucios (no se podían detener en todos los casos), la medida reforzaba las compensaciones a los particulares, tanto en lo que respecta a la cobertura de las rentas que se dejaban de pagar, como por la enervación de la deuda por parte de las administraciones.

Prórrogas de los contratos

Se quería contener una posible alza de los precios de los alquileres de aquellos contratos firmados hace cinco o siete años (en función del propietario) en un contexto de precios más bajos y que comenzaban a caer. Por eso se planteaba una prórroga extraordinaria de dos años (revisable anualmente) de los contratos que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028 para que se mantuvieran sus condiciones. El propietario tiene la obligación de aceptar la prórroga si no se llega a un acuerdo alternativo, se firma un nuevo contrato o comunica y justifica la necesidad de recuperar el piso (por ejemplo, en caso de que sea para un familiar).

Actualización de la renta

Cae la congelación en la actualización anual de la renta en aquellos casos en los que el contrato esté por encima del máximo del índice de precios del ministerio de Vivienda. En el resto de contratos, la actualización anual se limitaba al 2% hasta el 31 de diciembre de 2027 para evitar incrementos con tasas de inflación como la actual (4,9% este septiembre).

Alquiler de temporada y habitaciones

Desaparece el refuerzo de los contratos de temporada y por habitaciones que han proliferado en los últimos años y que han supuesto una vía para esquivar las reglas de los contratos habituales. Aunque Cataluña tiene su propia ley, está recurrida ante el Tribunal Constitucional y el decreto podía ser un paraguas en caso de que se tumben algunos artículos. Entre otras cosas, se definía qué se entiende por contrato de temporada y habitación (se tenía que justificar y acreditar el uso) y se limitaba la duración. También cae el IVA de pisos turísticos al 10% (se podía aplicar en zonas tensionadas) para equipararlo al IVA de los hoteles.

Deducciones fiscales

El decreto incluía bonificaciones y ayudas fiscales para propietarios e inquilinos de zonas tensionadas, algo que agradaba a partidos como Junts y el PNV. Caen, por ejemplo, desgravaciones de hasta el 100% en el IRPF para un pequeño propietario (diez inmuebles o menos) si aplica una rebaja del alquiler de como mínimo un 5% respecto al contrato anterior.

En cuanto a los inquilinos, se planteaba una deducción en el IRPF del 10% del alquiler habitual. Había límite de renta y la deducción disminuía en función de esta.

Acceso a una primera vivienda y oferta

Se constituía una línea de crédito ICO con unos intereses del 0% para acceder a una primera vivienda. Se daba en función de la edad y los ingresos, pero también el precio del inmueble.

También se preveían bonificaciones en el IRPF que podían llegar a ser del 100% sobre las ganancias de la venta de un piso cuando se vendía a una entidad pública. El precio del inmueble estaba limitado.