El abogado de la demanda de Corinna ayudó a quitar la inmunidad a Pinochet

MadridCorinna zu Sayn-Wittgenstein contrató en 2019 a un equipo de tres abogados para elaborar una demanda civil por acoso, seguimiento ilegal y difamación contra Juan Carlos I en el Alto Tribunal de Justicia británico, que finalmente fue presentada el 29 de diciembre de 2020, y cuya tramitación tuvo lugar la semana pasada. Uno de los tres abogados que firman la demanda es James Lewis, quien fue seleccionado en 1998 por la Fiscalía de la Corona británica para representar a España en la solicitud de extradición del exjefe de Estado chileno, el exdictador Augusto Pinochet. Más recientemente, en 2020 y 2021, representó al gobierno de Estados Unidos en los tribunales británicos en el juicio para lograr la extradición del periodista creador de Wikileaks, Julian Assange. Los otros dos abogados de Corinna son Jonathan Caplan y Adam Chichester-Clark.  

Tanto Lewis como Caplan forman parte de lo que se considera el grupo más selecto de abogados de la bar, es decir, aquellos que están habilitados para presentar los casos ante los tribunales. En este caso son, además, de los llamados Queen's Counsel o consejeros de la reina, un titulo honorífico concedido por mérito tras una experiencia de trabajo de quince años. Los tres comparten una trayectoria en derecho penal y civil, son especialistas en litigios empresariales, individuales y gubernamentales y expertos en medios de comunicación. Es difícil encontrar un caso nacional en el Reino Unido e internacional en los que falte alguno de estos primeros espadas.

Lewis forma parte a su vez de Three Raymond Buildings, una asociación o colegio de barristers especializados en delitos financieros: fraude, blanqueo de dinero, corrupción, entre otros. El caso de Lewis tiene interés respecto a uno de los problemas que se pueden presentar en la demanda de Corinna: la posible invocación de la inmunidad ante el procedimiento civil de Juan Carlos I como jefe y ex jefe de Estado. El ex dictador chileno Augusto Pinochet fue arrestado por la policía metropolitana en una clínica de Londres la noche del 16 de octubre de 1998 en cumplimiento de una orden de detención del juez Baltasar Garzón por delitos de asesinato y genocidio en Chile durante la dictadura militar. El 20 de octubre de 1998, la Fiscalía de la Corona contrató a los abogados James Lewis y Alun Jones para llevar el caso en los tribunales -el comité judicial de la Cámara de los Lores que actuaba entonces de Tribunal Supremo- en representación de España a fin de lograr la extradición del ex dictador. 

Cuando Lewis vio la orden dictada por el juez Nicholas Evans para arrestar a Pinochet, se quedó atónito. Los delitos de asesinato y genocidio que transcribía el juez británico de la orden del juez Garzón no eran delitos extraditables para el Reino Unido. Una nueva orden, por delitos de tortura, suplantó a la primera y corrigió el error. La tortura sí es delito de extradición, al ser Reino Unido y España, firmantes de la Convención Internacional contra la Tortura de Naciones Unidas de 1984.  

Un entonces joven abogado, Lewis formó parte del equipo cuya voz cantante en las audiencias que duraron hasta marzo de 2000 fue el gran experto en extradición Alun Jones, con quien coincidía en el mismo colegio, el Gray´s Inn. Consiguieron despojar a Pinochet de su inmunidad en una primera sentencia que fue anulada, en noviembre de 1998, y repitieron la hazaña el 24 de marzo de 1999 tras la repetición del juicio. Fuentes jurídicas consultadas por ARA señalan que las diligencias de la demanda -de la cual Juan Carlos I ha sido notificado- arrancarán en septiembre después del paréntesis de agosto. La demanda está apoyada en pruebas -correos electrónicos y otros materiales- y propondrá una larga lista de testigos. Juan Carlos I deberá contar con un equipo de abogados para abordar el tema de la inmunidad y responder a las acusaciones de su ex amante.