La academia por el valenciano que abrió el PP y ahora querría cerrar

ValenciaNació para acabar con el conflicto lingüístico a pesar del escepticismo de muchos sectores universitarios y secesionistas; ha convivido con las críticas constantes del Partido Popular, y ahora sobrevive a los ataques virulentos de Vox gracias al escudo que le otorga el Estatuto de Autonomía, pero con el temor a ser ahogada económicamente (ambas formaciones conservadoras han anunciado que este 2026 volverán a recortarle un 25% de su presupuesto). La creación de la Academia Valenciana de la Lengua (AVL), que este año cumple 25 años, es uno de los pocos casos en los que la sociedad valenciana ha sido capaz de tejer consensos en los últimos años. También es, sin embargo, un ejemplo de los muchos retos que tiene por delante, como son conseguir la supervivencia de la institución y, sobre todo, evitar la desaparición de la lengua.

Un elemento llamativo de la AVL es que uno de sus impulsores fue el mismo PP, que ahora la cuestiona. El proyecto lo heredaba el expresidente Eduardo Zaplana de su predecesor, el socialista Joan Lerma. El también exministro asumió la iniciativa con tres objetivos. El primero, debilitar a su socio en el gobierno, los incómodos secesionistas de Unió Valenciana, que generaban numerosas polémicas lingüísticas que eclipsaban la acción del ejecutivo. El segundo, quedarse con los votantes de los regionalistas y, así, alcanzar una mayoría absoluta. Y el último, contentar a su jefe, el expresidente español José María Aznar, que aspiraba a ganarse la confianza de Convergència i Unió desactivando –ahora sabemos que solo momentáneamente– el anticatalanismo.

Operación AVL: el pacto lingüístico de los valencianos Operació AVL: el pacte lingüístic dels valencians (Vincle Editorial, 2021), que es el único estudio sobre la trayectoria del ente. El también docente otorga al organismo un papel clave hasta el punto de afirmar que hasta el año 2006, cuando la institución se incorpora al Estatuto de Autonomía, "no se culmina la Transición" en el País Valenciano.

Pero llegar a la protección estatutaria –que ahora evita que PP y Vox puedan cerrar la AVL sin el voto favorable de los partidos progresistas– no fue fácil. Antes, el organismo tuvo que superar las coacciones del ejecutivo del expresidente Francisco Camps que en 2004 envió a un pleno del ente al entonces consejero de Cultura, Alejandro Font de Mora, para que leyera un comunicado en el que amenazaba con medidas legales contra la institución si se pronunciaba sobre el nombre de la lengua. Los intentos de intimidación fracasaron y, un año después, los académicos proponían el uso de la denominación catalán-valenciano. La decisión reforzó el organismo que sumó el apoyo de sectores valencianistas y de la izquierda transformadora que hasta aquel momento habían desconfiado de la AVL porque incluía grupos originalmente secesionistas. Aquella firmeza también fue clave porque, nueve años después, la Academia aprobó una definición de la lengua que defendía la denominación histórica de valenciano, pero que, a la vez, reconocía la unidad del catalán. "El PP crea la institución [con el PSPV], pero después la ataca cuando tiene necesidades demoscópicas. Para ellos la lengua es una moneda de cambio", resume Castillo.

Fomentar el uso, el gran reto pendiente

Superados los debates filológicos, la AVL ha podido atender los retos del futuro. Lo más sencillo ha sido normalizar las relaciones con el Institut d'Estudis Catalans (IEC). Este hito se alcanzó en 2020 cuando, junto a la Universitat de les Illes Balears, las tres instituciones firmaron un protocolo de colaboración para crear un modelo de lengua unitario pero respetuoso con la variación geográfica. "Al inicio el Institut quería sumisión", se queja Castillo, que subraya que la llegada a la presidencia del IEC de Teresa Cabré (2021) "facilitó" el entendimiento.

Mucho más difícil se prevé la tarea de fomentar el uso de la lengua, que se encuentra pendiente desde 2001, cuando se firmó el Pacte pel Valencià. El acuerdo incluía dos encargos: la creación de la AVL y la promoción del catalán. Como es conocido, el primer objetivo se ha alcanzado, pero el segundo ha quedado en papel mojado. Lo demuestra, por ejemplo, que en 25 años ningún gobierno, ni progresista ni conservador, ha aprobado un requisito lingüístico para el acceso a la administración o que el modelo de inmersión lingüística –que no se aplicaba en todo el territorio– fue derogado. En resumen, mucho trabajo por hacer que, ahora, además, está en manos del PP y Vox.