Alcaldes de Junts presionan para endurecer el empadronamiento

Barcelona"En el tema del padrón debe haber un cambio. No es lógico que puedas empadronar a una persona que dice que vive en el río". De este modo el secretario general de Junts, Jordi Turull, apostaba en una reciente entrevista en Europa Press por una revisión de la inscripción que hacen los municipios de las personas que viven en ella. Una propuesta que responde a una presión interna, que se ha intensificado en los últimos tiempos, de los alcaldes de Junts para endurecer las condiciones de empadronamiento y realizar una serie de reformas de las ayudas sociales ante el auge de la inmigración y también de las "ocupaciones", sostienen. Según fuentes conocedoras de este lobi interno, una serie de alcaldes se han hecho suyo un informe elaborado por uno de los asesores de Junts en la Diputación de Barcelona, ​​en el que se diagnostican, según ellos, los "problemas" que actualmente tiene el mundo local y en los que se proponen una serie de cambios legales que aspiran a que la dirección de Junts en pleno se haga suyos.

Los alcaldes citan aspectos como el empadronamiento de personas recién llegadas o el padrón en relación con las ocupaciones, pero no sólo: también piden cambios en el acceso al sistema de ayudas sociales o los requisitos por los que se dan prestaciones. Entre otras cosas, se habla de reformar la ley de bases del régimen local, que es la normativa que incluye la regulación del padrón y que es de competencia estatal. Así, pretenden que Junts lleve esta cuestión a la mesa de negociación con el PSOE y que se impulse una iniciativa en el Congreso. De hecho, los junteros ya han promovido cambios en el Código Penal para agilizar los desempleos, una reivindicación también de los alcaldes.

Ahora bien, no todo el mundo dentro de Junts ve bien las aportaciones de los alcaldes. "Hay una visión distinta del territorio y de una parte del grupo parlamentario y la dirección nacional", reconocen fuentes locales consultadas por el ARA, ya que una parte de Junts recela de coger la bandera de endurecer el empadronamiento, que hasta ahora ha ondeado en solitario a la extrema derecha.

Otras fuentes consultadas de Junts abogan por abrir el debate más allá y no centrarse en la cuestión del padrón, sino abordar cómo Catalunya, que necesita inmigración –remarcan–, absorbe este aumento de población sin saturar los servicios públicos, relatan. Ponen como ejemplo la socialdemocracia danesa, que ha hecho políticas restrictivas con la inmigración partiendo de la argumentación para reducir la pobreza, dicen.

Reunión de reflexión

Según las fuentes consultadas por el ARA, este mismo viernes ha habido una reunión en la que han asistido varios alcaldes de Junts, una parte de la dirección nacional –Turull se ha conectado a distancia– y representantes del grupo del Parlament, del Congrés y del Senado. "Nos hemos escuchado todos", asegura uno de los consultados, mientras que otro también coincide en que el encuentro ha servido para poner en común las distintas posiciones. "Hay que hablar de ello", se reafirma otro concejal, mientras un alcalde asegura que no solo ellos están reclamando cambios en el padrón, sino también, en privado, los alcaldes del PSC del área metropolitana.

En el último congreso de Junts, el partido llegó a un consenso en relación con la inmigración que consistía en impulsar un pacto nacional para las políticas de integración. Se especificaba, entre otras cosas, la "obligatoriedad" de los ayuntamientos de empadronar y que, de este hecho, se derivaran "derechos y deberes". Este posicionamiento se considera laxo por parte de algunos alcaldes de Junts, que son partidarios de una línea más dura. De hecho, hay quien reclama que se recupere la idea de hacer una convención concreta para debatir internamente sobre inmigración, una idea que la formación aparcó –pese a estar prevista para finales del 2024– porque decidió incluir la reflexión dentro del congreso de octubre.

El crecimiento de AC

Sólo hay que repasar la hemeroteca de los últimos meses para constatar que, desde el territorio, reclaman más mano dura a la dirección nacional. hacer agujero sobre todo en la Cataluña interior, feudo tradicional de Junts. Tal y como publicó el ARA, el alcalde de Figueres, Jordi Masquef, está dando de baja a personas del registro –hasta 804 el último año–; el alcalde de Vic, Albert Castells, pedía en una entrevista a El Punt Avui, el pasado mes, una "revisión profunda del padrón"; el alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, aseguraba también hace unas semanas que no empadronaría a okupas –salvo que le obligara la justicia–; o el concejal en Manresa, Ramon Bacardit, decía "suficientemente" a más inmigración en el último pleno del Ayuntamiento, que está liderado por el alcalde Marc Aloy, de ERC. Una línea que también comparten los alcaldes del Maresme, liderados por Marc Buch (Calella), o Arnau Rovira, de Manlleu. Desde Sant Cugat, el alcalde Josep Maria Vallès ha abogado por una medida diferente: reformar la ley catalana para que, para acceder a pisos de protección oficial, sea necesario un mínimo de diez años de empadronamiento.

Por ahora, sin embargo, la dirección nacional pide tiempo para conciliar el discurso y todas las sensibilidades internas.