Anticorrupción pide prisión para 49 concejales y asesores del PP de la época de Rita Barberá

ValenciaHasta 49 peticiones de prisión, la más alta de las cuales contra Alfonso Grau (15 años), que fue la mano derecha de Rita Barberá y vicealcalde de Valencia durante los años de gobierno del Partido Popular, es lo que pide la Fiscalía Anticorrupción por el presunto cobro y blanqueo de fondos provenientes de empresarios que les daban a cambio de adjudicaciones municipales. En el caso de Grau, también por haber participado junto a dos exresponsables de empresas municipales en el presunto desvío de 1,8 millones de euros de fondos públicos para financiar campañas electorales de los conservadores. En conjunto, podría ser juzgado por los delitos de blanqueo, malversación y soborno continuo, por los que la Fiscalía le pide 6, 4 y 5 años de prisión, además de pagar una multa de 100.000 euros y devolver los 1,8 millones desviados.

Además de Grau, Anticorrupción pide una multa de 146.000 euros para el PP como responsable y penas que van de los 4 a los 15 años de prisión por delitos de blanqueo, malversación y soborno a 48 procesados más, la mayoría concejales y asesores del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, que presuntamente recibieron dinero negro de manos de algunos responsables del partido –1.000 euros cada uno– y los blanquearon mediante transferencias bancarias a la cuenta de la formación conservadora. Estos poco más de 50.000 euros, provenientes supuestamente de empresarios que se los daban a cambio de contratos, habrían ayudado a sufragar la campaña de las elecciones municipales de 2015. La otra gran afectada es la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster, para quien Anticorrupción pide diez años de prisión y una multa de 100.000 euros.

En 2015 Alfonso Grau abandonó los cargos en el Ayuntamiento y del PP por sus "problemes judiciales" en el caso Nóos, y fue sustituido por Alfonso Novo, en ese momento concejal del equipo de gobierno de Barberá y llamado a ser uno de sus posibles sucesores. Pero entonces la Fiscalía recibió un sobre anónimo en el que se denunciaba que "el nuevo recaudador, Alfonso Novo, está realizando esta operativa delictiva".

Dos años después, un informe de la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil certificó que el PP de Valencia se habría financiado irregularmente durante las campañas electorales del 2007, el 2011 y el 2015. El documento también afirmaba que la estructura provincial de la formación conservadora era conocedora de esta situación y que Alfonso Grau habría sido el cerebro de la trama.

De hecho, el germen de esta pieza judicial tiene el origen en el caso Imelsa, que se destapó cuando se descubrieron irregularidades en la gestión de la empresa pública del mismo nombre, dependiente de la Diputación de Valencia, y se extendió hasta desarrollarse en una decena de piezas en las que se investigan corruptelas en el Ayuntamiento, la Diputación y la Generalitat durante los sucesivos gobiernos del PP.

El presidente del Partido Popular del País Valenciano, Carlos Mazón, reclamó recientemente al resto de formaciones políticas que "dejen descansar en paz a Rita Barberá". De este modo intentó salir al paso de las críticas a la gestión de la exalcaldesa de Valencia, incrementadas ahora a raíz del procesamiento de 49 concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia por presunto blanqueo de capitales en las elecciones municipales del 2015.