El gobierno español realizará una regularización extraordinaria de medio millón de migrantes
Podemos anuncia el acuerdo con el PSOE entre críticas de la derecha, que lo ve como un intento de "desviar la atención" de la crisis ferroviaria
MadridPacto entre el PSOE y Podemos para regularizar a los inmigrantes irregulares que ahora mismo están en España. Así lo ha anunciado la formación lila, a través de la eurodiputada Irene Montero, en un acto este lunes en Madrid, donde ha anunciado que el gobierno español hará un decreto de forma inmediata para poner fin a la situación de irregularidad de estas personas en el seno de España. Fuentes de la Moncloa confirman al ARA que será este martes mismo. La medida afectaría a medio millón de migrantes (de los que más de 150.000 residen en Catalunya), según cálculos de la formación lila, los cuales tendrán que acreditar cinco meses de residencia en España previos al 31 de diciembre del 2025. Tendrán tiempo para realizar los trámites hasta dentro de seis meses, el 30 de junio.
Según fuentes de Podemos, esta medida se vehiculará a través de un real decreto que aprobará el ejecutivo español y que no requiere ser convalidado en el Congreso, lo que blinda la decisión ante las dudas que pudieran tener grupos de la mayoría plurinacional. De hecho, cabe recordar que esta medida se había impulsado a través de una iniciativa legislativa popular (ILP) y estaba detenida en el Congreso.
El pacto es fruto de una negociación entre los lilas y el gobierno español que ha durado meses y que significa un paso adelante en la maltrecha relación de los de Irene Montero y Pedro Sánchez. "Es una medida urgente y de justicia social que reconoce los derechos de cientos de miles de personas que viven y trabajan" en España, defienden fuentes de Podemos. "Hasta ahora se les han negado los derechos básicos por un ejercicio de racismo institucional que sólo alimenta la explotación y el odio racista", han manifestado.
El mensaje de Podemos es que ante hechos como los del B9 de Badalona, Torre Pacheco o las redadas del ICE en Estados Unidos (con dos asesinatos incluidos), es necesario regularizar la situación de las personas de origen migrante que ya están en el Estado español. "España ha demostrado en el pasado que regularizar es posible y eficaz para aflorar el trabajo, reducir la economía sumergida y mejorar la convivencia. No valen más excusas, sólo depende de voluntad política", resuelven las mismas fuentes. Desde Sumar también han celebrado la noticia: "Es necesaria".
Con esta iniciativa, el PSOE se acerca a los partidos a su izquierda y confronta directamente con Vox, que no tardó en pronunciarse en contra. En un mensaje a X, el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, puso el grito en el cielo y opinó que la medida es una demostración de que "Sánchez odia al pueblo español" y "quiere sustituirle" promoviendo un supuesto "efecto llamamiento" para "acelerar la invasión". En una línea similar se ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo. El presidente popular ha opinado que es un intento de "desviar la atención" de la crisis ferroviaria y ha criticado que se "premie la ilegalidad".
Los detalles de la medida
A la espera de conocer el decreto del gobierno español, que confirma las líneas maestras anunciadas por Podemos, la medida se aplicará a las personas que estuvieran en el Estado antes del 31 de diciembre, sin "antecedentes penales relevantes" y con cinco meses de estancia desde el momento de la solicitud. Para acreditarlo, no sólo contará el empadronamiento, sino que también será posible demostrarlo a través de informes médicos, certificados de asistencia de recursos sociales, un contrato de alquiler, factura de suministros y billetes de transportes, entre otros documentos.
En el momento que se presente la solicitud de regularización, explican desde Podemos, se suspenderán los procedimientos de retorno que estuvieran abiertos por motivos administrativos o para trabajar sin permiso. Admitida la petición, se concederá la residencia provisional que permita trabajar de "forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria". Una vez que la resolución administrativa sea favorable, se concederá la residencia por un año, a partir del cual se podrá solicitar una autorización ordinaria de acuerdo con el reglamento de extranjería —dicen las fuentes del partido lila.
La última regularización que se hizo en España se remonta a hace dos décadas. En 2005 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó un mecanismo para regularizar a más de 570.000 personas aprovechando la reforma de la ley de extranjería, en la que se introdujo la vía del arraigo social para obtener la residencia. Tanto el PSOE como el PP, todos los presidentes salvo Mariano Rajoy, han utilizado este proceso extraordinario para intentar reducir al gran número de extranjeros en situación irregular. El primero en utilizar este mecanismo fue Felipe González, que abrió dos procesos (1985 y 1991), mientras que José María Aznar haría tres (1996, 2000 y 2001). En total, más de un millón y medio de personas han podido tener permiso de residencia a través de estos mecanismos.