Argelia congela las operaciones comerciales con España

MadridLa relación entre España y Argelia se agrava dos meses y medio después del giro de España en relación con el Sáhara Occidental. El país norteafricano ha ido un paso más allá este miércoles en su protesta con un doble movimiento: por un lado, ha anunciado la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España, un acuerdo firmado el 8 de octubre del 2002 por el expresidente José María Aznar, que establece el marco legal de las relaciones bilaterales entre los dos países. Y poco después ha ordenado la congelación de todas las operaciones bancarias relacionadas con importaciones y exportaciones con España a partir de este jueves, según un comunicado de la Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros (ABEF) recogido por la agencia Efe. Antes de conocer este último hecho, España no había dado por rotas las relaciones, se había "reafirmado" en el tratado de amistad y había garantizado la continuidad del suministro del gas argelino.

"Las autoridades españolas han emprendido una campaña para justificar la posición que han adoptado sobre el Sáhara Occidental, una violación de las obligaciones legales, morales y políticas como poder administrador del territorio que pesan sobre el Reino de España", han apuntado a la agencia Efe fuentes de la presidencia del gobierno de Argelia, que consideran que es "injustificable" que la Moncloa virase en marzo su posición en relación con el Sáhara y aceptara la propuesta de autonomía de Marruecos. El 19 de marzo el país norteafricano ya retiró su embajador en el estado español después de que Marruecos hiciera públicos fragmentos de la carta del presidente español, Pedro Sánchez, al rey Mohammed VI en la que se ponía junto al reino alauí. En aquel momento Argelia habló de "segunda traición histórica", en referencia al acuerdo firmado el 14 de noviembre de 1975 por el cual España cedió la administración del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, que contravenía su compromiso de convocar un referéndum de autodeterminación en la región.

Durante su comparecencia de este miércoles en el Congreso –para dar explicaciones, precisamente, sobre la nueva relación con Marruecos–, el mismo Sánchez ha admitido que el giro del estado español en el conflicto con el Sáhara está "contaminando e intoxicando las relaciones de dos socios estratégicos para España como son Marruecos y Argelia". "Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir a una solución", ha añadido. De hecho, el presidente español ha admitido que España está "directamente implicada" en el conflicto saharaui. Cosa que, precisamente, le reprochan sus socios de coalición y de investidura cuando Sánchez justifica la posición de La Moncloa comparándola con la de países vecinos como Alemania o Francia. Le recuerdan que justamente porque España ha sido una potencia colonizadora el giro en el conflicto toma todavía más relevancia. En el Congreso, el PSOE se ha vuelto a quedar solo. Y el PP ya ha pedido la comparecencia en la cámara baja del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, una petición a la cual se ha sumado Cs, que también ha pedido explicaciones a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Un gesto con consecuencias inmediatas

Pero, ¿qué supone la suspensión del tratado de amistad? Es una muestra más del malestar de Argelia con España, pero también se puede traducir en consecuencias tangibles en las relaciones comerciales de los dos países o en el control de los flujos migratorios. "Argelia no es el socio comercial que es Marruecos, pero sí que es un socio económico importante a través de los hidrocarburos", apunta el profesor de derecho internacional de la Universidad Complutense de Madrid Isaías Barreñada. De momento, Argelia ha congelado las operaciones bancarias para importar y exportar productos, según el anuncio del ABEF, que es quien comunica las notificaciones del ministerio de Finanzas a los bancos argelinos. Antes de hacerse público este movimiento, el ministro de Exteriores, José Luis Albares, ha intentado mandar un mensaje de tranquilidad y, en declaraciones a los medios de comunicación después de conocer la suspensión del tratado, ha asegurado que el país que preside Abdelmadjid Tebboune ha dado "garantías al máximo nivel" en materias como el gas o las migraciones.

"No hay ningún problema con Argelia en relación con el suministro energético", había insistido esta mañana Pedro Sánchez. Esta cuestión ha estado sobre la mesa desde que estalló la crisis. "Las relaciones son con sociedades contractuales entre empresas y no quiero generar especulaciones", ha defendido Ribera, que ha confiado que la relación con Argel "se pueda reconducir". Naturgy garantizaba hace unos días que el contrato con la empresa de gas argelina Sonatrach continúa vigente. "El contrato que tenemos con Sonatrach tiene dos partes, una son los contratos de precio y otra el contrato de cantidades. Este es a largo plazo y no nos han dicho que tenga que estar en ningún momento bajo sospecha o revisión", decía el presidente de Naturgy, Francisco Reynés. "Es decir, que la decisión que ha tomado el gobierno argelino respecto a su interpretación del problema marroquí no tiene por qué afectar el contrato de suministro, vigente hasta el año 2032 y con voluntad de las partes que se pueda renovar", añadía.

Albares ha reiterado la voluntad de tener "las mejores relaciones con Argelia [...], basadas en el respeto mutuo y la cooperación y en todo lo que es mutuamente beneficioso para nuestros pueblos". Desde el gobierno español, de hecho, aseguran que mantienen la vigencia del tratado y ponen especial énfasis en la parte del preámbulo que defiende los principios del "derecho internacional" y, en concreto, los "principios de igualdad soberana de los estados, de no-injerencia en los asuntos internos y del respecto del derecho inalienable de los pueblos a disponer". "El gobierno de España considera Argelia un país vecino y amigo y reitera su plena disponibilidad para continuar manteniendo y desarrollando las especiales relaciones de cooperación", sentencian fuentes del ministerio. Ahora bien, si una parte rompe el tratado, el texto queda bloqueado.