Asturias, tampoco: el gobierno español solo tendrá Cataluña a su lado para la nueva financiación
Hacienda no tira la toalla y espera seducir a otra comunidad para obtener al menos una abstención
MadridJulio será un mes trepidante para el ministerio de Hacienda. No solo porque ha puesto en marcha la maquinaria para presentar los presupuestos de 2027 –con la votación de la senda de estabilidad en el Congreso y la presentación del techo de gasto–, sino porque será clave para el modelo de financiación. Después de casi dos años de negociación con Esquerra y la Generalitat, esta semana el ministerio tiene previsto enviar por escrito el borrador de la nueva ley del sistema de financiación y el 29 de julio el ministro Arcadi España lo oficializará en una nueva reunión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y será en este encuentro en el que todas las autonomías de régimen común (País Vasco y Navarra quedan fuera) votarán en contra del modelo a excepción de Cataluña.
El voto en contra de las comunidades gobernadas por el PP –casi todas– se daba por descontado desde el primer día. También el voto de Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García Page, que es el principal crítico de Sánchez dentro del PSOE; pero el gobierno español sí que pretendía convencer a Asturias, donde el también socialista Adrián Barbón gobierna desde 2019. Ahora bien, después de varios contactos bilaterales con Hacienda, desde el ejecutivo asturiano confirman a la ARA que votarán en contra del nuevo modelo. "Asturias no puede votar a favor de esta propuesta", afirman desde el gobierno autonómico, "va en contra de lo que estamos defendiendo desde hace más de una década", resuelven. Ante esta posición, desde el gobierno español se muestran resignados a quedarse solos con Cataluña, a pesar de que desde el ministerio no tiran la toalla y buscan un voto a favor o al menos una abstención a última hora de alguna comunidad (excepto las tres socialistas y Canarias, con presidente de Coalición Canaria, el resto están gobernadas por el PP).
La declaración de Santiago
Fuentes del gobierno asturiano recuerdan que a escala autonómica los socialistas y los populares tienen un acuerdo sobre cómo se debería reformar la financiación desde el año 2020. Un pacto inimaginable a nivel estatal. Asturias también firmó la declaración de Santiago de Compostela en el año 2021 junto con otras siete autonomías para fijar una postura consensuada de cara a la reforma de la financiación.
Lo asumieron, además de Asturias, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja (entonces gobernadas por el PSOE), Castilla y León, Cantabria (que gobernaba el PRC) y Galicia, en aquel momento gobernada por Alberto Núñez Feijóo, ahora líder del PP estatal. Es decir, comunidades que tienen problemas de despoblación importantes –de la llamada España vaciada– y que tienen intereses comunes a la hora de defender lo que debe tener en cuenta un nuevo modelo de financiación. Un posicionamiento que no coincide con el de otras comunidades más pobladas como Cataluña o el País Valenciano, Andalucía, Madrid y las Islas Baleares.
La declaración tenía 35 puntos e iba más allá de la financiación, pero sobre el modelo decía básicamente que todas las comunidades debían poder prestar unos servicios similares "independientemente de la capacidad de cada una de generar ingresos tributarios". A la hora de calcular el trozo de pastel que le toca a cada comunidad, el documento especifica que se debe premiar especialmente el envejecimiento de la población –ya que el coste sanitario y de dependencia se dispara–; la dispersión geográfica, la orografía o la despoblación. Asimismo, rechazan cualquier sistema que pueda salir de un acuerdo bilateral, como ha pasado en este caso con la financiación pactada entre ERC y el gobierno español, y reclaman que el sistema se debata en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es un organismo multilateral.
Hacienda recuerda que todos ganan
Desde el gobierno español recuerdan que con el modelo nuevo todas las comunidades saldrían ganando. Aseguran que se garantiza la autonomía y la solidaridad de todos también, así como una aportación extra de recursos del Estado inédita de hasta 20.975 millones de euros (que no se ha detallado de dónde saldrían). Ahora bien, también es cierto que, en contra de lo que reclaman Asturias y el resto de comunidades de la declaración de Santiago, el sistema pactado con ERC da más peso a las comunidades en la participación de los ingresos tributarios del IVA y el IRPF (lee aquí las claves del modelo).
En el ranking por comunidades, tal como avanzó el ARA, quien más ganaría con recursos en el nuevo modelo de financiación sería Andalucía (4.846 millones de euros) y después Cataluña (4.686 millones de euros) y Comunidad Valenciana (3.669 millones), aunque donde sobre todo se equilibraría el modelo es en la ordinalidad, ajustando la posición relativa de aquellas que más aportan para que no caigan en el ranking después de la aplicación del modelo.
Las autonomías de la declaración de Santiago, en términos absolutos, ganarían menos, teniendo en cuenta que ahora ya están sobrerfinanciadas: Asturias, 248 millones de euros o Galicia, 587 millones. Extremadura y Cantabria se quedarían igual que en la actualidad gracias a la llamada cláusula de statu quo, que garantiza que ninguna comunidad reciba menos de lo que recibía con las actualizaciones del sistema.
La aprobación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
A pesar del no mayoritario de las comunidades, el modelo de financiación saldrá adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que el ministro de Hacienda tiene la mitad de los votos y además se sumará el voto afirmativo de la Generalitat. Ahora bien, donde realmente el gobierno español se jugará las castañas es en el Congreso de los Diputados, donde la nueva ley de financiación debe obtener la mayoría absoluta de la cámara.
La clave la tiene Junts. Hasta ahora se ha opuesto al sistema porque reclama un concierto económico, pero dejará que pase el primer debate, el de totalidad, para que comience al menos la discusión parlamentaria. ¿Cuándo llegará la hora de discutirse en el Congreso? Desde Hacienda no quieren poner fecha más allá del Consejo de Política Financiera del 29 de julio –después se debe aprobar en consejo de ministros y remitirlo a la cámara española–, pero el tiempo se les echa encima: puede haber elecciones españolas a partir del primer trimestre del año que viene y, si no ha acabado el proceso, todo puede quedar en papel mojado.