BarcelonaUn total de 46 agentes de la Policía Nacional irán a juicio por las cargas en escuelas de Barcelona el 1 de octubre de 2017. Así lo ha confirmado la Audiencia Provincial de Barcelona, que considera que existen indicios para juzgarlos por delitos de lesiones y contra la integridad moral en un auto notificado este jueves y consultado por el ARA. El tribunal rechazó así los recursos presentados por las defensas contra la decisión del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona. Las acusaciones populares, ejercidas por Irídia y Òmnium, habían pedido imputar a más agentes y mandos, una petición que la Audiencia de Barcelona ha rechazado. Durante el procedimiento, el ministerio fiscal había apoyado con carácter general las posiciones de las defensas de los policías.
Esta decisión llega mientras sigue atascada en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía, de la que se podrían llegar a beneficiar también los policías, siempre que, en caso de condena, no se les considerara incluidos en ninguno de los supuestos de exclusión (como por ejemplo haber cometido actos de trato inhumano o degradante). A la espera de la fecha del juicio, Irídia y Òmnium han celebrado que los 46 agentes se sienten finalmente en el banquillo tras "muchos años de trabajo" desde la sociedad civil. "Esta resolución supone un reconocimiento a que la actuación de la Policía Nacional no sólo fue desproporcionada, sino también delictiva", ha dicho la codirectora de Irídia, la abogada Anaïs Franquesa.
Las primeras querellas son del 2017
Las entidades presentaron sus primeras querellas en noviembre del 2017 y la causa, activa desde hace seis años y medio, llegó a tener 65 investigados. A partir de las declaraciones de los agentes y de las víctimas, de los informes de lesiones y de las imágenes y vídeos de los hechos, el instructor ha ido desescogiendo qué agentes habrían podido excederse en el uso de la fuerza teniendo en cuenta el edad de los manifestantes a los que lesionaron, la "mayor o menor violencia" de la actuación, el lugar donde los golpearon y si utilizaron o no las porras.
En su resolución, la Audiencia de Barcelona valida el método del instructor y recuerda que, pese a no haber participado directamente en los hechos, los mandos policiales imputados pueden ser igualmente responsables. "En el caso de los mandos, lo valorado es la posible temeridad o pasividad culpable en la forma de desarrollar el operativo", explica el tribunal. También recuerda a las defensas que las declaraciones de los agentes que negaron haber estado en el lugar de los hechos se han visto "desmentidas" por las imágenes que demuestran que, efectivamente, sí estuvieron. Si su actuación fue o no proporcional –sigue la Audiencia– deberá dirimirse en el juicio. En todo caso, recuerda que la orden judicial de desalojar a los colegios el 1-O instaba a los policías a actuar con "cautela" para evitar "efectos lesivos" sobre la ciudadanía. En total, 1.066 personas fueron atendidas por los servicios médicos el día del referéndum: 23 tenían más de 79 años y dos niños tenían menos de once.
Ésta no es la primera causa relacionada con las cargas del 1-O que irá a juicio. Cinco policías están procesados por el caso Roger Español, el manifestante que perdió un ojo durante las movilizaciones del referéndum debido al impacto de una pelota de goma.
La Generalitat sigue excluida de la causa
Sólo Irídia y Òmnium son acusaciones populares en esa causa. ¿Por qué no está la Generalitat? Porque tanto el instructor como la Audiencia de Barcelona consideran que el Govern no puede intervenir ni como perjudicado (en calidad de titular de los colegios electorales destrozados) ni como acusación popular, en este caso por falta de base legal. Este criterio choca con el que sostuvo la Audiencia de Girona en la causa de las cargas de policías el 1-O en la provincia, donde la Generalitat sí pudo personarse, y que finalmente acabó archivada a finales del pasado año.
De la investigación de la actuación policial en Barcelona también quedó fuera el Ayuntamiento de la ciudad. Los tribunales consideraron que no había ninguna norma legal que le amparase a ser acusación en una causa como ésta.