El PP retira en el Senado la reforma legal que permitía reducir penas a presos de ETA
La mayoría plurinacional camufla en una reforma una modificación que la derecha no vio
MadridPor la puerta trasera, la mayoría de la investidura introdujo una reforma legal que podría provocar la rebaja de penas de presos de ETA y que, de forma sorprendente, contó con el visto bueno del PP y Vox. La derecha española avaló en el Congreso una proposición de ley que este martes debía recibir el visto bueno del Senado, pero los conservadores han estudiado la forma de detenerla en cuanto han leído en El Confidenciallos efectos que podría tener. Según el recuento de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, 44 personas se descontarían en los años que han cumplido en Francia y siete serían excarceladas en los próximos meses. Aprovecharán su mayoría absoluta en la Cámara Alta para retirar la votación del orden del día del pleno.
Se trata de una iniciativa que modifica la ley orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. El gobierno español introdujo un proyecto de ley por la vía de urgencia para adaptar a la legislación una española una directiva europea de 2019 que llevaba tiempo pendiente. Sin embargo, en aquel trámite no había ningún cambio polémico. Fue en la fase de enmiendas que Sumar —no el PSOE ni EH Bildu— introdujo dos modificaciones: una es la supresión de la disposición adicional única y la otra un nuevo artículo 14.1, que persiguen que las penas cumplidas fuera de España también computen en el Estado. Por tanto, esto afectaría a etarras que han cumplido condenas en Francia.
Estos cambios se pusieron en el texto que se votaba en la comisión de Justicia por asentimiento —no se llegaron a votar—, por lo que los partidos de derechas no se opusieron. Después, el texto se elevó a pleno y el pasado 18 de septiembre se aprobó por unanimidad. Nadie hizo comentario alguno sobre si podía tener alguna implicación en exmiembros de ETA. De hecho, su impulsor, el diputado de Sumar Enrique Santiago, ha argumentado que se trataba de acabar con "discriminaciones" que se producían ahora en España: un ciudadano europeo condenado en España podía gozar del mismo tratamiento penitenciario en su país y, en cambio, un español condenado en otro estado de la UE no podía hacerlo si volvía al Estado. "El PP y Vox vuelven a recurrir al fantasma del terrorismo, que hace más de una década dejó de existir", lamentó en declaraciones a los medios.
Desde el PP denuncian una "jugada" del gobierno español de falta de transparencia y justifican su voto favorable por un "error generalizado". El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, se disculpó personalmente con la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ahora presionan al PSOE porque, una vez que se han hecho públicos los efectos que podría tener la aprobación de esta medida –haberla sacado del orden del día del pleno de este martes no quiere decir que muera su tramitación , sino que sólo se pospone–, se mueva. Lo que piden al gobierno español es que retire el proyecto de ley.
La posición del PSOE
Esta mañana el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anotó que la tramitación había sido "absolutamente pacífica". Fuentes del PSOE destacan que las enmiendas de Sumar compartían el propósito de "actualización y mejora de la seguridad jurídica" de las personas que ya han cumplido una parte de la condena fuera de España, y que no fueron objeto de crítica. Es más, remarcan que el nuevo artículo 14 reproduce "de forma literal la fórmula que recogía el proyecto de ley que el PP remitió originalmente a las Cortes españolas y recoge el criterio del consejo de Estado".