¿Puede caer toda la causa contra Cristóbal Montoro?

BarcelonaEl caso Montoro es uno de los escándalos más sonados de los últimos años debido a que se trata de presunta corrupción en el corazón del Estado, en el ministerio de Hacienda, y porque el modus operandi representa un torpedo en la línea de flotación del sistema democrático: el exministro del PP utilizaba, supuestamente, su influencia en el seno del gobierno de Mariano Rajoy para beneficiar a sectores económicos concretos que, a su vez, pagaban a un lobi, Equipo Económico, fundado por él mismo. Ahora bien, pese a la sospecha de los investigadores de los Mossos d'Esquadra de que Montoro se lucró de esta facturación a través de testaferros y empresas pantalla, ¿es posible que la causa acabe en nada?

Penalistas de primera línea consultados por el ARA avisan de que hay dos puntos de la investigación a los que las defensas, tanto de Montoro como de Equipo Económico, se pueden coger para derribarla como un castillo de naipes; incluso aunque la tesis de los Mossos sea cierta y realmente se produjera este tráfico de leyes. Señalan dos elementos procesales: la duración del secreto de sumario y el hecho de que se trate de una pieza separada de otra causa madre en manos del propio juzgado, el de instrucción número dos de Tarragona.

El secreto

Los Mossos investigaban un delito contra la ordenación del territorio cuando, en el marco de un cacheo en la empresa Messer Ibérica, encontraron un correo electrónico entre dos directivos de la empresa en el que aseguraban que la vía más "directa" para conseguir una exención fiscal era pagar al despacho conectado a Montoro, Equipo Económico. A partir de ahí, el juez instructor, Rubén Rus, decide abrir una pieza separada pero la pone bajo secreto de sumario y va prorrogando este estado durante siete años, desde que acepta el caso en el 2018 hasta la reciente imputación de Montoro, este pasado julio.

"Es gravísimo", dice explícitamente el letrado Xavier Melero, ya que argumenta que se ha producido una investigación durante siete años sin que pudieran intervenir los afectados. Así, augura que es por dónde atacarán las defensas, ya que se han ido "constituyendo las pruebas sin que ellos hayan podido decir la suya". "No se han podido contradecir los indicios", apunta. Tiene una opinión similar el penalista Marc Molins, quien cree que los siete años de secreto podrían acabar comportando la nulidad de la causa. Deja claro que el secreto de sumario es legalmente válido si la personación de las partes puede "entorpecer" la investigación, pero añade que debe estar debidamente justificada. Cita la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que explicita que no puede haber una "posposición maliciosa del derecho de defensa", ya que, si esto sucede, puede ser un motivo de nulidad del caso entero. "Debe ser con cuentagotas", asegura.

Defiende una aproximación diferente al penalista Ramon Setó. Compartiendo que se trata de un punto atacable por parte de las defensas, cree que el juez instructor del caso, Rubén Rus, seguro que se ha curado en salud a la hora de justificar las prórrogas. ¿Y cómo las ha justificado? En el marco del sumario, Rus va prorrogando el secreto de la instrucción alegando la complejidad de la causa o esperando diligencias concretas. En uno de los autos argumenta, por ejemplo, que teniendo en cuenta la solicitud de la fiscalía de los registros de las operaciones de Messer Ibérica de Gasas y Equipo Económico con terceros se necesita prorrogar el secreto porque, al no hacerlo y tener que notificarlo a los investigados, podría verse "frustrado" el transcurso de la investigación. En otros trámites, es más genérico y afirma: "Teniendo en cuenta las diligencias que se están desarrollando, resulta procedente prorrogar la declaración de secretos de las actuaciones".

Cuando estalló el caso, el primer comunicado que emitió Equipo Económico ya apuntaba que iría en la línea de impugnar esta actuación. "Equipo Económico denuncia la indefensión que ha sufrido teniendo en cuenta que el procedimiento judicial ha estado en una situación de secreto de las actuaciones durante siete años, algo absolutamente anómalo", decían. El abogado y profesor de la UB, Joaquim Bages, explica que será el propio juez, la Audiencia de Tarragona y en última instancia el Tribunal Supremo quien decidirá si ha habido o no una vulneración de derechos por infracciones procesales.

La pieza separada

La causa Montoro se inició "de forma casual" durante el registro de la empresa Messer Ibérica de Gases en Tarragona. Es en el marco del vuelco de los correos electrónicos de esta sociedad que se descubre un mensaje en el que se señala que pagar a Equipo Económico, empresa vinculada a Montoro, es la vía "más directa" para conseguir la rebaja fiscal que buscan. En agosto del 2018, con los indicios que aportan los Mossos, el juez decide abrir una prenda separada en el marco de la misma investigación.

En este punto, Joaquim Bages explica que un hallazgo "casual" no impide en ningún caso investigar, sino que la limitación es que no sea una instrucción "prospectiva", en el sentido de "causa general". Lo que se valorará en el caso Montoro, aclara, es si lo que halló la policía catalana constituía un indicio suficiente de delito para abrir una investigación separada. Melero dice que para que pudiera quedar en manos del propio juez, se necesitan unas reglas de "conectividad claras" entre los casos, "de sujeto, objeto y fundamento". En caso contrario, añade, es necesario que el caso salga a reparto y vaya a parar a manos de otro juez.

Decisión colegiada

Más allá de los problemas procesales a lo largo de la instrucción, Bages también apunta a otro argumento más "sustantivo". Afirma que uno de los argumentos que puede utilizar la defensa es que las modificaciones legislativas que se hicieron para conseguir las exenciones fiscales en las empresas estaban "cimentadas" en el "interés público". Así, cree que es necesario analizar las exposiciones de motivos de estas reformas legislativas y también tener en cuenta que eran decisiones colegiadas del Congreso de los Diputados. "Son medidas que no dependen de la voluntad de una sola persona y que estaban fiscalizadas", apunta Bages sobre uno de los argumentos que pueden alegar las defensas.

Después de siete años de instrucción, pues, ahora comienza una batalla de recursos y contrarrecursos con la que los abogados de Montoro y de Equipo Económico intentarán desmontar la investigación y derribar el caso.