Casado, obligado a 'desvoxificar' el TC

MadridLa necesidad, dicen, tiene rostro de hereje. Y Pablo Casado le ha visto las orejas al lobo Santiago Abascal en el Tribunal Constitucional. Los Plenos del TC se han convertido en una tercera cámara legislativa en la cual el liderazgo es del partido de la ultraderecha contra todo lo que se mueve en el Gobierno y el Congreso.

Fue Cuca Gamarra, portavoz del 1P en el Congreso de Diputados, quien mejor expresó la humillación del PP el pasado 5 de octubre al declarar el Pleno del TC la inconstitucionalidad del cierre simbólico del Congreso a raíz de la pandemia en marzo de 2020.

 “Este nuevo varapalo por parte del Constitucional a raíz del recurso de Vox, al que hay que felicitar por el mismo, lo que viene a reafirmar es que durante la pandemia lo único que se ha producido es la vulneración de derechos fundamentales”, dijo.

¿Ha tenido alguna influencia la exhortación del comisario europeo de Justicia Didier Reynders, el pasado 20 de septiembre, sobre este giro copernicano de Pablo Casado, cuyo partido insistió al día siguiente, 21 de septiembre, en su rechazo a pactar la renovación, porque Pedro Sánchez, según el portavoz del grupo popular en el Senado, Javier Maroto, “no es un presidente normal”?

“No. Los intereses de partido del PP están por encima de todo. Lo que ahora le conviene es cambiar el TC, La gente cree que el tema central es el enfrentamiento del PP con el PSOE y que cada sentencia que el TC dicta contra el gobierno tiene el impulso del PP. Pero no es así. Porque el TC no falla a favor del PP sino de Vox”, señala una fuente judicial al ARA.

Tres son los mandatos ya caducados: Juan José González Rivas (presidente); Encarna Roca (vicepresidenfa); y Andrés Olleeo. Y hay una cuarta vacante, la de Fernando Valdés. Los cuatro serán cubiertos a partes iguales a propuesta de PP y PSOE.

La evolución de Encarna Roca

Encarna Roca, vicepresidenta del TC, es la representación del deslizamiento de la mayoría del TC hacia Vox. Ella ha protagonizado un viraje espectacular desde su incorporación como magistrada con barniz pseudoprogresista hasta su actual militancia jurídica a favor de los recursos de Vox.

Ya en marzo pasado, la vicepresidenta hizo un voto particular contra la desestimación de un recurso de inconstitucionalidad de Vox contra el uso del bable por parte de la mayoría del TC. Ha sido favorable a admitir a trámite varios recursos de Vox.

Dos recursos de amparo de amparo de Vox piden protección ante el contenido de  los juramentos de los diputados en la legislatura anterior y la presente.  El presidente del TC, Juan José González Rivas, favorable a desestimar este tipo de recursos encargó un informe a los letrados para que aclarasen si se trataba de un recurso de amparo o más bien lo que se denomina un “contraamparo”.

El recurso de amparo defiende que se ha vulnerado o no reconocido un derecho propio. Pero los miembros del grupo parlamentario de Vox, recurrente, pudieron jurar como les parecía adecuado y tomaron posesión de su escaño sin perjuicio alguno. Lo que pretende Vox con su recurso es cuestionar el derecho de los otros que habían jurado de manera diferente.

En todo caso, el recurso de amparo no era la vía para dirimir la cuestión porque esa vía exige la protección de derechos fundamentales. Vox quiere ejercer el derecho fundamental de impedir el derecho fundamental de otros. Por eso se llama un “contraamparo”. 

Como la batalla para admitir este recurso en la sala primera del TC estaba perdida, Encarna Roca, presidenta de la sala segunda, hizo circular un escrito para provocar que el asunto pasara a Pleno. Hubo cinco firmantes del escrito.

Estos recursos serán abordados en el Pleno previsiblemente en 2022. El “bloque de Vox” contaba con Encarna Roca para tumbar el primer estado de alarma y declarar la inconstitucionalidad del confinamiento, decretado por el gobierno y apoyado por una mayoría amplia, incluyendo a Vox y al PP, en el Congreso. No le defraudó. 

El PP ahora ha comprendido que tiene que volver a una práctica del bipartidismo en el TC.  La Constitución no preveía que un partido de las características de Vox pudiera tener más de 50 diputados. Y con ellos puede presentar los recursos ante el TC.

Hasta ahora el bipartidismo implicaba que el principal partido de la oposición, que participaba en la alternancia en el poder ejercitaba una contención a la hora de recurrir las leyes, concentrándose en atacar aquellas con las cuales estaban ideológicamente en desacuerdo (aborto en el caso del PP, prisión permanente revisable en el del PSOE, por dar solo dos ejemplos), pero no todas. Vox lo recurre todo. Y el TC le da la razón en muchos casos. 

Esa acogida es peligrosa para el PP porque proyecta a Vox como la verdadera oposición. El PP se ve obligado a recurrir todo lo que recurre Vox, situación incómoda para una presunta oposición responsable, pero como recurren arrastrados por Vox siempre es Vox quien se lleva la victoria.

Candidatos de Casado

Ninguno de los magistrados del TC ha sido elegido, por así decir, por Casado, ya que proceden de otra etapa, de la época de Mariano Rajoy. La necesidad de una interlocución directa exige nombrar a dos candidatos propios. Hasta ahora se ha hablado de que esos candidatos podrían ser Enrique Arnaldo y de Nicolás González-Cuéllar. 

Cada vez que se elige una terna y se renueva el TC, según su ley orgánica, hay que hacer una votación para elegir al presidente. Y los candidatos salen del tercio cuyos mandatos vencen en julio de 2022_ Pedro González-Trevijano, Santiago Martínez Vares (conservadores) y Juan Antonio Xiol (progresista). La mayoría conservadora, pues, impondrá un presidente conservador hasta julio de 2022, fecha en la que el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tienen que nombrar a cuatro magistrados.

En las últimas semanas circula una alternativa: la de nombrar a Ricardo Enríquez, que no forma parte de la terna de magistrados de la que debería salir el nuevo presidente. La razón: a diferencia de los otros dos candidatos conservadores, González-Trevijano y Martínez Vares, cuyos mandatos terminan en julio de 2022, el de Enríquez, por haber sido elegido en 2017, vence en 2026.

Pero para que ello sea posible los dos magistrados conservadores apuntados, a los que asiste el derecho de ser los candidatos a presidir el TC, deberían renunciar.

Y ser presidente del TC aunque sea por algunos meses, tener el retrato en el edificio de la madrileña calle de Domenico Scarlatti, y gozar de las ventajas de ser expresidente son razones suficientes para no renunciar para satisfacer a un partido político. Aunque sea el PP el que lo pida.     

Y aunque Enriquez fuese elegido presidente en esta renovación en curso ello no supone una presidencia hasta 2026. Porque, como se ha apuntado, con cada renovación se debe votar al presidente. Por tanto, Enríquez tendría que pasar por otra prueba en julio de 2022 cuando serán renovados otros cuatro magistrados.