Caso Pegasus: frenado en Barcelona, acelerado en Madrid

Barcelona / MadridLos tribunales tendrán que ser los que diriman quién hay detrás del caso Pegasus, el espionaje a decenas de dirigentes independentistas, entre ellos el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y también de miembros del Gobierno español como el propio presidente Pedro Sánchez, pero las investigaciones avanzan a ritmo diferente. En Catalunya el juzgado de instrucción 32 de Barcelona parecía destinado a encabezar la gran macrocausa del Catalangate, pero las querellas de Òmnium Cultural, la ANC, ERC y la CUP han acabado dispersándose en cuatro juzgados diferentes, con el riesgo de que el caso acabe diluyéndose. En Madrid, en cambio, la Audiencia Nacional ha imprimido velocidad de crucero en la investigación por el espionaje en los móviles de Sánchez y también de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles.

En el mes y medio que el magistrado José Luis Calama lleva investigando el caso ha practicado el doble de diligencias que las que hizo el juez de Barcelona en los 19 meses que investigó el pirateo de los móviles del expresidente del Parlament Roger Torrent y el regidor de ERC en Barcelona Ernest Maragall, una causa que además archivó provisionalmente hace dos semanas ante el fracaso de las dos únicas pruebas que pidió: una petición de información a Israel, Bélgica e Irlanda que todavía espera respuesta y el análisis de los móviles, lo que no se puede hacer porque están formateados. En Madrid, en cambio, el juez no solo ha enviado una comisión rogatoria a Israel, sino que la ha ampliado y ya ha citado a declarar a tres testigos.

El juez Calama abrió la investigación al día siguiente de recibir la denuncia de la Abogacía del Estado. El magistrado analizó los teléfonos y, después de que el ejecutivo español hiciera público el informe del Centro Criptológico Nacional, el 11 de mayo amplió la causa e incluyó el espionaje en el móvil de Marlaska y el intento de entrada en el teléfono del ministro de Agricultura, Luis Planas. En poco más de un mes, el magistrado pidió la comisión rogatoria a Israel para que NSO, la empresa propietaria de Pegasus, informara sobre el software espía. Y el 7 de junio, además de levantar el secreto de las diligencias, anunció que él mismo encabezaría la delegación judicial que viajaría hasta Israel para interrogar al CEO de esta empresa. El magistrado también ha tomado declaración a la exdirectora del CNI Paz Esteban y al funcionario de este centro encargado de elaborar los informes del caso, mientras que el 5 de julio tendrá que declarar como testigo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como máximo responsable de la seguridad de la Moncloa.

Dispersión de querellas

En Barcelona la decisión del juzgado 32 de archivar la causa de Torrent y Maragall ha provocado la dispersión de las querellas de Òmnium, la ANC, ERC y la CUP en cuatro juzgados diferentes. Inicialmente, los jueces que recibieron las demandas las enviaron al 32, pero tanto el juez como la Fiscalía han rechazado acumularlas en una sola causa. La querella de Òmnium ha acabado en el juzgado 21, la de la CUP en el 22 y la de ERC y la del abogado Andreu van den Eynde en el 24. La única que continúa encima de la mesa del 32 es la de la ANC. La Fiscalía todavía tiene que valorar si se tiene que quedar en este juzgado o volver al 11, donde se había asignado originalmente.

La querella de la ANC es la única que no plantea ninguna responsabilidad de NSO, sino que se centra en los organismos del Estado que podrían haber encargado el espionaje. El resto señalaban a la empresa israelí, lo que hizo que la Fiscalía argumentara que no podían sumarse, al menos de momento, al caso de Torrent y Maragall, archivado precisamente por la falta de respuesta de Israel. Sin la información, el juez del 32 alega que ahora mismo no hay “ninguna base” para investigar a la compañía.

El abogado de la ANC, Antoni Abad, compara la decisión del juez barcelonés con la de Calama, que ha “seguido su camino” e irá a Israel él mismo. “Hoy en día se pueden hacer las cosas de muchas maneras, aunque hay una diferencia de medios importante entre los dos juzgados”, explica. Los abogados de ERC, Andreu van den Eynde, y la CUP y Òmnium, Benet Salellas, han pedido a los juzgados 24, 22 y 21 que aceleren las investigaciones. Salellas considera que se podrían sumar a la expedición de Calama o al menos incorporar el resultado. El penalista denuncia “la importante diferencia” de trato que “se está dando a las víctimas tuteladas por la Audiencia Nacional y las que han denunciado los hechos en juzgados de Barcelona” y recuerda que la ley no permite hacer una “gradación” entre las víctimas en función “del cargo que ostenten”. De hecho, los tres juzgados barceloneses parecen haber adoptado el ritmo del 32: en el mes y medio que hace que tienen las querellas encima de la mesa ni siquiera han decidido si las admiten a trámite.