La Comisión Europea admite "preocupación" por el uso de Pegasus pero da crédito a las explicaciones del Estado

MadridLa Comisión Europea admite "preocupación" por la facilidad con que se puede utilizar Pegasus y la vulneración de la privacidad que esta herramienta implica. Así lo ha admitido este martes la vicepresidenta de la institución y responsable de Valores y Transparencia, Vera Jourová, en una comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso de Diputados, en la cual ha hecho confianza a las explicaciones que España ha dado sobre el Catalangate. "Tenemos que ver si esta herramienta se ha utilizado de acuerdo con la ley del país. En el caso de España, si se utilizó con autorización judicial. Ayer [lunes] se me dijo en la oficina del Defensor del Pueblo que sí", ha asegurado sobre esta cuestión, después de ser interpelada por el diputado de Junts Josep Pagès. Ahora bien, ha dejado entrever que "quizá el análisis de esta situación no ha concluido".

Jourová ha reconocido que son las "autoridades estatales" responsables de la seguridad nacional las que tienen que encargarse de valorar si se ha hecho un uso correcto, y ha asumido que, por lo que se le ha trasladado, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) así lo ha hecho. La vicepresidenta europea ha dicho que Bruselas solo puede entrar en el uso que hagan empresas privadas. Más allá del Catalangate, ha explicado que ha tenido un debate con responsables sobre protección de datos por si Pegasus atenta contra la privacidad y ver si hay que hacer alguna modificación legal.

La excomisaria de Justicia de la Unión Europea está de visita en España y este martes se reunirá con la vicepresidenta primera del gobierno español, Nadia Calviño, y la ministra de Justicia, Pilar Llop. Una de las cuestiones que quiere abordar es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a las puertas de la publicación en el mes de julio del informe anual sobre el estado de derecho en los estados miembros. En su comparecencia, Jourová ha expresado preocupación por la situación de bloqueo del órgano de gobierno de los jueces y, a pesar de valorar los "esfuerzos políticos", ha reclamado "resultados". "En el informe expresaremos la preocupación que tenemos con el CGPJ español. No quiero meterme en el debate político, casi lucha, yo solo estoy advirtiendo que si la solución que se encuentra no es buena, esto puede conducir a una politización del CGPJ, cosa que sería grave", ha alertado.

Cambio en el modelo de elección del CGPJ

Jourová no ha escondido su apuesta por la tesis que defiende el PP en el modelo de elección del CGPJ: que los vocales provenientes de la carrera judicial sean elegidos "por sus homólogos", es decir, por los jueces y magistrados. "Son los jueces quienes tienen que elegir su órgano de gobierno y no los partidos", ha dicho, y ha señalado que esta es la vía para cumplir los estándares europeos, como hacen la mayoría de sistemas de elección en Europa. Con todo, ha admitido que no hay un único modelo válido para todas partes. Así, ha urgido a las formaciones políticas a desbloquear la situación y a encontrar una "solución estable a largo plazo y resistente a presiones políticas después de unas elecciones". "Los que han ganado se piensan que tienen un mandato para influir en el poder judicial y es un error", ha subrayado. Fuentes de la Moncloa apuntan que hay que analizar qué es lo que propone exactamente la Comisión Europea y aseveran que el modelo actual ya prevé que jueces y magistrados hagan una primera selección de los vocales susceptibles de ser escogidos vocales del CGPJ.

La vicepresidenta de la Comisión ha reconocido también que no tiene potestad sancionadora directa en caso de vulneración del estado de derecho por parte de los estados miembros, sino que hay que hacerlo a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este lunes el PP advirtió al gobierno español de las consecuencias que podría comportar renovar unilateralmente el Tribunal Constitucional con los dos magistrados propuestos por el gobierno sin esperar los dos que tiene que nombrar el CGPJ, que ahora tiene las funciones limitadas por el hecho de estar en funciones. La Moncloa evita confirmar si el ejecutivo hará este paso y centra su discurso en presionar al PP para renovar de una vez el CGPJ. En rueda de prensa, la portavoz del gobierno del Estado, Isabel Rodríguez, ha señalado que son ya 1.288 días con el mandato caducado y dos meses y medio "de incumplimiento de la Constitución" por parte de Alberto Núñez Feijóo desde que llegó a la presidencia de la formación conservadora.