La gobernabilidad del Estado

Puigdemont, sobre el acuerdo de inmigración: "Sin integración no hay nación"

El expresidente asegura que la "desconfianza" con el gobierno español ha disminuido, pero que hay que seguir avanzando en el cumplimiento del acuerdo de Bruselas

BarcelonaDespués de muchos tira y aflojas, Junts y el PSOE han cerrado un acuerdo para delegar competencias en materia de inmigración en la Generalitat, más allá de lo que ya prevé el Estatut. Y para darle trascendencia, Junts ha presentado el pacto de la forma más solemne: el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha sido el encargado de desgranar el entendimiento, junto al secretario general, Jordi Turull, y la jefa de filas en el Congreso, Míriam Nogueras. "Sin integración no hay nación", ha dicho el expresidente, al tiempo que ha remarcado también que "sin inmigración no hay progreso". Para Junts el acuerdo con el PSOE se trata de una "delegación integral de competencias", ya que "todo lo que tiene que ver con la vida de un extranjero que llega a Catalunya pasa por la Generalitat". Ahora bien, también admitió que será aplicando la normativa española, que es –ha explicitado– lo que prevé la legislación europea en materia de entradas y salidas de migrantes en el espacio de libre circulación. En el mismo sentido, también sacaron pecho que los Mossos a partir de ahora trabajarán en la frontera, pero reconociendo que debe haber coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado. "No va de si la Guardia Civil y la Policía Nacional pierden competencias, sino de ser eficaces", ha dicho Puigdemont.

Para los junteros, esta delegación de competencias son nuevas "herramientas" que dotarán a la Generalitat de mayor capacidad para abordar el fenómeno de la inmigración, que Puigdemont ha asegurado que no se puede hacer ver que no existe: "Negar la importancia del fenómeno es un obstáculo para trabajar por el país". A su juicio, hasta ahora la Generalitat no tenía la capacidad suficiente para afrontarlo –ha hablado de "desbordamiento" de los servicios públicos– y ha asegurado que se mostrarán "vigilantes" para que el gobierno catalán, del PSC en solitario, ejerza estas nuevas capacidades con diligencia, como por ejemplo la concesión de los permisos de residencia cumpliendo todos los requisitos que marca la ley.

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En este sentido, han augurado que en el Parlament de Catalunya también "se le gira trabajo", vislumbrando que Junts, desde la oposición, propondrá nueva legislación para desarrollar esta delegación de competencias. Deberá ser circunscribiéndose a los ámbitos en los que, de acuerdo con el Estatut, la Generalitat tiene capacidad de legislar, como educación, sanidad y lengua, así como la "capacidad normativa" que, según Nogueras, puede desplegar el Parlament en materia de extranjería.

¿Cómo afecta esto a las relaciones con el gobierno español? Para Puigdemont, a medida que se vaya cumpliendo el acuerdo de investidura, el llamado acuerdo de Bruselas, la legislatura irá avanzando, admitiendo que con el pacto sobre inmigración la "desconfianza con el gobierno español ha disminuido". Eso sí, ha dejado claro que el resto de carpetas están abiertas: ha mencionado la financiación, la ampliación del techo de gasto y el catalán en la Unión Europea. Es decir, partido a partido, también en el caso de presupuestos españoles. En cuanto al gobierno español, se mostró consciente de que se mantiene la "complejidad" de la legislatura, si bien transmitió optimismo tras un acuerdo que mejora la relación con Junts.

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El catalán, ¿requisito?

Uno de los puntos clave para Junts era que el catalán fuera un requisito para renovar el permiso de residencia. Así, con el acuerdo en la mano, Junts asegura que a partir de ahora la Generalitat podrá valorar el conocimiento de la lengua catalana como elemento indispensable. Aún así, no han aclarado hasta qué punto será de necesidad obligada, es decir, si se le puede denegar el permiso a alguien si no sabe catalán, teniendo en cuenta que la sentencia del Estatut dejó en un segundo nivel el deber de saber catalán respecto al castellano y que la Generalitat aplicará la normativa estatal en este ámbito. En todo caso, Puigdemont ha dejado clara cuál es su voluntad política: "El catalán es un elemento indispensable para la integración plena. Por tanto, no puede haber informe favorable de la Generalitat" sin el conocimiento de la lengua.

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En cuanto a la gestión de los centros de internamiento para extranjeros (CIE), Junts también ha abierto la puerta a replantearlos, ya que en Catalunya se había reclamado su cierre. "La situación es humanamente inaceptable. Da vergüenza", ha dicho, y ha asegurado que debe haber un cambio "integral" de estos centros.

¿Qué dice el Gobierno?

A la espera de que la reforma supere el trámite en las Cortes Generales, el Govern ya se prepara para asumir las nuevas competencias: este martes el consejo ejecutivo ha aprobado crear un grupo de trabajo liderado por la conselleria de Derechos sociales. También estarán representados los departamentos de Presidencia e Interior. En cualquier caso, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que el ejecutivo lo hará con "rigor" y "responsabilidad": "Cualquier avance competencial y mejora del autogobierno es siempre bienvenido", ha dicho durante un acto este martes.

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La ampliación adicional de 1.800 agentes a los 25.000 anunciados por el Govern hace una semana (se llegará, por tanto, a los 26.800) también obligará a la Generalitat a reorganizar el calendario. La consellera y portavoz del Govern, Silvia Paneque, enmarcó este acuerdo en la necesidad de acompañar el traspaso de competencias de recursos que permitan a la Generalitat asumir estas nuevas funciones, que lo hará con vocación de ser "tierra de acogida".