La consellera de Economía, Alícia Romero, ha anunciado que el Govern aprobará el próximo martes un primer paquete de medidas para paliar el impacto de la guerra en Oriente Medio. Serán medidas destinadas al tejido económico, a las familias y de impulso de las energías renovables, según ha explicado en rueda de prensa tras una cumbre en Palau para abordar precisamente las consecuencias de la guerra con los grupos parlamentarios, a excepción de Vox y Aliança.Romero, que no ha revelado cifras concretas de las medidas anunciadas, ha hablado de ayudas directas y vías de financiación a empresas de los sectores más afectados, como la agricultura, la pesca, el transporte y la movilidad, y también de posibles exenciones o rebajas en algunas tasas. En cuanto a la protección a las familias, ha dicho que "no habrá grandes medidas", sino que se abrirá una línea de ayudas que permita definir posteriormente a qué colectivos se destinan los fondos.
Rebaja del IVA a los combustibles y prórroga de los contratos de alquiler: el escudo social de Sánchez por la guerra
Los socios de gobierno han acordado dividir las medidas en dos decretos ley diferentes tras un choque inédito
MadridDespués de un encontronazo inédito con los ministros de Sumar por el plan de choque contra la guerra de Irán, el presidente español, Pedro Sánchez, ha comparecido este viernes en la Moncloa para explicar un nuevo escudo social que ha definido como el "más grande" de toda Europa. Tendrá dos patas: un paquete de rebajas de impuestos al combustible, el gas y la electricidad, y otro decreto ley sobre vivienda con la prórroga de los contratos de alquiler hasta dos años. Ha dicho que en total serán 80 medidas que costarán 5.000 millones de euros a las arcas públicas, básicamente por la bajada de la presión fiscal. "España está mejor preparada que otros países para hacer frente al shock energético derivado de la guerra ilegal de Irán", ha reivindicado en referencia a su apuesta estratégica por las renovables. Al mismo tiempo, Sánchez ha lamentado que ningún plan, "por muy ambicioso que sea", podrá "neutralizar todas las miserias" del conflicto y se ha mostrado "enfadado por la situación del mundo".
Sánchez ha comparecido dos horas más tarde de lo previsto por las discrepancias con Sumar. En un gesto insólito, los ministros capitaneados por Yolanda Díaz se han negado a entrar al consejo de ministros extraordinario como protesta por el hecho de que el decreto no incorporase medidas de vivienda, ya que están abocadas a fracasar en el Congreso por la oposición de Junts. Sumar se ha plantado hasta que Sánchez ha aceptado la prórroga de los contratos de alquiler. Cuando le han preguntado sobre esta cuestión, el presidente español ha quitado hierro al desacuerdo. "Es un cotilleo", ha dicho. "Hay consejos de ministros que duran más y otros que menos", ha añadido, y se ha limitado a decir que son el gobierno del "diálogo". Por su parte, Sumar ha asegurado que en ningún momento ha estado en peligro la coalición, y el ministro Ernest Urtasun ha dicho que es "lógico" que las negociaciones se alarguen cuando no hay acuerdo.
El contenido de los decretos ley
Reducción del 60% del precio de la electricidad
Un primer real decreto ley incluirá una reducción "drástica" de la fiscalidad energética, que implicará la reducción del 60% del precio de la electricidad. Por un lado, se rebajará hasta del 21 al 10% el IVA de la electricidad y el gas –también de pellets y leña–, y por otro, habrá la eliminación temporal del impuesto sobre la producción energética –que actualmente es del 7%– y la rebaja del 5,11 al 0,5% del impuesto especial. El IVA también disminuirá para la gasolina y el gasoil, lo que implicará la rebaja efectiva, según Moncloa, de unos 30 céntimos por litro cuando se llene el depósito. De cara al sector agroalimentario, habrá una ayuda directa extra de veinte céntimos por litro para la compra de combustibles y fertilizantes, y una bonificación del 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.
Ayudas para colectivos vulnerables
Paralelamente, se recuperan las ayudas a los suministros –se prorrogan hasta 2026– y se prohíbe cortar la electricidad por impago a los más vulnerables. Al mismo tiempo, "se aumentan los controles" de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia para que no haya empresas que se aprovechen de la situación para obtener más beneficios. Desde el punto de vista estructural, para profundizar en la "descarbonización" de la economía, Sánchez también ha anunciado "deducciones masivas" en el IRPF para la instalación de placas solares, bombas de calor y puntos de recarga, así como ayudas para mejorar la eficiencia energética de los edificios.
Todas estas medidas tienen números de pasar el filtro en el Congreso, ya que la reducción impositiva ya era una propuesta de Junts. Ahora bien, a última hora también se han incluido gravámenes a los márgenes empresariales por exigencia de Sumar, una medida que hay que ver si obtiene el aval de los juntaires y el PNB.
Vivienda
Sánchez ha anunciado, por otra parte, un segundo decreto ley que incluye la prórroga de los contratos de alquiler hasta 2027. El mismo presidente español ha admitido que no hay la mayoría parlamentaria para que salga adelante, pero ha asegurado que no por este motivo el ejecutivo renunciará ya de entrada a intentar aprobar las medidas. Ha sido precisamente la cuestión relacionada con la vivienda la que ha provocado el choque con Sumar. Finalmente han llegado al pacto de dividir el plan de choque en dos decretos ley diferentes para no abocarlo de entrada al fracaso todo entero. Mientras que el primero, menos conflictivo, se votará en el Congreso el próximo jueves, el segundo tardará más en llegar –tienen 30 días de margen– para tratar de convencer a los partidos que se oponen. Urtasun ha hecho un llamamiento a la "movilización".
Tal como explicaba ayer este diario, estaba claro que el plan de choque incluiría rebajas impositivas del IVA a carburantes y electricidad para contentar a Junts, pero los socialistas se resistían a incluir medidas que tuvieran que ver con la vivienda, como reclamaba Sumar, porque no reúnen el apoyo en la cámara. Tanto los juntaires como el PNB han advertido al PSOE que no avalarán la prórroga de los alquileres, que Sumar hace gala de haber aprobado. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha felicitado en Bluesky: "Para eso estamos en el gobierno", ha dicho. Y también lo ha hecho la titular de Sanidad, Mónica García, a pesar de que no tiene los votos asegurados en el Congreso.
Por otro lado, la Confederación de Sindicatos de Inquilinos cree que el paquete de medidas es “insuficiente” y reclama que se añada la congelación de los alquileres y se recupere la moratoria de los desahucios. A lo largo de la semana los socialistas ya habían dado señales de que priorizaban el consenso por encima de un decreto ley de máximos que cayera la semana que viene en la cámara española. Es decir, pretendían asegurarse el apoyo de la mayoría plurinacional con medidas mínimas y, en cambio, dejar de lado las que pudieran poner en peligro la aprobación del plan de choque. Con ello, también buscaban presionar al PP para que tuviera difícil justificar el voto en contra.
Sumar, en cambio, lo veía diferente: reclamaba aprovechar la ocasión para incorporar la prórroga de los alquileres que caducan este año y poner entre la espada y la pared a Junts y al PNB.
La prioridad del plan de choque
El gobierno español ha dado mucha importancia a la aprobación de este paquete de medidas, hasta el punto de que Pedro Sánchez ha justificado el retraso de la presentación de los presupuestos, prorrogados desde hace tres años, para priorizar este decreto ley para paliar los efectos de la guerra. Ahora bien, el tira y afloja dentro del gobierno sobre qué hacer, ha vuelto a situar en un atolladero a Sánchez, que este viernes ha mantenido que más adelante sí presentará las cuentas.
"Esto haría caer al gobierno de cualquier país democrático", ha tuiteado la portavoz en el Congreso del PP, Ester Muñoz. El secretario general popular, Miguel Tellado, ha ironizado que lo que ha pasado en la Moncloa es "digno de la casa de Gran Hermano" y ha reclamado la convocatoria inmediata de elecciones. Ahora bien, a pesar de avanzar que votarán en contra del decreto ley sobre vivienda, ha dicho que el otro lo analizarán "con profundidad", ya que incluye rebajas de impuestos que había propuesto el mismo PP.