El consejo de personal del Parlament acusa a la mesa de haber vulnerado la negociación colectiva al retirar las licencias por edad

BarcelonaLa exclusiva del ARA sobre el régimen especial denominado licencia por edad, por el que el Parlament paga aproximadamente 1,7 millones de euros anuales a funcionarios de más de 60 años que ya no trabajan, acabó forzando el 20 de enero una rectificación de la mesa. El órgano rector de la cámara, presidido por Laura Borràs, dio marcha atrás en la reforma que había aprobado a finales de 2021 y optó –ante la polémica– por eliminar definitivamente este complemento. Este martes, sin embargo, el consejo de personal del Parlament se ha rebelado contra esta decisión tomada de manera "unilateral". En un comunicado enviado por el Col·lectiu Ronda, denuncian una "vulneración del principio de negociación colectiva" por parte de la mesa y aseguran que estudian tomar acciones legales al respecto.

Tal como explica la organización de abogados laboralistas, el consejo de personal ha contactado con ellos para analizar si la manera de proceder de la mesa "se adecúa a la legalidad vigente" y valorar "qué condiciones legales hay a su alcance". Los trabajadores, asegura el escrito, expresan "perplejidad" y una "profunda indignación" por la decisión y consideran que se trata de defender sus derechos laborales "en esta y futuras negociaciones". "Entendemos la posición de la mesa para extinguir la licencia por edad, pero reclamamos que cualquier cuestión que afecte a los trabajadores se trate en una mesa de negociación", recalcan en el escrito.

De hecho, los trabajadores recuerdan que la reforma inicialmente prevista por Borràs se había negociado el pasado mes de diciembre con el "director de gobierno interior del Parlament" y fue aprobada por la misma mesa "de manera unánime", y consideran que se los ha "ninguneado" con el cambio de criterio del órgano.

"Afirmaciones que no se ajustan a la verdad"

El consejo de personal también lamenta que "nadie ha salido a desmentir algunas afirmaciones que no se ajustan a la verdad y que han puesto injustamente en entredicho la honorabilidad y el compromiso" de los trabajadores, aunque en el comunicado tampoco han concretado cuáles. En cuanto a la cooperativa jurídica, ha anunciado que estudiará los estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlament (ERGI) y el conjunto de la legislación vigente en materia de función pública. Con todo, señala de entrada que la "imposición unilateral" del cambio "no parece compatible" con el ordenamiento jurídico y recalca que "la negociación colectiva es una institución de capital importancia y lo que se ha hecho no es aceptable".

A su entender, ninguna acción que implique modificar las condiciones de los trabajadores puede "desarrollarse al margen de los principios de legalidad y seguridad jurídica, especialmente cuando estamos hablando de la primera institución del país". "¿Sería aceptable que una empresa cualquiera incumpliera sin justificación ni negociación previa lo que había acordado con su plantilla tan solo un mes antes?", se preguntan. "Evidentmente, no lo sería", responden.