Las contrataciones del Parlament que no se investigaron

BarcelonaLa secretaria general del Parlament, Esther Andreu, tuvo que dimitir después de que el Oficina Antifraude concluyera que tendría que haber comunicado su “conflicto de interés” en el proceso de selección de una bolsa de trabajo de ujieres en la cámara en la que participaba su hijo. Es la primera vez que Antifraude revisa un proceso de selección del Parlament, a pesar de que previamente ha habido dos casos más susceptibles de incurrir en conflicto de interés –de acuerdo con los parámetros establecidos por Antifraude– o quejas por no cumplir lo que dice el reglamento de personal del Parlament o las bases del concurso, tal como ha podido constatar el ARA.

Para evitar estas situaciones, Antifraude ha hecho al menos dos recomendaciones a la mesa de “carácter preventivo” que no se han impulsado: elaborar un protocolo para gestionar las situaciones de conflicto de interés en el ámbito de la administración parlamentaria y adoptar medidas para identificar “factores de riesgo” durante la tramitación de procedimientos. De hecho, ahora mismo no hay ningún código de conducta para los altos cargos de la administración parlamentaria, solo uno para los diputados.

Hasta ahora ha habido como mínimo dos procesos de selección que, a pesar de haber un posible conflicto de interés o desviarse de las bases del concurso, no fueron revisados por ningún organismo externo. El caso más reciente es de 2019, durante la presidencia de Roger Torrent, pero el ARA también ha tenido constancia a otro entre 2007 y 2008. La mesa presidida por Torrent convocó once plazas de ujier el 19 de junio de 2018, para las cuales se presentó la pareja de un letrado en activo –así lo denunció recientemente el exvicepresidente de la cámara Josep Costa en Ràdio 4–. A diferencia de Andreu, Antifraude no analizó el posible conflicto de interés. Pero no solo esto: en este caso también hubo otro paso dudoso que tampoco se investigó. Durante el procedimiento se ampliaron tres plazas más de ujier cuando ya se estaban acabando las pruebas –ya se habían hecho cuatro de cinco– y, por lo tanto, se podía calcular quién tenía más posibilidades de entrar.

Este hecho contradecía explícitamente las bases del concurso, publicadas el 19 de junio de 2018, y el reglamento de personal del Parlament, puesto que el artículo 53 dice que solo se pueden ampliar las plazas “entre la fecha de la convocatoria y la del inicio de las pruebas”. Es decir, que una vez ya se empiezan a saber las notas de las diversas evaluaciones ya no se puede modificar el número de plazas. La ampliación se hizo el 21 de marzo de 2019 con un acuerdo de mesa que salió adelante gracias a los votos del PSC y Cs, y la abstención de ERC. Costa y Eusebi Campdepadrós (Junts) votaron en contra diciendo que era una decisión “arbitraria e ilegal”, además de advertir en un voto particular que incluso se podía incurrir en eventuales responsabilidades jurídicas. El proceso, sin embargo, no se impugnó, ni se hizo ninguna investigación para saber a quién había beneficiado la controvertida ampliación de plazas. Entonces el secretario general y jefe de los servicios jurídicos era Xavier Muro.

Situación similar

Diez años antes ya había pasado algo similar. Durante la presidencia de Ernest Benach, el 8 de enero de 2007 se hizo una convocatoria de una plaza de letrado que se amplió a dos (es decir, al doble) cuando ya habían empezado las pruebas más importantes. Solo tres juristas se disputaban el lugar y solo uno quedó fuera. El tercer aspirante no recurrió, pero según varias fuentes lo “desincentivaron” para impugnar. En aquel momento Muro era secretario del tribunal e Imma Folchi era la secretaria general. Fuentes jurídicas consultadas argumentan que un cambio de plazas a medio proceso es una alteración significativa del concurso porque se afecta a la “libre concurrencia”, puesto que con más plazas quizás se habría presentado más gente. En este caso tampoco se investigó el procedimiento.