La crisis de Ceuta da alas al independentismo catalán y vasco con las competencias en inmigración
Bildu y el PNV se suman a Junts y trasladan la demanda directamente a Pedro Sánchez
MadridUno de los protagonistas secundarios de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones por la gestión de la crisis de Ceuta ha sido la reiterada demanda de Junts, Bildu y el PNV para que el gobierno español traspase a Cataluña y al País Vasco las competencias en inmigración. ERC no ha hecho ninguna referencia, pero también le da apoyo. Quien ha abierto la veda ha sido Miriam Nogueras: “Las queremos para que Cataluña deje de pagar las malas decisiones de los gobiernos españoles y empiece a hacer el trabajo que evidentemente no se ha hecho”, ha proclamado durante su intervención. Fue Junts quien en enero de 2024 situó esta reivindicación en la agenda política después de arrancarle al PSOE el compromiso a cambio de los tres primeros decretos de la legislatura. Tardó un año en materializarse negro sobre blanco, pero el veto de Podemos ha impedido que prospere.
Miriam Nogueras ha argumentado que Junts quiere las competencias para “hacer exactamente” lo que están haciendo el resto de países de la Unión Europea: “Controlar cuánta gente entra y por qué vías lo hace, garantizar integración, lengua, trabajo, valores y catalanidad, y ejecutar con rapidez las órdenes de expulsión”, ha dicho. Hace una semana Junts volvió a registrar la proposición de ley haciendo un guiño a Podemos cambiando el preámbulo que los morados consideraban “racista” para que no tuvieran “ninguna excusa” para votar en contra. Ahora bien, Podemos volvió a cerrar la puerta alegando que mantiene un “enfoque de control migratorio basado en la seguridad”. Pedro Sánchez ha hecho notar que el nuevo texto “excede alguno de los elementos” que acordaron el PSOE y Junts, pero ha anunciado que los socialistas votarán a favor en el primer examen parlamentario.
Tras la intervención de Nogueras, las portavoces de los dos partidos vascos han verbalizado la misma exigencia. Ahora bien, van unos pasos más atrás porque todavía no han llegado a ningún pacto con la Moncloa. La líder de Bildu en Madrid, Mertxe Aizpurua, ha reclamado la “capacidad” y las “herramientas necesarias” para poder hacer una “gestión integral” de la inmigración que no sea ir a remolque de las políticas que “decida el gobierno español de turno” y que les permita aplicar un “modelo vasco basado en los derechos humanos, la dignidad, la acogida y la integración”. “Los vascos podremos hacerlo mucho mejor”, ha reivindicado.
El PNV por su parte ha afirmado que quiere que Euskadi sea un “actor político activo con poder de decisión” y no un “mero actor pasivo” después de que la crisis de Ceuta haya “cambiado irremediablemente” la “percepción” de la migración: “Queremos participar de manera efectiva en la definición de la política migratoria que afecta a los vascos y que tiene consecuencia sobre nuestro pueblo”, ha verbalizado Maribel Vaquero, portavoz jeltzale en la cámara baja.
Una demanda que viene de lejos
Las peticiones del independentismo vasco no son nuevas. De hecho, los dos partidos lo incluían en los programas electorales del 23-J de 2023. Tanto es así que pocos días después del pacto entre el PSOE y Junts, el PNV avisó de que Euskadi iría detrás: “No estaría mal que, por una vez, en vez de ser el PNV el que abra las brechas en el muro de contención de Madrid y que los catalanes cojan las cosas que hemos conseguido, sea al revés”, dijo Aitor Esteban en enero de 2024. Hace dos años el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, también dijo que había que “recuperar” estas competencias: “Formamos parte de una nación que tiene su identidad nacional en riesgo”.
ERC no lo menciona, pero también está a favor
Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no hizo ninguna mención ni alusión a las competencias en inmigración. A pesar de ello, los republicanos están a favor: le dieron apoyo en septiembre de 2025 en el Congreso y también lo incorporaron al programa de las elecciones al Parlamento de 2024. “Nos debe permitir hacer mejores políticas públicas para garantizar la cohesión social, los derechos humanos y la construcción nacional del país”, argumentaba el documento. Ahora fuentes del grupo parlamentario insisten a este diario: “Siempre estaremos a favor de tener todas las competencias”.