El curso político en el Estado arranca bajo control judicial
Sánchez quiere tomar la iniciativa con un acto el lunes sobre el cambio climático, a la espera de novedades en los tribunales
MadridComo viene siendo habitual, Pedro Sánchez arranca el curso este lunes con un acto que tiene como objetivo tomar la iniciativa política. Ya lo hizo en el 2022 recibiendo a ciudadanos en la Moncloa y en el 2024 ante una amplia representación de la sociedad civil en el Instituto Cervantes de Madrid —en el 2023 se habían celebrado las elecciones y Alberto Núñez Feijóo quería intentar una investidura abocada al fracaso. Tras agotar las vacaciones estos últimos días, con una escapada privada a Andorra, el presidente español quiere tomar de nuevo el timón de una legislatura condicionada por la acción de los tribunales contra el ejecutivo del Estado. El viernes, la semana acabará con el tradicional acto de apertura del año judicial.
El control de la justicia sobre el transcurso de la política española no es nuevo —la sentencia del caso Gürtel acabó con Mariano Rajoy— pero nunca como causas judiciales en fase de instrucción habían contaminado tanto el día a día. El cerco en torno a Sánchez, con investigaciones abiertas contra su mujer, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es inaudito, aunque fue la imputación y encarcelamiento por corrupción del hasta hace poco mano derecha del líder del PSOE, Santos Cerdán, lo que redujo cualquier margen de maniobra de la Moncloa. La principal incógnita del nuevo curso es si el caso Koldo/Ábalos/Cerdán puede salpicar más allá.
La esperanza del PP es que esta causa hará caer a Sánchez tarde o temprano. Si no, si el presidente español lograra agotar la legislatura hasta el 2027, pagaría el descrédito en las urnas. De ahí que en Génova estén ya haciendo cálculos y avisen de que Feijóo necesitará una amplísima mayoría para conseguir la investidura. Su anhelo es obtener más escaños que toda la mayoría plurinacional junta para así no necesitar los votos afirmativos de Vox. El dirigente gallego también quiere realizar un acto solemne para la apertura del curso político y este domingo lo hará en la localidad de Cerdedo-Cotobade, en Pontevedra, tal y como ya hizo el año pasado.
Esta vez lo hará, sin embargo, con la crisis de los incendios todavía en marcha. Las comunidades autónomas más castigadas han sido Galicia, Castilla y León y Extremadura, todas ellas gobernadas por el PP, y la devastación que se ha producido ha puesto en cuestión la capacidad de gestión de los suyos varones territoriales. El castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco salió escaldado de su comparecencia en el Parlamento autonómico este viernes, después de que la oposición pusiera de manifiesto su actuación errática con los incendios. El PP, tal y como ya hizo Carlos Mazón con la DANA de la Comunidad Valenciana, ha echado balones fuera y ha seguido la estrategia de responsabilizar al gobierno español del desastre medioambiental, aunque las competencias en gestión forestal es de las comunidades autónomas.
Aún con los incendios activos, la formación conservadora ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para forzar la comparecencia de hasta cuatro ministros, que han intentado poner de manifiesto la incapacidad de los presidentes del PP de ejercer sus competencias autonómicas. Esto es especialmente relevante a las puertas de un nuevo ciclo electoral que empezará, precisamente, en marzo del 2026, con las elecciones en Castilla y León. Luego será el turno de Andalucía, donde se ha podido controlar mejor los incendios. La Moncloa intentará exprimir estas carpetas y, de hecho, Sánchez centrará el acto de apertura del curso político de este lunes en el cambio climático. El gobierno español se afanará por situar el foco en su acción de gobierno y, sobre todo, en los próximos meses, prevé poner el acento en la vivienda.
La agenda judicial
Sin embargo, ya se ha constatado que la agenda judicial ocupa el espacio mediático y el calendario en vano lleno. El fiscal general y el hermano de Sánchez ya están procesados y continúan las instrucciones del caso Begoña, el caso Cerdán y del de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, quien no hiere a la presidenta de la Comunidad de Madrid por mucho que el PSOE lo intente. Desde una mirada catalana, el 10 de noviembre empezará, en la Audiencia Nacional, el juicio por el caso Pujol, si bien el principal punto de interés serán las novedades judiciales en torno a la amnistía a los líderes del Proceso.
El Tribunal Constitucional decidirá este septiembre si admite la petición de Carles Puigdemont de levantar la orden de detención que el Tribunal Supremo mantiene contra el expresidente; un hipotético retorno también provocaría una fuerte sacudida a la política española. A lo largo del otoño, el TC resolverá también los recursos de condenados como Oriol Junqueras y Jordi Turull, que quieren poner fin a su inhabilitación. Además, en los próximos meses se espera la resolución sobre el catalán en la escuela y, de cara a fin de año, la renovación parcial del tribunal con la sustitución de cuatro magistrados, entre ellos el presidente, Cándido Conde-Pumpido.
En el ámbito estrictamente político, la resistencia de Sánchez también dependerá del grado de cumplimiento de los compromisos con sus socios. Ya ha prometido que presentará los presupuestos de cara a 2026 —antes debe aprobar un nuevo techo de gasto y nuevos objetivos de déficit y deuda—, pero Junts y ERC ya han puesto precio a su apoyo a unas eventuales cuentas. Principalmente, los socios independentistas reclaman avances en el traspaso de competencias en inmigración y en la singular financiación para Cataluña.