¿Quién debería entrar en la amnistía que negocian el PSOE y el independentismo?

BarcelonaA medida que pasan los días, va quedando más claro que si Pedro Sánchez logra ser investido con los votos del independentismo será porque antes se habrá acordado una amnistía. Ahora bien, ¿con qué alcance? ¿Qué causas deben entrar? Los soberanistas llevan tiempo discutiendo sobre cuál debe ser el perímetro y ese eventual acuerdo también debería encajar con las pretensiones de los socialistas. El consenso es absoluto cuando se habla de todo lo relacionado directamente con la organización del 9-N y del 1-O –y eso implica la causa del Tribunal Supremo, el papel de los alcaldes y de los altos cargos del Govern y la acción exterior investigada por el referéndum en el Tribunal de Cuentas–, pero todo el resto de carpetas judiciales están llenas de aristas. Algunas porque no hay consenso ni siquiera dentro del independentismo sobre si tienen que ver con el Procés y, por tanto, si pueden aspirar a ser amnistiadas; y otras porque están relacionadas con delitos ligados a la violencia o personas procesadas incluso por terrorismo, lo que implica una dificultad técnica importante.

Este perímetro formará parte de la negociación política teniendo en cuenta al menos dos cosas: que no se podrá hacer una lista de personas concretas –sería interpretado como una especie de indulto general prohibido en la Constitución– y que la última palabra la tendrá siempre el poder judicial, porque si los juzgados no aplican de oficio la ley de amnistía serán los afectados quienes deberán reclamarlo a sus respectivos tribunales. Todo dependerá, pues, de si su caso encaja con las condiciones de la amnistía, que debería incluir un período temporal y unos hechos concretos. A continuación enumeramos aquellas causas que generan más dudas.

Hasél y Valtònyc: los raperos condenados durante el Proceso

Pese a que no estén estrictamente ligados al Procés, los casos de Pablo Hasél, encarcelado desde el 2021, y de Valtónic, exiliado en Bruselas, ¿son susceptibles de formar parte de la amnistía? Ambos están encausados por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona por algunas de sus canciones. Oficialmente, ni Esquerra ni Junts se mojan sobre si deben beneficiarse. Ahora bien, en privado hay voces de peso en estos dos partidos que sí lo defienden. El senador de ERC Joan Queralt ha apuntado recientemente en una entrevista en VilaWeb la forma en que podrían incluirse: que sean considerados “delitos conexos” que se habrían cometido en el marco del Procés. La CUP sí defiende abiertamente la inclusión de los dos raperos, mientras que Òmnium, en el cómputo que ha elaborado de 1.432 represaliados, solamente se refiere de momento a quienes están “vinculados al ejercicio de la autodeterminación desde 2017”.

Los manifestantes encausados

Otra patata caliente son los manifestantes encausados por distintas movilizaciones. De hecho, ya hay siete jóvenes con sentencia firme que podrían entrar en prisión en los próximos meses si sus recursos no prosperan. La CUP ha defendido desde un principio su absolución y, por tanto, también reclama que ahora sean amnistiados, y Junts y ERC –pese a que algunos de ellos han sido acusados por la Generalitat– también abogan porque se beneficien con esta medida. En esta carpeta no solo están los investigados por las protestas postsentencia en la plaza Urquinaona, sino también la causa del Tsunami y la de los CDR detenidos en la operación Judas, imputados por terrorismo. ¿Cuál es el debate jurídico en estas causas? Que se pueda incluir precisamente en la amnistía el delito de terrorismo, por lo que una de las soluciones sería que la Fiscalía rebajara las acusaciones a desórdenes públicos. El expresidente Carles Puigdemont se ha referido este sábado, cuando se cumplen cuatro años de la Operación Judas, para advertir que "la única respuesta" que esperan del Estado es "el fin de la represión y la amnistía total".

La otra cara de la moneda son los agentes investigados por las cargas del 1-O: Sumar ha defendido que puedan ser amnistiados, así como algunos juristas. El independentismo es reacio a aceptar "la equiparación de víctimas y victimarios", pero hay voces que lo aceptarían en última instancia.

Volhov

Hay otra gama que se ubica en un terreno diferente. El caso Volhov es el paradigma: la operación del juez Joaquín Aguirre de otoño del año 2020 ha acabado siendo un cajón de sastre del que ha salido la causa del Tsunami y el caso que afecta al exconseller de ERC Xavier Vendrell por presunto tráfico de influencias. Los hechos por los que está acusado no están directamente vinculados con el Procés –en el punto de mira hay una recalificación de terrenos en Villa Bugatti–, pero desde el principio el independentismo ha situado la operación Volhov dentro de una "causa general" porque afectó al estado mayor del 1-O: no solo detuvieron a Vendrell, sino también a David Madí, Oriol Soler y Xavier Vinyals. También está Josep Lluís Alay, director de la oficina del expresidente Puigdemont, pendiente de ser juzgado: está acusado de malversación y prevaricación y se enfrenta a 3 años de cárcel y 7 de inhabilitación por hacer de observador en el referéndum de Nueva Caledonia, porque la Fiscalía considera que los gastos no debería haberlos pagado con fondos de la oficina.

La "policía patriótica"

Pero si hay una cuestión delicada en todo esto es la que tiene que ver con la llamada "policía patriótica" y el caso Pujol. Para varios dirigentes exconvergentes, la amnistía también debe incluir aquellos casos en los que las investigaciones se han visto "contaminadas" por la acción del excomisario José Manuel Villarejo o que se han "magnificado" a raíz de la llamada operación Cataluña. Una cuestión que no genera consenso ni dentro del soberanismo: pese a que desde la extinta CDC siempre se ha denunciado la "motivación política" que hay detrás de las causas que han afectado a exdirigentes del partido, tanto Esquerra como la CUP han evitado equiparar su caso al de los independentistas y le enmarcan en la corrupción.

Cas Borràs

Del mismo modo es cuestionado el caso de la expresidenta del Parlament Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de prisión por el caso de la Institució de les Lletres Catalanes. Ella siempre ha alegado "persecución política", pero ERC y CUP -y también Òmnium- han rechazado contarla como una represaliada del Procés. La líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, defendió que "obviamente" Borràs debía formar parte de la amnistía porque fue víctima de la "injusticia española", pero tampoco existe una opinión unánime dentro del partido.