La semana pasada, fue Más Madrid quien dio el paso. El diputado Hugo Martínez Abarca anunció que los servicios jurídicos del partido están preparando una denuncia por malversación: “Los madrileños no tienen por qué pagar el tren de vida a todo trapo de Isabel Díaz Ayuso”, justificó. Confió en que un juez “valore hasta qué altura llegan los hechos” y “vaya escalando hasta lo más alto” de la Comunidad de Madrid: “Es muy difícil que digan que no hay todos los indicios, como mínimo, para empezar a investigar”.
Denuncian la compra del ático de lujo para Ayuso: “Un daño cierto y evaluable”
Un abogado insta al Tribunal de Cuentas a investigar una "operación de ida y vuelta que no ha reportado ninguna utilidad"
MadridLa polémica compra –y posterior venta– de un ático de lujo en el barrio de Chamberí de Madrid ha llegado al Tribunal de Cuentas. La ha denunciado un abogado que, ante la “imposibilidad de acceder” a la documentación sobre esta operación, ha querido “poner en conocimiento” del órgano fiscalizador un “conjunto de hechos con apariencia de haber generado menoscabo a los caudales públicos”. El caso estalló la semana pasada, cuando El País reveló que la Comunidad de Madrid había comprado un ático de 485 metros cuadrados porque sirviera como “oficina temporal” para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante las obras en la sede del gobierno madrileño en la Puerta del Sol, a pesar de que no se tenía constancia. Pese a ello, 24 horas más tarde, el ejecutivo anunció que vendría el inmueble y que destinaría el dinero a la reconstrucción del incendio que ha asolado la sierra oeste.
“Adquirió con fondos públicos una vivienda de uso residencial por un importe millonario sin que constara en ninguno de los documentos que deberían acreditar que lo hizo para una finalidad pública”, denuncia Javier Flores. Es el mismo abogado que hace unos meses llevó a Fiscalía la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz, que estaba bajo sospecha por rechazar pacientes para alargar las listas de espera y aumentar los beneficios. El documento, al cual ha tenido acceso el ARA, señala que Planifica Madrid –la empresa pública que compró el ático– obvió los controles previos obligatorios a la hora de adquirir el inmueble y comprometió los costes con una vía que “impedía conocerlos y fiscalizarlos con anterioridad”.
Tres meses y medio después, “sin haberlo destinado a ningún uso”, lo vendió: “El patrimonio público ha soportado íntegramente los costes irreversibles de una operación de ida y vuelta que no ha reportado ninguna utilidad”, remacha la denuncia. Asimismo, argumenta que el objeto del escrito es inspeccionar este “mal cierto y evaluable” y no la “intención” que tuvieran quienes decidieron comprar el ático. El abogado “no imputa” la comisión de una infracción determinada a ninguna persona, sino que “solicita únicamente” que sea el Tribunal de Cuentas quien recopile los documentos y determine “si concurre responsabilidad contable”.
¿Qué reclama el abogado?
Concretamente, Javier Flores quiere saber si hubo una “memoria justificativa de la necesidad y expediente” de las obras que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso invocó como causa de la compra. De hecho, duda que las obras realmente existieran: “No se ha localizado ninguna licitación referida a las obras, ni se ha hecho pública la fecha estimada de inicio de los trabajos”, subraya. La inexistencia de las obras tendría una “relevancia de primer orden”, dado que “privaría la operación de causa suficiente”.
En segundo lugar, reclama conocer qué precio se pagó, si existió una “valoración técnica” que acreditase que se correspondía con el mercado y de dónde procedían los recursos que se utilizaron para comprarlo. Además, también pregunta “qué costes irreversibles” ha generado la operación al patrimonio público.