"El derecho al error": la ley que pretende revolucionar la administración pública

BarcelonaSi una persona comete un error ante la administración, tendrá derecho a rectificar siempre que se haya cometido de forma "no fraudulenta". le ha querido ampliar también a la ciudadanía. De esta manera, si una persona demuestra que ha cometido un error involuntario, podrá rectificarlo y evitar sanciones. públicos y sólo lo serán por acciones u omisiones "realizadas con luto, culpa o negligencia grave". La administración, pues, no castigará al funcionario que haya actuado con "la diligencia debida, de buena fe y sin fraude". no pueda reclamar prestaciones "vinculadas a las necesidades esenciales de subsistencia" que se hayan otorgado por error por "no perjudicar a los ciudadanos y ciudadanas que forman parte de colectivos vulnerables". reclamación de miles de euros por pagos indebidos de prestaciones sociales. Hace unos meses, el Gobierno aprobó ya una amnistía para los beneficiarios de la renta garantizada y ahora está pendiente qué hacer con los cientos de jóvenes extutelados que han recibido carta para devolver parte de la ayuda y, por lo que la consejería de Derechos Sociales ya se ha disculpado.

En una atención a los medios desde Palau, recogida por el ACN, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha destacado que la reforma servirá para evitar el "colapso". "No hay derecho a que cuando la administración se equivoca persiga al ciudadano víctima del error", ha argumentado. Dalmau ha subrayado que el camino de las modificaciones es "complejo", pero que permitirá mejorar la cohesión social, la garantía de derechos y la prosperidad económica.

Durante la rueda de prensa, en la sala Torres Garcia de Palau, Dalmau reiteró que el paso es "muy importante" para enviar un mensaje de "confianza" entre la administración y la ciudadanía. La introducción de los cambios, ha dicho el conseller, son "sustanciales" para tratar a la gente como "adulta". Además, Dalmau ha aseverado que es necesario reconocer el derecho a no ser perjudicado por errores de la propia administración.

La cita previa y unos servicios proactivos

El Gobierno ya anunció la supresión de la cita previa obligatoria en su reforma, pero ahora el ejecutivo ha pactado con los dos socios de investidura incluirla en la ley que tramitará el Parlament, lo que hará que esto se aplique a todas las administraciones públicas de Catalunya.

Por otro lado, el acuerdo también incluye caminar hacia unos servicios públicos "proactivos y personalizados". Esto debería traducirse en que sea la propia administración la que "sugiera" trámites, prestaciones y servicios relacionados con las necesidades vitales de cada persona. El objetivo es revertir el paradigma de una administración "reactiva" y que pueda "acompañar" a la ciudadanía en sus trámites y que tenga información sobre qué derechos tiene y de qué servicios se puede beneficiar. Cada persona, eso sí, debería dar el consentimiento para que hicieran uso de sus datos personales para que la administración le pueda sugerir trámites si tiene un hijo, debe tramitar el paro o está jubilado. Con un servicio proactivo, la ciudadanía no debería repetir trámites o aportar más de una vez la misma documentación, además de tener al alcance nuevas prestaciones que quizá desconocía.

Por último, el Gobierno se compromete a utilizar un lenguaje más "llano, comprensible y accesible" en todos los trámites e informaciones administrativas. Se quiere evitar así el lenguaje "excesivamente técnico o jurídico". El objetivo del ejecutivo es tramitar esta reforma por lectura única, prescindiendo de todos los trámites de un proceso legislativo ordinario y que pueda quedar aprobada al inicio del próximo período de sesiones, es decir, en otoño.