El despacho fundado por Montoro también ofreció sus servicios a la Generalitat

Barcelona / MadridJusto se habían celebrado las elecciones españolas y el PP iba a aterrizar de nuevo en la Moncloa, cuando el futuro jefe de gabinete de Cristóbal Montoro, Felipe Martínez Rico, concertó un encuentro con cargos intermedios del gobierno de la Generalitat. En aquella época estaba Artur Mas en la presidencia –hacía poco más de un año que había llegado al Palau y la crisis económica ya era galopante– y Martínez Rico aprovechó los contactos que tenía en el equipo económico del gobierno catalán para ofrecerles los servicios de Equipo Económico (EE). Según diversas fuentes consultadas por el ARA, el ofrecimiento no se concretó en un servicio concreto, pero se entendió de la conversación que contratando el despacho fundado por Montoro, la relación con el futuro gobierno del PP fluiría mejor. Martínez Rico, que en ese contacto llevaba el sombrero de Equipo Económico, ya sabía que iría a parar a Hacienda y al equipo del ministro, que también estaba claro en ese momento que sería Montoro. El departamento de Economia pilotado en ese momento por el conseller Andreu Mas-Colell declinó su contratación.

Hay que tener en cuenta el contexto: era un momento en el que en Catalunya CiU se había apoyado en el PP de Alicia Sánchez-Camacho en los primeros meses de legislatura, en el que los recortes presupuestarios fueron la tónica más dominante. "Al principio nos festejaban", constata una fuente de la época, una relación que se enrareció al máximo por las tensiones de tesorería que tenía la Generalitat y cómo el entonces ministro Montoro gestionaba los anticipos, es decir, cuando él decidía cuál era el momento de traspasar recursos. Posteriormente, la interlocución fue aún más difícil, a raíz de la reacción del PP ante la apuesta independentista de Artur Mas.

Del sumario se desprende que el 'modus operandi' de Equipo Económico era moverse en torno al ministerio de Hacienda, ofreciendo servicios tanto a empresas como a administraciones. Aunque el foco de la causa son los pagos del ámbito privado, en la instrucción también consta que EE facturó con varias entidades públicas, mayoritariamente gobernadas por el PP. Entre ellas, estaba la misma Xunta durante la presidencia de Alberto Nuñez Feijóo, por valor de 172.838 euros, pero también la Comunidad de Madrid, que es la autonomía que más ha trabajado con el despacho fundado por Montoro, con una facturación de 314.360 euros, según el sumario. Las Islas Canarias, durante el gobierno de Coalición Canaria (CC), le realizó un pago de 97.500 euros. Con menores cantidades, les siguen La Rioja (39.544,4 euros), Castilla y León (21.240 euros) y Murcia (21.181 euros). También se encuentra el consistorio de Madrid con 41.760 euros y Alcobendas, 12.000 euros. La Diputación de Lugo, en manos del PSOE, realizó un pago de 34.220 euros.

De la causa, a la que ha tenido acceso el ARA, no se desprenden los motivos por los que hubo estas contrataciones, de hecho tampoco especifica el año concreto, sino el periodo: entre 2008 y 2019 según un informe de la Agencia Tributaria aportada a la causa, que hace un listado de los pagadores.

En el caso del gobierno catalán, según las fuentes consultadas, tampoco quedó claro qué servicios de Equipo Económico podían resultar útiles para la Generalitat. Sí se les entregó un libro como baza de presentación sobre la evolución de la economía española. El contacto se produjo, según las mismas fuentes, porque Felipe Martínez Rico era ya un conocido de los cargos de la conselleria de Economia.

Contactos de la época de Aznar

Tanto Felipe Martínez Rico, como su hermano, Ricardo Martínez Rico, que cuando Montoro dio el salto al gobierno español le sustituyó al frente de Equipo Económico, habían estado en el gobierno de José María Aznar, con quien el último gobierno de Jordi Pujol negoció un acuerdo de financiación económica. De ese tiempo, los hermanos Martínez Rico tenían contactos en el gobierno catalán que intentaron aprovechar sin éxito para promocionar Equipo Económico. Un movimiento que cuadra con la hipótesis que tanto los Mossos como el juez instructor de Tarragona, Rubén Rus, han mantenido durante la instrucción: que había un íntimo vínculo entre el despacho fundado por Montoro y todo el equipo que posteriormente aterrizó en el ministerio de Hacienda.

Los cargos del gobierno de la Generalitat que vivieron ese episodio con EE se lo guardaron en un cajón sin saber en qué consistía exactamente aquella colaboración que les proponían. Una colaboración que les pareció "extraña". Sin embargo, con el estallido de la causa todo ha tomado sentido.

La investigación de los Mossos

La instrucción del juzgado de Tarragona, pilotada por los Mossos d'Esquadra, gira en torno a los pagos que diversos sectores empresariales y también administraciones realizaban en Equipo Económico. La sospecha de los investigadores es que Montoro no se desvinculó verdaderamente de su despacho y que el dinero que facturaban enriquecería al exministro ya sus socios a través de empresas pantalla.

La investigación constata al menos dos modificaciones normativas tras la contratación de Equipo Económico por parte del sector gasista que comportaron beneficios fiscales para este ramo de empresas: una exención del 85% del impuesto eléctrico y también una rebaja del impuesto de actividades económicas. Pero la policía catalana también constató que hubo contactos simulando la misma secuencia con empresas de renovables, del juego y tabaqueras. Lo que se ha quedado fuera de la investigación, pese a la insistencia de los afectados como los exdirigentes del PP Rodrigo Rato y Esperanza Aguirre, es la filtración de datos fiscales por parte de Montoro. El juez del caso no ve delito.