¿Detener a Puigdemont o amnistiarlo? El dilema del PSOE

BarcelonaPreguntado por la detención frustrada del expresidente Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistido en un solo mensaje: la necesidad de aplicar la ley de amnistía, a la que de momento jueces como Pablo Larena se niegan. Han sido numerosas las veces que el Govern ha sido interpelado por esta cuestión y no se ha metido en ningún lío, ni el presidente ni la portavoz del ejecutivo, Silvia Paneque. Ahora bien, la posición cambia cuando se pregunta al gobierno español.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este jueves que "a todos nos habría encantado que hubiera sido detenido como procedía", haciendo referencia a Puigdemont. De hecho, para él es una "prioridad" hacerlo, aunque sea su gobierno el que haya aceptado amnistiarle a él y al resto de personas con procedimientos judiciales derivados del Proceso. Unas palabras que indignaron al secretario general de Junts, tal y como ha expresado este viernes en los micrófonos de SER Catalunya. Marlaska no es lo único que opina así. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha salido de la línea en varias ocasiones últimamente haciendo referencias frecuentadas a "la fuga en maletero" de Puigdemont en otoño del 2017.

Y aún se ha añadido el ministro de Transportes , Óscar Puente, que no solo culpó a los Mossos, como Marlaska, del fracaso del dispositivo para detener a Puigdemont, sino que dijo que el regreso del líder de Junts "no es más que ruido" y aseguró que le perjudicaba como político . Y eso que también acusó al Tribunal Supremo de "extralimitarse" no aplicando la amnistía, en la línea oficial que ha intentado marcar al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

En todo caso, las declaraciones de Marlaska, Robles y, en cierto modo, Puente, chocan con la estrategia general de defender la amnistía que tienen Sánchez y su gobierno, expresando que "todos los independentistas" deben ser amnistiados y quejándose por el rechazo de algunos tribunales a aplicar la ley. Una posición que refleja la portavoz del gobierno estatal, Pilar Alegría, que ha ido defendiendo que "el texto de la ley de amnistía es absolutamente claro", al igual que "la voluntad del legislador", unas palabras que han repetido el propio Sánchez y la vicepresidenta primera española, María Jesús Montero, que evitó entrar a valorar el regreso fugaz para recalcar que siguen relacionándose "con absoluta normalidad con Junts".

Compromiso del PSC

Ahora bien, afirmaciones como las de Marlaska chocan de lleno con los objetivos y las formas que ha expresado el Gobierno de Isla: "Soy partidario de que se cumpla la ley de amnistía y es lo que dije en mi intervención ese día [ el del lleno de investidura]", aseguró en TV3. Y añadió que pedía al ámbito judicial que respetara "la esfera de decisión del ámbito legislativo": "El Congreso puede agradar más o menos, pido que se respete desde el ámbito judicial que el poder legislativo ha hecho una ley nítida y explícita", remachó, exigiendo que se hiciera "sin subterfugios". Y es lo mismo que expresó Paneque en la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo tras el regreso fugaz de Puigdemont: "Compromiso absoluto de este gobierno y su presidente con la aplicación de la ley de amnistía. Es una herramienta fundamental para la recuperación de la normalidad y la convivencia en Catalunya", defendió.