El día que los catalanes confiaron su futuro al Estatuto

BarcelonaUn 18 de junio como hoy, pero de hace veinte años, Cataluña votaba el Estatuto en referéndum. Sin muchas colas —solo participaron el 49% de los catalanes con derecho a voto—, pero con una amplia mayoría del 73,9% —el 20,76% votó en contra y el 5,34% en blanco—, quedaba refrendada la norma básica del país, ya recortada respecto a su nacimiento en el Parlament y que aún habría de recibir un golpe duro cuatro años después en el Tribunal Constitucional.

La sensación aquel día era agridulce, porque se votaba un texto que no era exactamente el que había validado la cámara catalana en septiembre de 2005 con 120 votos a favor, los de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA. ¿Qué había cambiado?

"Cataluña es una nación", decía el artículo primero del Estatuto de 2005. El tripartito y CiU habían llegado a un acuerdo para situar una reivindicación histórica del catalanismo en el articulado y darle validez jurídica. El acuerdo, sin embargo, tenía todos los números de topar con el muro del Estado. Y así fue. "El Parlament de Catalunya, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Catalunya, ha definido de forma ampliamente mayoritaria Catalunya como nación. La Constitución española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Catalunya como nacionalidad", acabó diciendo el preámbulo del Estatuto de 2006 —que después el Tribunal Constitucional también tumbó.

El reconocimiento de Catalunya como nación había pasado al preámbulo y, por tanto, dejaba de tener valor jurídico. Además, en el artículo primero se había cambiado "nación" por "nacionalidad", tal como se reconoce Catalunya en la Constitución. Este fue el punto de acuerdo al que llegaron el expresidente catalán y exlíder de CiU Artur Mas, y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, en la reunión del 21 de enero de 2006 en la Moncloa. "Él [Zapatero] no quería que "nación apareciera y le dije que yo no podía renunciar a que en este Estatuto se definiera Catalunya como nación", recuerda Mas en conversación con el ARA: "La manera fue ponerlo en el preámbulo con la fórmula que las cortes españolas aceptaban la definición que hacía el Parlament".

En el Estado, cualquier paso que intentara ir más allá de lo que marcaba la Constitución era difícil de digerir y topaba con la oposición frontal del bipartidismo y de los poderes fácticos. De hecho, Zapatero de seguida se había retractado de la promesa que hizo durante la campaña de las elecciones catalanas del 2003. "Apoyaré el Estatut que apruebe el Parlament de Catalunya", proclamó en un mitin del PSC en el Palau Sant Jordi. Lo corrobora Mas: "Zapatero me dijo que no podría asumir algo tan ambicioso", recuerda, en referencia al Estatut aprobado por el Parlament. El expresidente de la Generalitat José Montilla, una de las personas que estuvieron en el proceso negociador de aquel Estatut, tenía claro que después de la aprobación del texto del 2005 habría que negociar con Madrid: "Ya sabíamos que tendríamos que pactar determinados aspectos del proyecto".

A partir de aquí, se abrió una negociación con el objetivo de que ninguno de los partidos que habían votado el Estatut en el Parlament bajara del barco. Y menos aún el principal partido de la oposición, CiU. "Zapatero me dijo que o pactaba con nosotros, o no había Estatut", rememora Mas. Montilla entendía que sin CiU el Estatut perdía legitimidad, pero también es crítico con el papel que jugó la federación nacionalista. "Había partidos que levantaban el listón constantemente para ver si conseguían romper el gobierno", dice en referencia al ejecutivo que presidía en ese momento Pasqual Maragall.

El consorcio tributario

Todo ello, sin embargo, se desbloqueó en la reunión maratoniana del 21 de enero entre Zapatero y Mas. "Fue larga y compleja —recuerda Mas—. Muchas de las cosas las redactamos él y yo". Allí, además del concepto nación, una de las cuestiones que también se desencallaron fue cómo quedaría la Hacienda catalana. El PSOE rechazaba el planteamiento del texto surgido del Parlament, en el que la Agencia Tributaria de Cataluña debía tener la potestad en "la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña". "No teníamos el amparo de régimen foral que hay en la Constitución", recuerda Montilla. El pacto acabó pasando por lo que actualmente establece el Estatuto: un consorcio con la participación paritaria de la Hacienda catalana y la estatal. "El consorcio podrá transformarse en la administración tributaria en Cataluña", sentenciaba el texto del 2006. Este consorcio no se ha acabado desarrollando nunca.

Tampoco se mantuvo la "capacidad normativa" que la Generalitat podía tener sobre "todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña, en el marco de las competencias del Estado y de la Unión Europea" que preveía el Estatuto del 2005. Ahora bien, Mas y Zapatero sí que acordaron la cesión a la Generalitat —y al resto de autonomías con el nuevo modelo de financiación— del 50% del IRPF y el IVA, y del 58% de los impuestos especiales. Además, también pactaron que durante siete años consecutivos el Estado invirtiera en infraestructuras el equivalente al peso del PIB catalán. Es lo que se situó en la ya conocida disposición adicional tercera del Estatuto, que solo se cumplió el primer año.

ERC sale del consenso estatutario

"Aquel proceso fue frustrante", apunta, a su vez, el exconsejero de ERC Joan Puigcercós. De hecho, hubo una cuestión que critica que no se revirtiera: la posibilidad de excluir aeropuertos catalanes de la declaración de interés general para que la Generalitat pudiera tener la gestión. Después del sí de CiU, el PSOE también quería convencer a uno de los socios del gobierno tripartito en Cataluña, ERC. El expresidente español llamó a Puigcercós para citarlo a un encuentro en la Moncloa al día siguiente de la reunión con Mas. "Me dejó claro que de aquel acuerdo [el firmado con Mas] no se podía tocar nada. «¿A qué venimos, pues?»", le preguntó el exconsejero republicano. Pese al desencanto, Puigcercós y Josep Lluís Carod-Rovira fueron a comer a la Moncloa con Zapatero, pero el encuentro no fue bien. La prueba es que ERC acabó saliendo del consenso estatutario. Y lo hizo después de un debate interno intenso: Carod-Rovira defendía el sí al referéndum, Puigcercós optaba por la abstención, pero las bases forzaron al partido a decantarse por el no.

De esta manera, ERC también pidió votar en contra del Estatut, igual que el PP, pero por motivos bien diferentes. La participación en aquel referéndum no llegó al 50%, pero para Montilla esto "no devalúa el resultado". Mas atribuye la baja participación a la "frustración por las expectativas" generadas por los socialistas, especialmente por la promesa que había hecho el mismo Zapatero. Sea como sea, el texto acabó validado en las urnas después de meses de negociaciones y en medio de una cruzada del PP para hacer descarrilar el proceso, con recogida de firmas incluida. Después de aquel referéndum, los populares todavía harían un paso más y llevarían el texto al Tribunal Constitucional. El periplo del Estatut apenas acababa de empezar.